El presidente ordena que se reste al resultado final el número de sin papeles, una medida de dudosa legalidad que afectaría al reparto de escaños en el Congreso

Donald Trump, junto al secretario de comercio (izquierda) y el fiscal general, anuncia la orden para averiguar cuántos indocumentados hay en EE UU, en julio de 2019.Kevin Lamarque / Reuters
Donald Trump no piensa dar por perdida la batalla para excluir a los inmigrantes irregulares del censo de Estados Unidos. Este martes, dio la orden de que, dentro de lo posible, se le reste al resultado final de la encuesta del censo el número de inmigrantes indocumentados en el país. Se trata de un movimiento sin precedentes que amenaza a los Estados más grandes de EE UU y que los demócratas han prometido batallar en los tribunales.

El censo de Estados Unidos es una encuesta que se realiza cada 10 años y consiste en preguntar casa por casa para establecer cuántas personas viven en el país, independientemente de si tienen residencia legal o no. De las cifras del censo dependen cuestiones capitales como el reparto de los fondos federales o la representación en el Congreso, que se establece de acuerdo a la población. Del censo actual depende el reparto de los 435 escaños del próximo Congreso. No contar a los inmigrantes irregulares perjudicaría a los grandes Estados demócratas, como California (53 escaños) o Nueva York (27).

En 2018, la Casa Blanca anunció por primera vez que se proponía incluir una pregunta en el censo sobre el estatus migratorio de los participantes. El movimiento fue interpretado como un intento de intimidar a los inmigrantes indocumentados de forma que no contestaran por miedo a enviar sus datos personales a una Administración que había dado señales claras de una furiosa política de detención y deportación de todos los indocumentados.

El Tribunal Supremo declaró ilegal esta pregunta en junio de 2019, en una dura derrota para Trump. El presidente intentó retrasar el censo mientras planteaba un nuevo caso, pero el Congreso no lo permitió. A pesar de ello, ciudades y Estados llevan meses haciendo campaña para que nadie piense que es peligroso contestar a la encuesta del censo. Según algunos responsables municipales, el daño ya está hecho y hay mucha gente que cree que el Gobierno de Trump irá a por ellos si contestan.

Finalmente, tras la sentencia del Supremo la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva en la que pedía que se recopilara de los Estados toda la información necesaria (por ejemplo, permisos de conducir) para averiguar cuántos indocumentados hay en el país. Diversos estudios han fijado la cifra en años recientes entre 9 y 11 millones de personas, pero no hay forma de saberlo con garantías jurídicas.

Con el memorándum de este martes, una orden enviada al secretario de Comercio, Trump ordena que los resultados de esa recopilación de información se detraiga del resultado final del censo, es decir, que se manipulen las cifras finales para restar a los indocumentados. La consecuencia es que el reparto de escaños en el Congreso se haría como si entre 9 y 11 millones de personas no existieran.

La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reaccionó inmediatamente diciendo que se trataba de una medida “ilegal” y que “está pensada para instigar el miedo y la desconfianza en comunidades vulnerables y que tradicionalmente han sido contadas de menos, a la vez que siembra el caos en el censo”. La organización Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) prometió acudir a los tribunales inmediatamente.

Hasta el momento han contestado al censo el 62% de los hogares de Estados Unidos. Este movimiento de Trump amenaza con introducir más confusión en un proceso que hasta esta Administración era sagrado en la política norteamericana. Un estratega republicano reconoció por escrito que contar de menos a los inmigrantes indocumentados beneficiaría a los republicanos y a distritos electorales de población blanca y conservadora en el reparto de escaños del Congreso.

En su orden, Trump deja muy claro a quién se refiere. “Los Estados que adoptan políticas que animan a los inmigrantes ilegales a entrar en el país (…) no deberían ser recompensados con una mayor representación en la Cámara de Representantes. Las estimaciones actuales indican que hay un Estado que tiene más de 2,2 millones de inmigrantes ilegales, que son más del 6% de la población total del Estado”. La orden dice que el Estado tiene “dos o tres escaños más de los que de otra forma le corresponderían” si no se cuentan los irregulares.

Sin mencionarlo, seguramente se refiere a California, el Estado más grande del país y la delegación más grande de Washington. Trump tiene un enfrentamiento especial con California, sobre todo a raíz de la llamada ley santuario, que prohibió a todas las policías del Estado colaborar con la policía de inmigración a la hora de detectar irregulares.

La orden de este martes fue contestada inmediatamente por el gobernador del Estado, el demócrata Gavin Newsom: “Contar a todas las personas que viven en nuestro país en el censo es un principio tan fundacional que está escrito en nuestra Constitución. Esta nueva acción de la Administración para excluir a los inmigrantes indocumentados a la hora de determinar la representación en el Congreso tiene sus raíces en el racismo y la xenofobia y es un ataque descarado a nuestras instituciones y nuestros vecinos”.