Este miércoles 9 de septiembre es una fecha que cerca de 170.000 salvadoreños tienen subrayada en sus agendas. Un día que han anticipado con ansiedad y duda, puesto que marca el término del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual les ha permitido residir y trabajar en Estados Unidos de manera legal durante más de veinte años. Desde el 2001, año en que se volvió a otorgar esta protección —siendo los primeros en recibirla en 1990 a raíz del conflicto civil en su país, aunque expiró en 1992 sin una renovación—, los beneficiarios han tenido que renovarlo cada 18 meses. Han seguido las regulaciones, han pagado las tarifas correspondientes y se han integrado en una nación que consideran su hogar, quizás más que el lugar donde nacieron. En un lapso de veinticinco años, han aprendido el idioma, han iniciado negocios, han formado familias y han adquirido propiedades. Son parte integral de la economía y la sociedad de la nación, pero la finalización del TPS les dejaría en una situación incierta.
Han presenciado cómo el presidente Donald Trump ha establecido como objetivo principal de su segundo mandato llevar a cabo la mayor deportación de la historia. Uno a uno, el republicano ha desmantelado todos los programas humanitarios que permitían a los inmigrantes residir en el país, aumentando así la cantidad de personas susceptibles de ser deportadas. El gobierno ha finalizado el TPS para más de una docena de naciones. Recientemente, la protección se ha anulado para los haitianos y sirios. Muchos de estos individuos, que residían y trabajaban legalmente, se encuentran ahora hacinados en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o han sido retornados a países de los que huyeron debido a la violencia y la pobreza.
Los salvadoreños temen que ese destino también les aguarde. En su circunstancia, obtuvieron el TPS debido a las condiciones de violencia y pobreza que se instauraron en su país a raíz del conflicto que tuvo lugar entre 1979 y 1992, así como de los dos devastadores terremotos que afectaron al país en 2001. Aquellos que pudieron, escaparon en busca de una vida más digna. Y lograron alcanzar su anhelo. La idea de regresar a un lugar que no identifican como su nación y donde la violencia y la pobreza aún predominan les resulta inimaginable. Y profundamente injusto. Han cumplido con todas las exigencias impuestas por el gobierno, nunca han cometido delitos (un requisito esencial para la renovación del TPS) y ahora se enfrentan a la pérdida de todo y a la separación de sus seres queridos.
Estas son las vivencias de algunas personas que se hallan en esta circunstancia.
Llegó a Estados Unidos en 1995, “persiguiendo un anhelo, como cualquier persona”. Durante sus 31 años residiendo en la nación, se ha casado, ha tenido dos hijos (de 14 y 20 años) y ha establecido varios negocios en el estado de Massachusetts. Su actividad principal es en el sector de la construcción, además de manejar una empresa dedicada al alquiler de contenedores de desechos. “Hemos contribuido a la generación de empleo. La mayoría de los empleadores que laboran conmigo son ciudadanos americanos. Aproximadamente 40 familias dependen de la empresa”, señala. Urias recluta plomeros, electricistas, arquitectos y otros trabajadores calificados en diversas especialidades.
“Después de 25 años con el TPS, muchos de nosotros hemos forjado negocios, constituido familias.. Hay quienes poseen títulos universitarios y son profesionales; contamos con médicos, enfermeras, psicólogos; estamos presentes en todas las disciplinas”, comenta. “Estar realizando todas las acciones correctas y que te digan que, en efecto, todo lo que has logrado no tiene valor, me resulta inaceptable”, expresa, y critica el trato discriminatorio que reciben los hijos. “Se les está tratando como si existiesen diferentes categorías de ciudadanos americanos. No hay clases superiores ni inferiores, todos son iguales. Nuestros hijos tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano estadounidense”, afirma.
Este emprendedor es uno de los beneficiarios del TPS que decidió organizarse junto a otros migrantes para conformar la Alianza Nacional del TPS en 2017 y oponerse al intento de Trump en su primer mandato de eliminar el programa. Una acción que los jueces paralizaron y que recuperó al llegar nuevamente a la Casa Blanca en enero de 2025. “Nos impulsó a luchar por proteger a nuestras familias y nuestro porvenir”, detalla y asegura que esto le afectó “la tranquilidad mental”.
La preocupación principal radica en el futuro de sus hijos. El mayor se encuentra en su tercer año de estudios universitarios, y sus padres apoyan económicamente su educación. “Mi hijo ha experimentado ansiedad y depresión, debido a que somos nosotros quienes le brindamos apoyo, y le inquieta lo que podría sucedernos y si logrará completar su carrera”, indica.
Uno de los argumentos más frecuentes utilizados por la Administración para poner fin al TPS es su naturaleza transitoria, tal como lo implica su nombre. Sin embargo, después de 25 años con un permiso temporal, los beneficiarios denuncian que no se les ha brindado un camino para acceder a la residencia permanente. “Uno intenta regularizar su estatus, pero ellos han manipulado el sistema de modo que no sea posible. Afirman que uno no lo ha hecho por falta de deseo, pero eso es falso”, agrega.
Urias solicitó un ajuste de estatus hace 11 años a través de su hermano, quien es ciudadano estadounidense, pero aún no ha obtenido respuesta. En El Salvador ya no tiene familiares, ya que sus padres y hermanos residen en Estados Unidos. Carece de un plan definido en caso de que se vea obligado a abandonar el país. “Siempre he manifestado que después de lo que ocurra el 9 de septiembre, ahí tomaremos decisiones”, concluye.

