Estados Unidos tiene cinco veces más menores inmigrantes detenidos que hace un año. Las trabas del Gobierno para liberar a los niños que cruzan la frontera irregularmente ha colocado a los centros temporales al borde de su capacidad. El número de menores inmigrantes que se encuentran detenidos en Estados Unidos se ha disparado en el último año hasta cifras sin precedentes. En septiembre se ha llegado a los 12,800 menores inmigrantes detenidos. El mayo del año pasado eran 2,700, según cifras oficiales obtenidas por el diario The New York Times de fuentes del Congreso. La causa no es un aumento de las llegadas de menores, sino el propio Gobierno, que cada vez pone más trabas a que esos menores salgan del sistema de detención.

Cuando un menor de edad cruza la frontera de forma irregular solo es detenido durante un periodo de tiempo que no puede superar los 20 días. Es el tiempo necesario hasta que se le encuentra sitio en el sistema de albergues y, eventualmente, una familia de acogida o un familiar en Estados Unidos que se haga cargo de él mientras se tramita su caso de inmigración. Estos no son los menores víctimas de la separación de familias puesta en marcha por el Gobierno de Donald Trump, sino los que llegan no acompañados, generalmente adolescentes.

Los trabajadores sociales que atienden inmigrantes aseguran que los centros de detención están casi al máximo de su capacidad y que es debido a que la Administración se ha convertido en un “cuello de botella”, en palabras del diario.

Según esta información, la principal diferencia no es un aumento en las llegadas de menores a la frontera. La agresividad del Gobierno Trump con los inmigrantes irregulares ha hecho que cada vez menos familiares se presenten para hacerse cargo de los menores. En muchos casos, estos niños llegan buscando a familiares en Estados Unidos que están a su vez también en situación irregular. El argumento de la Casa Blanca para retrasar estas entregas es la seguridad de los menores. El Gobierno debe comprobar que no está dejando a los niños en manos de mafias.

El pasado junio, el Gobierno anunció que aquellos familiares que vayan a hacerse cargo de los menores debían registrar sus huellas dactilares y que esos datos serían compartidos con las autoridades de inmigración. La medida, sumada a un proceso cada vez más exhaustivo y lento de examen de los familiares de acogida, está provocando un retraso de meses en liberar plazas en el sistema de albergues y, por tanto, también en los centros de detención, que se encuentran al 90% de capacidad.

El sistema de centros de detención se desbordó en 2014, cuando llegaron en un año más de 60.000 menores no acompañados. La crisis de los niños migrantes desbordó la capacidad de Texas de procesar a estos menores y el Gobierno federal de Barack Obama tuvo que repartir a los menores en centros de detención por el resto de la frontera. Desde entonces, se han construido nuevos centros y el sistema está preparado para asumir esas cifras, y sin embargo se vuelve a encontrar casi lleno porque el Gobierno actual no da salida a esos menores. La Administración de Trump quiere construir más centros de detención para aumentar la capacidad del sistema.

El sistema de detención y albergues para menores fue puesto bajo la lupa este verano cuando se conoció que el Gobierno había separado a 2.500 niños de sus padres tras cruzar la frontera juntos. Esos niños fueron enviados al sistema de albergues como si fueran no acompañados, mientras sus padres permanecían detenidos o incluso eran deportados. La separación de familias inmigrantes terminó con una orden de Trump ante el escándalo nacional. Actualmente, 416 de aquellos niños permanecen aún separados de sus padres, según cifras del pasado 4 de septiembre. Los padres de 304 de ellos se encuentran fuera de EE UU.