Los voceros del gobierno de Trump promocionan cifras de detenciones y arrestos que se cuentan por miles. Su campaña también se mueve en las cortes, donde buscan afectar a una población mucho mayor: son personas con estatus legal, que trabajan y han contado con la aprobación de las autoridades de EEUU, y a las que ahora quieren expulsar.
Desde febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump suma cada mes más deportaciones y detenciones en su avanzada: pasó de 11,500 personas removidas en enero a 19,558 hasta finales de mayo de 2025, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pero esa no es la única cifra que puede crecer. Con sus políticas, también provocará el crecimiento de la población indocumentada al dejar sin estatus al menos a 600,000 personas que han vivido legalmente en Estados Unidos durante al menos dos años.
Con órdenes ejecutivas, en tribunales o hasta en la Corte Suprema. El gobierno y sus abogados argumentan —sin haber convencido a todos los jueces— sobre el supuesto daño que causan a EEUU beneficios migratorios como los Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos, o el ‘parole’ humanitario CHNV, que protege por dos años —desde su llegada a EEUU— a ciudadanos procedentes de esos países pero también de Cuba y Nicaragua. Casi todas, naciones convulsionadas por las crisis políticas, económicas y sociales creadas por sus gobiernos.
Entre los beneficiarios del TPS de Haití y Venezuela suman casi 600,000 personas, según una estimación de Univision Noticias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que más 530,000 personas fueron beneficiarios del ‘parole’ CHNV hasta el 30 de mayo de 2025. Sin embargo, muchos de ellos ya han optado por otros estatus. En ambos casos, se trata de inmigrantes que han vivido en Estados Unidos con un estatus migratorio temporal aprobado tras ser expuestos a estrictos chequeos biométricos y de seguridad por parte de las autoridades.
Es decir, el gobierno de Trump tiene pleno conocimiento sobre sus datos: de la dirección de sus casas y trabajos, sus antecedentes criminales y hasta de la información detallada de sus casos migratorios, pues ellos mismos los aprobaron. En el caso de los beneficiarios del ‘parole’ CHNV incluso tienen la información de los familiares o conocidos que les sirvieron como patrocinadores.
Por eso es que beneficiarios del TPS, como la venezolana Liskart Yepes, se sienten aterrados al pensar que pueden perder el beneficio que le ha permitido estudiar, trabajar e incluso tener su empresa propia como paralegal para ayudar a otros inmigrantes. Como muchos en su condición, aseguró en una entrevista con Univision Noticias, no entiende por qué dejarán sin esta protección a personas como ella, que contribuyen con la economía del país: «Si lo quitan, quedaré desamparada al 100%».
«Una categoría diferente de arbitrariedad»
Cuando el 21 de mayo la Corte Suprema falló a favor del gobierno para desproteger a 70% de los venezolanos con TPS (unos 350,000 que son parte de la extensión del beneficio para 2023), el American Immigration Council en su análisis consideró la decisión de los magistrados como «la mayor desdocumentación de inmigrantes en la historia de EEUU».
«Decirle a la gente que va a poder planificar su vida por otros 18 meses en Estados Unidos y luego que tiene unos 60 días para irse es una categoría diferente de arbitrariedad», escribió en un reporte esta organización dedicada al análisis y la investigación de asuntos migratorios. Calificó la medida como «un acto de crueldad», sobre todo luego de que los tepesianos venezolanos en particular, vieron con temor cómo sus conciudadanos —decenas de ellos con casos de asilo en cortes de inmigración— fueron expulsados como terroristas a la cárcel de pandilleros de El Salvador, el Cecot, sin posibilidades a la vista de ser devueltos a Estados Unidos.
Para el American Immigration Council, el gobierno ha establecido un «régimen legal que permite a las personas perder su estatus en un día, sin siquiera una explicación clara (…) Una ley en la que no se puede confiar no es una ley con la que se pueda vivir».
ICE reveló que en lo que va de año fiscal 2025 (de octubre a mayo) se han realizado 169,956 deportaciones. No todas corresponden al gobierno de Donald Trump, pero en medio de la campaña de miedo generada por el gobierno, algunos voceros redondean la cifra hacia arriba, como el zar de la frontera, Tom Homan, que habló la semana pasada de cerca de 200,000 deportaciones.
Univision Noticias pidió a ICE distintos bloques de cifras mes a mes de detenciones en operaciones y deportaciones desde que Trump asumió su segunda presidencia. No obtuvo respuesta sobre los datos. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, sólo dijo en un correo que las operaciones cumplen «con el mandato del presidente Trump y del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a inmigrantes ilegales criminales y hacer que Estados Unidos sea un país seguro».
Lo que Trump busca para llegar al millón y la consecuencia
Trump ha prometido una cruzada de detenciones y deportaciones masivas en Estados Unidos. Pero el sistema migratorio que tiene a su disposición no da para ello. Mientras lo fuerza, ya hay denuncias de centros de detención por encima de su capacidad, con hacinamiento y malas condiciones de salubridad, así como de algunos gobernadores republicanos presionando a las autoridades locales para cooperar con ICE.
Por eso, el presidente insta —y presiona para ello— que el Senado le apruebe un paquete presupuestario millonario —de casi 90,000 millones de dólares— para poder cumplir con sus cifras. En él, incrementó de forma exponencial partidas que le permitirán multiplicar el número de agentes para realizar arrestos, ampliar su capacidad de detención y de expulsión, así como la actividad de las cortes de inmigración que, hasta marzo de 2025, tenían un atasco de casi cuatro millones de casos, según cifras del Centro Acceso a Registros Transaccionales, TRAC, una organización que colecta datos oficiales a través de pedidos de información pública.
Abogados consultados por Univision Noticias en cortes de inmigración en Houston aseguran que en medio de esta presión del gobierno por dejarlos sin estatus, algunos de sus clientes venezolanos han optado por devolverse a su país. Algunos con TPS también peleaban casos de asilo legítimos en cortes de inmigración, pero los están abandonando. Han preferido eso, antes que verse en la misma situación que, por ejemplo, los venezolanos enviados al Cecot.
Tampoco quieren ser arrestados por agentes de ICE o de otras agencias cooperantes en medio de la presión del gobierno por mostrar cifras. Desde la propia Casa Blanca, la semana pasada en una entrevista con Fox News, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, elevó exponencialmente la meta de detenciones diarias de ICE: dijo que se había fijado en al menos 3,000 inmigrantes por día, muy encima de la cuota de mil arrestos diarios que alcanzaban hasta febrero.
«El hecho de que el trato es tan agresivo hace que cualquiera se asuste. El hecho de que te agarro donde sea y te llevo a la frontera, a Louisiana, a Texas, al Cecot», dijo un abogado que prefirió no usar su nombre. «La humanidad se perdió».
