En la audiencia de argumentos, varios jueces recordaron al gobierno que el Censo siempre ha incluido a las personas que habitan en EEUU, independientemente de su estatus legal, y pusieron en duda que la exclusión que pretende hacer Trump de los indocumentados pueda concretarse.

Los jueces conservadores de la Corte Suprema parecieron renuentes a fallar de inmediato para bloquear el plan del gobierno del presidente Donald Trump que pide excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo del censo decenal que sirve para asignar fondos federales y redistribuir distritos a la Cámara Baja del Congreso.

Los conservadores del máximo tribunal, que tienen una mayoría de seis a tres sobre los considerados liberales, parecieron indicar que tal dictamen podría ser prematuro debido a que el gobierno de Trump no sabe cómo o si podrá implementar el plan presidencial, reportó la agencia de noticias Reuters sobre la audiencia para escuchar los argumentos del caso que se realizó este lunes.

Los demandantes, incluyendo Nueva York y otros estados, así como municipalidades, condados y organizaciones pro-derechos de inmigrantes, han dicho que el plan de Trump restaría poder político a estados con grandes poblaciones de indocumentados como California.

El abogado general del gobierno, Jeffrey Wall, dijo a los jueces que es “bastante poco probable” que el gobierno llegue a tener la data requerida para excluir a todos los inmigrantes indocumentados. En vez de eso, agregó, podría proponer excluir ciertos grupos de indocumentados, como los que están en centros de detención, y las cifras totales tal vez no sean lo suficientemente altas como para alterar la redistribución de distritos del Congreso.

En base a esto, los jueces sopesaron sobre si es prematuro que la corte falle ahora, cuando no se sabe con certeza si el gobierno podrá implementar su plan.

El juez Samuel Alito, al cuestionar a Wall, dijo que le parecía “una tarea monumental” que el gobierno trate de excluir a los 11 millones de indocumentados que viven en el país.

“Yo pensaría que ustedes no podrían decir si eso sigue siendo una posibilidad realista en este momento”, dijo Alito.

Barrett le dijo a Wall que las evidencias históricas y la práctica que el gobierno mantiene desde hace mucho tiempo “realmente socavan tu postura”. La jueza nominada por Trump también cuestionó a Wall el argumento del gobierno de que un indocumentado no puede ser considerado residente para propósitos de la redistribución de distritos del Congreso.

Varias cortes han fallado ya en contra de la pretención del gobierno, indicando que va en contra de la tradición de los conteos decenales y hasta de las normas que rigen el Censo.

Cuestión de representación

La redistribución de distritos de la Cámara de Representantes está basada en la población de los estados según los resultados del censo que se realiza cada 10 años. La distribución de distritos del Congreso en todo el país es ajustada según los cambios demográficos en los estados que indican los censos.

California, Florida y Texas perderían un distrito del Congreso, o sea un puesto en la Cámara Baja, mientras que Alabama, Minnesota y Ohio mantendrían un distrito debido a las fluctuaciones demográficas, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. Otros pronósticos también indican que Arizona perdería un puesto en el Congreso, mientras que Montana ganaría uno, reportó NBC News.

Los resultados del censo también son usados para calcular la distribución de fondos a gobiernos locales a través de programas federales.

Hasta ahora, el gobierno ha contado a todas las personas en el censo, independientemente de su estatus migratorio. La Constitución del país requiere que la redistribución de distritos del Congreso esté basada en “el número total de personas en cada estado”.

Los demandantes han argumentado que la política de Trump quebranta la Constitución y la Ley del Censo, que establece cómo se debe de realizar el conteo federal. Los abogados del gobierno, por su parte, han dicho que el presidente actuó dentro de su capacidad y que los demandantes carecen de mérito legal para presentar el caso.

Censo contra reloj

Según el plan de Trump, la Oficina del Centro le entregaría dos reportes, uno incluyendo a todos los censados y otro que le permita al presidente excluir a los indocumentados. Trump luego reportaría la cifra menor al Congreso para la redistribución de distritos del Congreso.

La Oficina del Censo dijo hace poco que no podría entregar su reporte para la fecha límite del 31 de diciembre y que lo más pronto que lo podría presentar sería el 26 de enero, una semana después de que Trump deje el poder.

Eso quiere decir que el proceso de redistribución de distritos ocurriría bajo el gobierno del presidente electo Joe Biden, quien ha rechazado el plan de Trump diciendo que “en Estados Unidos todos cuentan”.

Algunos jueces insinuaron esperar hasta que la Oficina del Censo presente su informe a la Casa Blanca, Trump entregue al Congreso la data demográfica a ser usada para la redistribución o después debido a que desestimar la demanda actual al plan dejaría abierta la posibilidad de apelaciones si el gobierno decidiera excluir ciertos grupos de inmigrantes del conteo.

“No sabemos cuántos indocumentados serán excluidos, no sabemos cuales serán los efectos de eso en la redistribución de distrito. Todas estas preguntas se disiparían si esperamos hasta que ocurra la redistribución . ¿Por qué no se nos aconseja mejor hacer esto?”, dijo el presidente del máximo tribunal John Roberts.