El Gobierno de Donald Trump propuso una nueva reglamentación según la cual se le puede negar la residencia permanente a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como asistencia alimentaria y vales de vivienda.

Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, dijo en un comunicado que la medida está acorde con la ley vigente. “De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, apuntó. “El Departamento se toma en serio su responsabilidad de ser transparente en sus reglamentaciones y está dando la bienvenida a los comentarios públicos sobre la regla propuesta”, añadió.

La medida podría obligar a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda a hacer una elección difícil entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente, conocida como “Green Card” para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La ley aprobada por el Congreso tiene “la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los “recursos limitados” garantizando que “no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”, según Nielsen.

Según las autoridades afectaría a unas 382,000 personas al año. Esta es la más reciente de una serie de duras medidas sobre inmigración legal e ilegal del presidente Trump.

Inmigrantes en la disyuntiva

Aunque la medida no pretende afectar a los inmigrantes a quienes ya se les han otorgado residencia permanente, los defensores de los derechos de los migrantes temen que incluso ellos dejen de usar los beneficios públicos para proteger su estatus migratorio.

La medida podría obligar a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda a hacer una elección difícil entre aceptar ayuda financiera o lograr la “Green Card” (residencia permanente) para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados “carga pública”, lo que no les permitiría obtener el estatus de residente legal.