Un tribunal federal de apelaciones este martes por la noche volvió a suspender la controvertida ley de inmigración de Texas.

En una breve orden, un panel de tres jueces de la Corte de apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dijo que votó 2-1 para anular un fallo anterior de un panel diferente que había puesto temporalmente en vigor la ley, la SB 4.

El panel de jueces que emitió la orden de este martes por la noche ya está listo para escuchar los argumentos este miércoles por la mañana sobre la solicitud de Texas de volver a poner en vigor la ley en espera de la apelación estatal del bloqueo de la ley por parte de un juez federal.

Un miembro, el juez de circuito Andrew Oldham, discrepó públicamente y dijo que dejaría que la ley siguiera en vigor por ahora.

«Dejaría esa suspensión en espera del argumento oral de mañana sobre la cuestión», escribió.

La disputa legal sobre la SB 4 había llegado hasta la Corte Suprema, que el martes anterior allanó el camino para que la medida entrara en vigor después de que los jueces rechazaran apelaciones de emergencia de la administración Biden y otros. La decisión había otorgado una victoria significativa, aunque temporal, a Texas, que ha estado luchando contra la administración Biden en cuanto a la política migratoria.

Horas después, el tribunal de apelaciones programó argumentos orales sobre si bloquear la ley mientras considera los desafíos legales presentados contra ella. El tribunal programó los argumentos orales virtuales para este miércoles a las 11 a.m. hora del este.

Independientemente de cómo actúe el 5º Circuito después de los argumentos de este miércoles, el tribunal de apelaciones aún celebrará argumentos el próximo mes sobre si la ley es inconstitucional y debe ser bloqueada indefinidamente.

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La SB 4, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en diciembre, convierte en un delito estatal ingresar ilegalmente a Texas y permite a los jueces estatales ordenar la deportación de inmigrantes. La aplicación de la ley de inmigración, en general, es una función del gobierno federal.

La ley generó de inmediato preocupaciones entre los defensores de los inmigrantes sobre el aumento del perfil racial, así como detenciones y deportaciones intentadas por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.

Un juez federal en Austin había bloqueado al gobierno estatal de implementar la ley, sosteniendo el mes pasado que «podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de leyes de inmigración».

Los tres jueces liberales de la Corte Suprema también expresaron preocupaciones sobre la ley al disentir del orden del alto tribunal que permitía que entrara en vigor durante un corto período este martes.

La jueza Sonia Sotomayor, cuyo disenso fue respaldado por la jueza liberal Ketanji Brown Jackson, dijo que el orden «invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración».

La ley, escribió Sotomayor en su disenso, «altera el equilibrio de poder entre el gobierno federal y estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos».

El caso pronto podría llegar nuevamente a la Corte Suprema.