Miembros del consejo de Houston instan a que las limitaciones de HPD-ICE sean permanentes
Tres integrantes del Concejo Municipal de Houston han propuesto una nueva regulación que establecería de forma definitiva las restricciones a la colaboración del Departamento de Policía de Houston con las autoridades migratorias federales, sobre la base de una orden ejecutiva firmada hace unos días por el alcalde John Whitmire.
Los concejales Alejandra Salinas (At-Large 4), Edward Pollard (Distrito J) y Tiffany Thomas (Distrito F) han introducido esta propuesta, que alinearía la normativa municipal con la orden ejecutiva de Whitmire del 6 de noviembre. La diferencia principal radica en que una ordenanza impediría que un futuro alcalde eliminara las protecciones unilateralmente.
Objetivos de la ordenanza
Conforme a la ordenanza presentada, los oficiales del HPD no estarían autorizados a extender una detención de tráfico, arrestar a una persona o comunicarse con ICE solamente por una orden de inmigración administrativa civil, salvo que el individuo también sea arrestado por un delito criminal que conlleve cárcel. Esto refleja la política que el alcalde Whitmire dio a conocer el viernes.
Además, esta regulación fortalecería los actuales informes trimestrales de transparencia de HPD-ICE de la ciudad, exigiendo información adicional sobre cada interacción, incluyendo el motivo de un arresto y si se contactó a ICE en relación con una víctima o un sospechoso.
Las órdenes administrativas de inmigración son documentos civiles emitidos por autoridades federales de inmigración, diferentes de las órdenes de arresto criminal y no provienen de jueces.
Un año en desarrollo
Esta regulación representa la evolución más reciente en un conflicto prolongado acerca de las políticas de aplicación de la ley de inmigración en Houston. En abril, el Concejo Municipal adoptó una normativa que restringe las circunstancias en las que los oficiales del HPD pueden comunicarse con ICE. Dicha regulación prohibió las detenciones extensas durante paradas de tráfico, finalizó la práctica previa del departamento de mantener a una persona hasta 30 minutos en espera de ICE ante una orden administrativa y estableció informes públicos trimestrales sobre las interacciones entre HPD y ICE.
Esa normativa pronto encontró oposición por parte de funcionarios estatales, quienes advirtieron sobre la posible retención de más de 110 millones de dólares en financiación de seguridad pública si Houston no modificaba su postura. En consecuencia, Whitmire abogó por enmendar la medida, argumentando que la ciudad no podía arriesgarse a perder subvenciones estatales y federales esenciales.
La nueva propuesta, a la que los miembros del consejo se refieren como su «ordenanza de inmigración Prop A», busca continuar desde donde quedó ese esfuerzo anterior y hacer que las protecciones sean más difíciles de revocar.
Miembros del consejo mencionan incidentes recientes de ICE
En una declaración conjunta, los tres miembros del consejo hicieron alusión a recientes incidentes relacionados con ICE como demostración de la necesidad de actuar con prontitud.
“El homicidio de Lorenzo Salgado Araujo y las graves lesiones sufridas por Miguel Parra Hernández a manos de ICE enfatizan la necesidad de una acción inmediata”, manifestaron Salinas, Pollard y Thomas.
Durante más de un año, las familias, los trabajadores y los defensores en Houston han solicitado que el Ayuntamiento limite la colaboración del HPD con el ICE. «La nueva normativa de inmigración Prop A se fundamenta en la iniciativa que logramos aprobar con éxito a principios de este año. Esta medida codificaría las protecciones establecidas en la orden ejecutiva del alcalde en la legislación de la ciudad, asegurando su permanencia más allá de cualquier administración, defendiendo los derechos constitucionales y manteniendo al HPD enfocado en la resolución de delitos graves».
Los miembros del consejo también mencionaron los resultados de las recientes elecciones estatales, donde los demócratas obtuvieron victorias significativas en Texas, incluyendo los cargos de gobernador y fiscal general.
«En la noche electoral, los tejanos se enfrentaron a la intimidación en Austin», afirmaron. «Los residentes de Houston han mostrado esa misma determinación durante más de un año. Es el momento para que el Ayuntamiento transforme estas protecciones en ley».
Estado actual de la situación
La orden ejecutiva de Whitmire ya ha sido implementada. El jefe de policía del HPD, J. Noe Díaz, indicó que la nueva directiva fue comunicada a los oficiales el mismo día de su anuncio y se leería en todos los pases de lista de la policía durante cinco días consecutivos.
El informe trimestral más reciente del departamento registró 88 interacciones relacionadas con situaciones de inmigración por parte del ICE entre julio y septiembre. De esos encuentros, 17 individuos fueron trasladados a la custodia del ICE y 58 fueron liberados en el lugar. El tiempo promedio de detención por infracción de tráfico aumentó a 46 minutos en septiembre, cifra que recibió severas críticas de Salinas y defensores de los derechos de los inmigrantes.
FIEL Houston, una organización de defensa de los inmigrantes, consideró la orden ejecutiva como un triunfo, aunque dejó claro que sus demandas más amplias permanecen sin cambios. «Hoy ha ganado Houston. Hoy nuestra comunidad puede respirar con mayor tranquilidad», expresó el director ejecutivo de FIEL, César Espinosa, en un comunicado.
«Como colectivo, continuamos exigiendo que el ICE abandone Houston», añadió.
La normativa propuesta aún no ha sido programada para su votación en el Concejo Municipal.
