En el Tribunal de Distrito 488 del Condado de Harris, Morales apareció vistiendo un traje gris y una corbata morada, acompañado por su equipo legal, David Lindenmuth y la ex fiscal de distrito del Condado de Harris, Kim Ogg.
El abogado de Morales, David Lindenmuth, solicitó una fianza de 25,000 dólares, argumentando que su cliente no representaba un riesgo de huida y que no existía una amenaza continua para la comunidad. El juez Matthew Peneguy, quien dirigió la audiencia, estableció una fianza de 30,000 dólares y dispuso que Morales no tuviera contacto con ninguna de las víctimas o testigos del proceso.
Morales fue acusado de un delito grave de segundo grado por asalto agravado con un arma mortal. El agente enfrenta acusaciones de haber impactado a Miguel Parra-Hernández con su vehículo, causando la fractura de su pierna y tobillo el 10 de octubre. Un portavoz de ICE indicó que Parra-Hernández cruzó frente al vehículo mientras intentaba escapar de una parada de tránsito.
En una rueda de prensa posterior a la audiencia, Michael Wynne, principal abogado defensor de Morales, describió la acusación como una acción con motivación política. Wynne también forma parte del equipo legal que defiende al agente de ICE Christian Castro, quien fue imputado en septiembre por fiscales de Minnesota en conexión con el tiroteo de un hombre venezolano sucedido en enero. Mencionó que el equipo prevé solicitar el traslado del caso de Morales a un tribunal federal. Wynne ya ha solicitado que el asunto de Castro sea trasladado a un tribunal federal, aunque indicó que dicha solicitud aún está en espera.
“No hay nadie en este país con más experiencia en los grandes jurados estatales del condado de Harris [y] cómo deben llevarse a cabo estas investigaciones adecuadamente en el condado de Harris que la Sra. Ogg”, expresó Wynne. “Por eso forma parte del equipo de defensa”.
La familia de Parra-Hernández, su abogado y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes han cuestionado la versión proporcionada por ICE.
Las grabaciones de video de vigilancia y las imágenes de la cámara corporal de Morales, difundidas por la oficina del fiscal de distrito del Condado de Harris, retratan a Morales persiguiendo a Parra-Hernández mientras este huía del vehículo no identificado del agente. Se observa que el automóvil de Morales salta la mediana para girar a la izquierda en un estacionamiento, luego impacta a Parra-Hernández desde atrás y se detiene varios pies después de atropellarlo.
González manifestó que los investigadores han formulado serias inquietudes acerca de las acciones de Morales, incluyendo la manera en que persiguió a Parra-Hernández y la forma en que este fue golpeado.
“Ninguna insignia, título o posición coloca a alguien por encima del escrutinio o la responsabilidad”, declaró González. “Como alguacil, tomo con seriedad nuestra obligación de proteger a todos aquellos que residen, trabajan o transitan por el Condado de Harris; esto implica mantenernos a nosotros mismos y a nuestros colegas de la aplicación de la ley bajo los estándares más altos”.
David Lindenmuth, el abogado que defiende a Morales, describió la acusación como una «persecución política» en una conversación con Houston Public Media. Afirmó que la colisión fue simplemente «un accidente».
«Este agente estaba realizando sus funciones, y una persona que trataba de huir provocó las circunstancias caóticas que dieron lugar a este lamentable suceso», expresó Lindenmuth. «Y fue un incidente desafortunado. Nadie quiere que este individuo resulte perjudicado, incluido el Sr. Morales, pero no se trató de un crimen. Se ha construido para parecer un delito por un fiscal de distrito con una agenda política.»
Teare manifestó su esperanza de que la denuncia generara resultados más allá de buscar justicia para Parra Hernández y su familia.
En una declaración enviada a Houston Public Media, un representante de ICE calificó las acusaciones de que Morales impactó intencionadamente a Parra-Hernández como «imprudente y falsa», añadiendo que la acusación era un «estrategema político».
El caso es un fenómeno inusual pero no sin precedentes, donde agencias estatales enjuician a un agente federal. Un gran jurado federal en Minnesota formuló cargos contra el agente de ICE Christian Castro, situado en Texas, por presentar declaraciones engañosas ante la Oficina Federal de Investigaciones en relación con el tiroteo de un ciudadano venezolano en enero. Esto desencadenó una disputa legal entre los estados sobre la extradición del agente. Castro fue finalmente capturado al regresar a Minnesota para una cita judicial.
Si Morales es hallado culpable, el delito de asalto podría acarrear hasta 20 años de encarcelamiento.
Teare indicó que Morales se unió a ICE durante un periodo de incremento en la contratación cuando la agencia intensificó las medidas de seguridad fronteriza bajo la administración de Trump, y puso en duda la idoneidad de Morales para ser parte de la agencia tras revisar su historial.
«Puedo afirmar sin lugar a dudas que he evaluado miles de solicitudes de empleo y currículos para agentes del orden en todo el estado, y no conozco una sola agencia que haya decidido contratar a esta persona», comentó Teare.
De acuerdo con su abogado, Morales ha ejercido diversas funciones en la aplicación de la ley en los últimos 12 años. Dedicó alrededor de dos años al ejército como oficial de policía militar y paracaidista, pero fue dado de baja honrosamente en 2014 tras sufrir varios problemas de salud, incluidos dos traumatismos craneales.
