Este lunes no ha sido confirmada la nueva amenaza lanzada el sábado por el presidente Donald Trump desde Osaka, Japón, para arrestar y deportar a millones de inmigrantes con orden de deportación final, pese a que sugirió un nueva fecha: «en algún momento después del 4 de julio».
Trump detuvo la orden hace dos sábados horas antes de que comenzaran. Argumentó que le daba a los republicanos y demócratas del Congreso dos semanas para discutir y aprobar una nueva ley de asilo. Y que “si no (hay solución bipartidista) ¡comienzan las deportaciones!”, aseguró.
Pero desde el viernes el Congreso está en receso y esta semana no habrá sesiones debido a los festejos de la Independencia del 4 de julio. Es decir, no hay conversaciones y menos habrá una nueva ley en el plazo que fijó el mandatario que finaliza este sábado. Por eso le preguntaron en Osaka, Japón, al término de la Cumbre del G-20, si activará las redadas y deportaciones masivas tal y como lo dijo en el tuit.
Pasos clave
El anuncio hecho por Trump hace dos sábados, que “a solicitud de los demócratas, he demorado el proceso de deportación ilegal (deportación) durante dos semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y escapatoria en la frontera sur” será difícil de cumplir, reconocen fuentes demócratas y republicanas consultadas por Univision Noticias.
Hasta ahora no ha habido declaraciones por parte de ninguna de las partes, y el tema que preocupa a Trump sigue siendo la ley de asilo y la crisis en la frontera con México.
Sin embargo, se han registrado dos avances. Por una parte, el Congreso aprobó u fondo de emergencia de $4,600 millones para enfrentar la crisis y le envió el proyecto de ley al presidente para que lo firme. Simultáneamente, México ha endurecido su política migratoria aumentando los niveles de arresto y deportación de migrantes indocumentados que entran en su territorio para dirigirse la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo.
El gobierno de López Obrador busca disminuir en un 25% el tráfico de migrantes hacia el norte, porcentaje que complacería a Trump no solo para no reactivar las redadas y deportaciones, sino también para que su homólogo estadounidense no aplique tarifas a la importación de productor mexicanos, otra amenaza que por ahora permanece dormida.
Mientras el debate continúa, la comunidad inmigrante se prepara para una embestida en cualquier momento por parte de ICE para ir en busca de más de 1 millón de inmigrantes con orden de deportación final y deportarlos cuanto antes del país.
A puertas cerradas
Mientras México apuntala su nueva estrategia y el Congreso con apoyo bipartidista le concede a Trump fondos para lidiar con la emergencia humanitaria en la frontera, funcionarios de la Casa Blanca, desde antes de la amenaza de redadas y deportaciones, se han reunido a puertas cerradas con senadores, uno demócrata y otro republicano, para estudiar un camino a modernizar la Ley de Asilo, vigente desde 1980.
“Lo único que sabemos es que la oficina del asesor presidencial Jared Kushner se ha reunido con los senadores (Lindsey) Graham (republicano por Carolina del Sur) y (Dick) Durbin (demócrata por Illinois), dijo una fuente republicana que pidió mantener su nombre bajo condición de reserva.
Fuentes demócratas también confinaron reuniones entre altos funcionarios de la Casa Blanca y líderes de ambos partidos en la Cámara de Representantes, para discutir el tema.
Si bien no hay detalles respecto a los temas discutidos en estos encuentros, las fuentes dicen que el tema del asilo “predomina”.
También se ha mencionado traer de regreso a la mesa de discusiones el futuro de los dreamers para darles un estatus de permanencia legal, pero no se menciona qué hará el gobierno con sus padres y el resto de los millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace más de dos décadas y tienen familias establecidas.
El plan de Kushner
A principios de mayo Trump dio su visto bueno a un plan migratorio que le presentó su yerno, uno de los principales asesores de la Casa Blanca.
El proyecto, que cuenta con respaldo de varios senadores republicanos, entre ellos Graham, había sido anticipado en abril y se basa en un fuerte componente de seguridad nacional, no incluye beneficios para la mayoría de los 10.4 millones de indocumentados que viven en el país y anticipa modificar la Ley de Asilo.
El día del anuncio, la Casa Blanca dijo Univision Noticias que el presidente se había reunido con miembros de Senado para hablar sobre un potencial plan migratorio.
“Fue la oportunidad para recibir sus ideas y recomendaciones al plan que incluye seguridad en la frontera e inmigración basado en méritos”, indicó Mercedes Schlapp, directora de comunicaciones de la presidencia.
Schlapp dijo además que “la meta es modernizar el anticuado sistema migratorio que existe y también resolver el problema en la frontera”, añadió.
En cuando al tema del asilo, la Casa Blanca dijo que se estaba elaborando, junto con el senador Graham, un proyecto de ley separado cuyo objetivo será frenar las oleadas migratorias.
“Ese plan es el que se discute a puertas cerradas”, dijeron las fuentes republicanas.
El plan de Graham
Graham presentó a mediados de mayo un proyecto de ley con cuatro puntos que, aseguró, «detendrán la crisis humanitaria» generada por la llegada de cientos de centroamericanos a la frontera sur de Estados Unidos solicitando asilo.
La propuesta busca eliminar la solicitud de asilo en suelo estadounidense y trasladarlo a los países de origen de los migrantes.
«No habrá más peticiones de asilo en la frontera si vienes de Centroamérica», es el primer punto de su proyecto. «En el futuro, puedes aplicar por asilo en Centroamérica, pero tienes que hacerlo en un consulado estadounidense en tu país de origen», agregó.
Hasta ahora, la ley estipula que el solicitante de asilo puede estar y permanecer en territorio estadounidense mientras su caso es procesado y tiene una decisión final.
Pero en diciembre del año pasado Trump modificó este punto y a partir de enero los solicitantes de asilo en Estados Unidos son regresados a México a esperar que los jueces de inmigración resuelvan sus casos.
Las “lagunas legales”
Graham también sugiere cambiar acuerdos y leyes vigentes que, para el gobierno, constituyen “lagunas” o “vacíos”que utilizan los migrantes para “abusar” de la política de asilo y de haber provocado la crisis en la frontera.
Las “lagunas” mencionadas por Trump corresponden a:
Acuerdo judicial Flores de 1997. Prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad en prisiones federales. Pero el gobierno de Trump considera que la vigencia de este beneficio entorpece sus planes de deportar al mayor número de indocumentados en el menor tiempo posible.
Ley TVPRA de 2008 sobre la prevención del tráfico humano. Prohíbe la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de países fronterizos (Canadá o México) y exige que sus futuros sean decididos por un juez de inmigración.
Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.
Las fuentes dijeron que el debate podría generar una nueva discusión sobre el tema que lleve a las partes a decidir entre salvar a los migrantes que ya están aquí y tienen una orden deportación final o la inmigración futura que llega a la frontera en busca de asilo.
Los demócratas, por su parte, insisten en que la Casa Blanca debe aceptar el debate de una reforma migratoria integral que, además de incluir el tema de la seguridad en la frontera y la crisis humanitaria, resuelva el problema de los 11 millones de indocumentados que están aquí, incluyendo a los dreamers, y atienda el atasco en las cortes de inmigración que en mayo tenía casi 900,000 casos acumulados.
Fuente : JORGE CANCINO