Ocho individuos asociados con la pandilla internacional MS-13, que se encontraban en Estados Unidos sin la debida documentación, admitieron su culpabilidad en varios delitos violentos, que incluyen asesinatos realizados con métodos como machetes, bates de béisbol y estrangulamientos. Después de cometer los crímenes, enviaban imágenes de los cuerpos a los líderes de la pandilla en El Salvador como una forma de demostrar lealtad y dominio.
Estos ocho miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) se declararon culpables por sus roles en un esquema de extorsión que abarcó un número de asesinatos y manipulación de testigos en las áreas metropolitanas de Houston y Galveston, en Texas.
Las condenas para estos hombres, de nacionalidad salvadoreña e ingreso ilegal en el país, variarán entre 35 y 50 años de prisión federal.
“Este caso pone de manifiesto la grave amenaza que representan la MS-13 y otros grupos criminales terroristas para la seguridad de las comunidades en Estados Unidos”, expresó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
Aspectos de la investigación
De acuerdo con la documentación judicial revisada por Univision 45 y fuentes oficiales, los acusados eran parte de un grupo de la MS-13 responsable de varios asesinatos extremadamente violentos que ocurrieron entre 2017 y 2018.
La MS-13 es una organización de bandas callejeras con una marcada violencia y que se involucra en diversas actividades criminales en varias partes de Estados Unidos, incluyendo estados como Texas, Virginia, Maryland, Nueva York y California. También tiene una considerable influencia en Honduras.
Las víctimas consistían en supuestos miembros de pandillas contrarias y personas que habían colaborado o se creía que colaboraban con las autoridades. Estos asesinatos se llevaron a cabo mediante el uso de machetes, bates de béisbol y estrangulamientos; posteriormente, se enviaron fotografías de los cadáveres a los líderes de la organización en El Salvador para corroborar la “fidelidad” y “posición” de los autores.
“Las confesiones de culpabilidad que hemos presenciado hoy envían un claro mensaje de que el Departamento de Justicia tomará medidas drásticas y responsabilizará a los miembros de la MS-13 que recurren a la violencia y el asesinato con el fin de atemorizar a nuestras comunidades”, afirmó Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Penal del Departamento de Justicia.
Información sobre los condenados
Dentro de los condenados se encuentran Walter Antonio Chicas-García, alias Mejía, de 28 años, Wilson José Ventura-Mejía, conocido como Discreto, de 29 años y Miguel Ángel Aguilar-Ochoa, apodado Darki, de 40 años, todos ellos recibirán sentencias de 50 años.
Marlon Miranda-Morán, conocido como Chinki, de 26 años, enfrentará una condena de 35 años. Otros como Edgardo Martínez-Rodríguez, alias Largo, de 35 años, Carlos Alexi García-Gongora, alias García, de 27 años y Wilman Rivas-Guido, conocido como Inquieto, de 29 años, se enfrentarán a penas de entre 45 y 50 años. Por su parte, Luis Ernesto Carbajal-Peraza, alias Destino, de 33 años, tendrá una condena de entre 40 y 45 años.
La Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas lideró la investigación, contando con la colaboración del FBI, Homeland Security Investigations, así como de las fuerzas del orden locales y estatales de Texas y Maryland. Este caso se enmarca dentro de la iniciativa federal conocida como Operación Recuperar América, que tiene como objetivo combatir pandillas y organizaciones criminales internacionales mediante la colaboración de las autoridades federales y locales.
Las autoridades federales enfatizaron la gravedad de los delitos cometidos y el peligro que representan grupos como MS-13 para la seguridad pública. Resaltaron el compromiso de las agencias para desarticular estas redes delictivas y proteger a las comunidades más vulnerables en la zona metropolitana de Houston y Galveston.
Las sentencias se formalizarán durante una audiencia programada para noviembre, en la que el juez federal Jeffrey Brown evaluará los acuerdos planteados por las partes, considerando las directrices de las sentencias federales.
