El gobierno ha intentado desmantelar numerosos programas destinados a limitar no solamente la inmigración irregular, sino también la legal, implementando procedimientos más complejos para obtener permisos que permitan visitar, trabajar o residir en Estados Unidos.
Las detenciones de inmigrantes que habían regularizado su situación o que estaban en proceso de hacerlo. La anulación de protecciones temporales existentes. Costos elevados para ciertos tipos de visas y obstáculos para acceder a universidades de prestigio. En un período de nueve meses de administración, Trump ha realizado alteraciones que podrían dejar sin apoyo a millones de inmigrantes con estatus legal, algunos de los cuales han vivido en Estados Unidos durante varias décadas. Se trata de jóvenes que llegaron de niños con sus padres, inmigrantes forzados a abandonar sus países debido a conflictos o desastres naturales, trabajadores temporales fundamentales, solicitantes de asilo que se presentaron ante las autoridades pertinentes, y estudiantes que anhelan su formación en instituciones educativas nacionales.
Presionado por alcanzar metas de detenciones masivas, el gobierno está llevando a cabo arrestos de inmigrantes en una amplia variedad de lugares, que van desde sus comunidades hasta las puertas de las cortes. A continuación, se presentan ejemplos que evidencian cómo millones de personas han sido despojadas de sus protecciones debido a modificaciones inesperadas en las regulaciones y nuevas políticas:
‘La parte visible de un problema más amplio’
Entre los miles de detenidos en todo el territorio nacional se encuentran inmigrantes que han contado con protecciones temporales por décadas. El 18 de septiembre, una coalición de organizaciones defensoras de los inmigrantes, bajo el lema ‘Nuestro hogar está aquí’, reportó la detención de al menos 19 jóvenes soñadores en el año 2025, algunos de los cuales enfrentan la posibilidad de deportación. En una declaración a los medios, Juliana Macedo do Nascimento, representante de una de estas organizaciones, United We Dream, manifestó su oposición a los arrestos. «Esto es solamente la parte visible de un problema más profundo», afirmó. «Estamos conscientes de que existen muchos más, y que esta administración sencillamente está quebrantando el compromiso que el gobierno estadounidense hizo con estas personas para protegerlas de la deportación». El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue establecido por el presidente demócrata Barack Obama con el fin de resguardar de la deportación a centenares de miles de jóvenes que fueron traídos al país de manera ilegal por sus padres, o que sobrepasaron el tiempo permitido de su permanencia. Más de 530,000 soñadores viven y trabajan en Estados Unidos bajo esta protección.
Además de las detenciones de beneficiarios de DACA, medios estadounidenses han documentado recientemente la detención de individuos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
En los meses posteriores al regreso de Trump a la Casa Blanca, han proliferado los informes sobre las detenciones de inmigrantes al salir de sus audiencias en cortes migratorias en ciudades como Seattle, Phoenix, Dallas, Miami, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y Maryland. Miguel Pastrana, un mexicano deportado en marzo, relató recientemente a Univision Noticias cómo fue aprehendido mientras acudía a una cita habitual en Ohio, de la cual esperaba salir con la renovación de su autorización para permanecer en Estados Unidos, tal como había sucedido en ocasiones anteriores.
Las habitaciones eran inaceptables, los suelos estaban extremadamente sucios, con uñas y cabellos esparcidos por todas partes, el inodoro estaba completamente orinado y no teníamos acceso a agua potable, a excepción de una fuente de beber.
Para aquellos que todavía tienen la capacidad de impugnar las decisiones del gobierno que han puesto fin a numerosas protecciones migratorias que previamente ofrecía Estados Unidos, también existen otros desafíos, tales como las complicaciones burocráticas.
Por ejemplo, después de que un juez californiano decidiera en septiembre restaurar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600,000 venezolanos, el gobierno tardó varios días en actualizar su sitio web con la información pertinente sobre los beneficios correspondientes.
Aparte de las polémicas decisiones de eliminar el esquema de TPS para cientos de miles de individuos, la administración de Trump ha recientemente introducido más complicaciones para aquellos que buscan visas para ingresar a Estados Unidos bajo distintas categorías.
Por ejemplo, el 19 de septiembre, el presidente firmó una proclamación que introducirá una nueva tarifa de 100,000 dólares para las visas H-1B, que son otorgadas por Estados Unidos a trabajadores especializados o con un alto nivel educativo.
El costo actual de esta visa oscila entre 1,700 y 4,500 dólares, dependiendo de si se concede el permiso o no. Para solicitar dicha visa, los interesados necesitan una oferta de «patrocinio» de un posible empleador.
Sin embargo, de acuerdo con expertos, es probable que la propuesta de aumentar la tarifa a 100,000 dólares sea impugnada en los tribunales.
A finales de agosto, la administración de Trump anunció su intención de implementar una regulación que realizaría cambios significativos en el sistema de emisión de ciertos tipos de visas, tales como las de estudiantes y periodistas.
“Durante demasiado tiempo, las administraciones anteriores han permitido que los estudiantes internacionales y otros titulares de visas permanezcan en Estados Unidos prácticamente de manera indefinida, lo que representa riesgos para la seguridad”, señaló un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.
Según el Departamento de Estado, alrededor de 6,000 visas de estudiantes han sido revocadas durante esta administración por haber “violado la ley”.
Trump también firmó una orden para que el Departamento de Justicia realice investigaciones proactivas sobre individuos que se han nacionalizado estadounidenses, para verificar si cometieron fraudes y, en caso afirmativo, revocarles la ciudadanía.
En agosto, el gobierno emitió un memorando anunciando la restauración de un programa que había sido cancelado en 1991, permitiendo que los vecinos de inmigrantes que solicitan la ciudadanía sean entrevistados por agentes migratorios sobre la “buena conducta” de los solicitantes.
Un mes después, la administración dio a conocer cambios en el examen para obtener la ciudadanía, ampliándolo y modificando algunas de sus secciones. Los cambios comenzarán a aplicarse en las solicitudes presentadas a partir de mediados de octubre.
