Una propuesta del DHS contempla mantener la exención de pago de tarifas a personas de bajos recursos e incrementar el acceso en línea para reducir los costos del proceso de solicitudes de ciudadanías, residencia permanente y visas temporales.

El organismo encargado de gestionar las solicitudes de ciudadanías, residencia permanente y visas temporales elaboró una propuesta para mejorar sus servicios aunque sin detallar cómo hará para financiar esas mejoras, entre las que está una exención al pago de tarifas para las personas con bajos recursos.

El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) envió un plan de 14 páginas con los detalles, documento al que tuvo acceso AP. El texto propone cambios al funcionamiento de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del DHS, que financia sus operaciones con el cobro de tarifas por sus servicios y no recibe fondos del Congreso.

La propuesta contiene modificaciones a corto y largo plazo de acuerdo con “una evaluación realista de nuestras aspiraciones y limitaciones”.

Las tres principales propuestas que contempla el documento son hacer entrevistas con los solicitantes por video en lugar de en persona, permitir a personal de la dependencia que gestiona el proceso tomar juramento a los nuevos ciudadanos sin necesidad de apelar a jueces federales y promover las solicitudes en línea para apresurar el tiempo para revisar las peticiones.

El DHS sostiene que puede hacer todo esto sin necesidad de recurrir al Congreso, donde la inmigración es uno de los temas en torno a los cuales es más difícil conseguir un consenso.

Los cambios son una ruptura hacia la política del gobierno del expresidente Donald Trump, que se dedicó a combatir posibles engaños en las peticiones y reducir los beneficios a los inmigrantes, como la suspensión del programa DACA, que acogió a jóvenes sin permiso de residencia que llegaron a EEUU cuando eran niños.

Mayor acceso a los trámites

Otro de los cambios es una política menos dura con los solicitantes de la ciudadanía. Por ejemplo, no se castigaría a inmigrantes que por error se hayan anotado para votar antes de naturalizarse, lo que bajo las leyes actuales constituye un delito castigable incluso con deportación.

También se contempla la exención de tarifas para personas de bajos recursos, pero no se ofrecen estimados de costos para estos cambios, aunque algunas medidas -en teoría- no implicarían gastos, sino que ahorrarían dinero, además de agilizar el proceso.

Se reconoce, no obstante, que la viabilidad de las propuestas a largo plazo depende de la estabilidad financiera, lo que implicaría pedir fondos al Congreso.

Bajo el plan, la agencia seguiría subsidiando el costo de hacerse ciudadano para asegurarse de que el proceso está disponible a tanta gente como sea posible.

El gobierno “reconoce que el costo del trámite puede ser una barrera para cierta gente que quiere naturalizarse y está empeñado en ofrecer trámites de naturalización accesibles”, señala el documento. “Esto implica que otros solicitantes que pagan tarifas seguirán subsidiando esta política para garantizar que se cubren todos los costos”.

Sin cambios en las tarifas y dudas sobre las finanzas internas

En los últimos meses de la administración Trump, la agencia amenazó con dar licencia a más de 13,000 empleados porque tenía un déficit de 1,260 millones de dólares -un 70% de sus trabajadores-, pero meses después dio marcha atrás al afirmar que no solo podía cubrir sus gastos, sino que incluso había un excedente.

El director interino, Joseph Edlow, explicó que las tarifas habían generado más dinero de lo esperado y que se habían revisado contratos para ahorrar dinero. Los alegatos sobre un supuesto déficit en la agencia para trámites migratorios comenzaron desde noviembre de 2019, antes del estallido de la pandemia de covid-19.

La nominada por el presidente Joe Biden para dirigir la agencia, Ur Jaddou, estuvo entre quienes se preguntaron cómo fue posible que las finanzas de la institución se deterioraran y mejoraran con igual velocidad. Jaddou ha cuestionado también la expansión de una unidad para combatir fraudes en las solicitudes de residencia y ciudadanía y el requisito de rechazar solicitudes con espacios en blanco, lo que ya fue descartado por el gobierno de Biden.

“Todo esto son puras trabas burocráticas”, afirmó.

Las tarifas debían aumentar un promedio de un 20% en octubre del año pasado, pero un juez federal bloqueó esa medida pocos días antes de que entrasen en vigor. La tarifa para hacerse ciudadano había subido de 640 dólares a 1,170 y se iba a eliminar prácticamente la exención de tarifas a las personas de bajos recursos.

Otra tarifa fijada por el gobierno de Trump que quedó sin efecto fue una de 50 dólares para solicitar asilo. Los solicitantes de asilo también hubieran tenido que pagar 550 dólares por un permiso de trabajo y 30 dólares para obtener sus datos biométricos.

Hacia el final del gobierno de Trump había que esperar más de un año para completar el proceso de naturalización, comparado con menos de ocho meses cuatro años antes.