Trump Quita Estatus Migratorio de Asilo a Afganos y Cameruneses

Este estatus migratorio proporciona un permiso de trabajo y protección contra la deportación a los extranjeros de los países que enfrentan diferentes problemas como un conflicto armado en curso
Por

El gobierno estadounidense puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos extranjeros. Este beneficio migratorio se otorga a los ciudadanos de algunos países que enfrentan problemas como un conflicto armado en curso, desastre ambiental o condiciones extraordinarias, tal y como informa el American Immigration Council en su página de internet.

Tal estatus proporciona un permiso de trabajo y protección contra la deportación a los extranjeros de los países incluidos en la designación. Miembros del American Immigration Council explican que el secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de decidir cuando un país merece la designación de TPS.

Dichas designaciones pueden ser otorgadas por 6, 12 o 18 meses y, por lo menos 60 días antes de que venza el TPS, el secretario debe decidir si se extiende o cancela, de acuerdo con las condiciones del país.

Miles de personas provenientes de Afganistán y Camerún perderán la protección temporal en Estados Unidos, según reportó Reuters, citando a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida afecta a más de 14.000 afganos y cerca de 8.000 cameruneses que habían recibido el beneficio, diseñado para proteger a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias que hacen peligroso su retorno.

El DHS ha decidido no renovar el TPS para los afganos que llegaron al país tras la retirada militar de Afganistán en 2021, durante la administración del presidente Joe Biden. Este programa, que tiene una duración de entre seis y dieciocho meses, fue otorgado inicialmente a miles de personas evacuadas tras la toma de poder por parte del Talibán, de acuerdo con Fox News.

Más de 82.000 afganos fueron trasladados fuera del país en ese momento como parte de la operación de evacuación liderada por las fuerzas estadounidenses.

“Al menos 60 días antes del vencimiento de una designación de TPS, la secretaria tras consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de EEUU, debe revisar las condiciones en el país designado para el TPS”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS en diálogo con Fox News Digital.

La secretaria determinó que Afganistán “ya no cumple con los requisitos legales para su designación al TPS”, añadió McLaughlin.

Esta decisión, según la portavoz del DHS, estuvo basada en una revisión de las condiciones de Afganistán llevada a cabo por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), en el proceso, la agencia consultó con el Departamento de Estado (DOS).

Shawn VanDriver, veterano y presidente de la organización sin fines de lucro #AfghanEvac, encargada de ayudar a los afganos a asentarse en EEUU, explicó que las condiciones no han mejorado, por el contrario, han empeorado.

“A los afganos que fueron invitados, que construyeron sus vidas aquí, ahora se les dice que no importan. Es cruel, es caótico y socava todo lo que EEUU afirmó representar cuando prometimos no abandonar a nuestros aliados”, declaró VanDriver durante una entrevista con NPR.

Andrew Sullivan, director ejecutivo de la organización No One Left Behind, explicó durante una entrevista con NPR que muchos de los aliados “cumplieron con el sustancial y valioso servicio” que se requiere para la seguridad nacional en el país, sin embargo, están en proceso de obtener una SIV “debido a la pérdida de documentos y conexiones en el caos de la retirada estadounidense”.

Hace un mes, el DHS también trató de revocar el TPS a los ciudadanos venezolanos, no obstante, la medida fue impugnada y un juez federal la suspendió el 31 de marzo.

Edward Chen, juez federal de distrito en San Francisco, dijo que esta acción ocasionaría un daño irreparable a los beneficiarios del TPS, según declaraciones citadas por el medio.

Llega el Día de la Liberación

El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que el anuncio de aranceles programado para el miércoles equivaldrá a un “Día de la Liberación” para Estados Unidos. Sin embargo, es poco probable que las empresas estadounidenses y los mercados financieros se liberen de la incertidumbre generada por su fluctuante política comercial.

Algunas grandes preguntas se resolverán cuando Trump anuncie lo que se espera sean aranceles recíprocos que implican aumentar los derechos de importación en Estados Unidos para igualar los gravámenes que otros países imponen a los productos estadounidenses. Las empresas tendrán una mejor idea de cuántos países se verán afectados y cuán altos serán los aranceles.

Aun así, seguirá habiendo dudas en torno al comercio y los aranceles durante los próximos meses, señalan los economistas. Hay más aranceles en proceso, y podrían aplicarse a industrias específicas como la farmacéutica, el cobre y la madera. Y Estados Unidos podría llegar a acuerdos con otros países que podrían alterar los aranceles recíprocos. También habrá innumerables detalles que podrían tardar meses en resolverse para determinar con precisión qué importaciones serán gravadas.

Como resultado, pocos analistas esperan que el anuncio del miércoles traiga la certeza que muchas empresas —y los inversores de Wall Street— anhelan.

“El 2 de abril es cuando todo esto comienza, no cuando todo esto termina”, dijo Kelly Ann Shaw, exasesora comercial sénior de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. “En algún momento esto se estabilizará. Pero como estamos al principio de lo que será fundamentalmente una reconsideración total del sistema comercial global, habrá muchas más preguntas que respuestas a corto plazo”.

Por ahora, una medida de la incertidumbre en la política económica elaborada por Nicholas Bloom, economista de la Universidad de Stanford, y dos colegas, está en su nivel más alto desde su creación en 1985, excepto por el periodo de la pandemia.

Cuando las empresas no están seguras de hacia dónde se dirige la política económica, es más probable que pongan en espera grandes proyectos de inversión y que ralenticen la contratación, dijo Bloom. Y cuando no están seguros, los consumidores suelen adoptar un enfoque más cauteloso al gastar.

“El 2 de abril podría reducir la incertidumbre si este es un anuncio único y final sobre aranceles”, comentó Bloom. “Pero sospecho que será uno de una serie de constantes anuncios”.

Trump “ha sido inequívocamente claro durante décadas sobre la necesidad de restaurar la grandeza estadounidense”, dijo el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai. “Estados Unidos no puede ser sólo un ensamblador de piezas fabricadas en el extranjero; debemos convertirnos en una potencia manufacturera que domine cada paso de la cadena de suministro de industrias que son críticas para nuestra seguridad nacional e intereses económicos”.

Randy Carr, director general de World Emblem, dijo que espera que los productos que fabrica en México y Canadá sean objeto de un arancel del 25% desde el miércoles. La empresa ya ha notificado a los clientes que aumentará los precios un 8%. World Emblem fabrica insignias, parches y etiquetas para empresas, universidades y agencias policiales.

En febrero, Carr puso en espera una inversión de aproximadamente 9 millones de dólares, la mayor parte de la cual planeaba gastar en inteligencia artificial y comercio en línea. Ha comenzado a gastar parte de ese dinero, pero lo está haciendo más lentamente de lo que preferiría.

“No sabemos si necesitaremos el dinero para los aranceles”, dijo. “Quién sabe qué pasará el miércoles”.

Ya están en vigor aranceles estadounidenses sobre automóviles, acero, aluminio y todas las importaciones de China. Las encuestas han encontrado una incertidumbre generalizada entre las empresas manufactureras e incluso entre los ejecutivos de compañías petroleras, quienes dicen que el aumento de costos por el tubo de acero reducirá sus ganancias.

Emerald Packaging, que fabrica envases para productos agrícolas y cuyos clientes incluyen a Walmart y Kroger, está suspendiendo la inversión por ahora, dada la incertidumbre.

Su director general, Kevin Kelly, dijo que la empresa con sede en Union City, California, aprendió una gran lección durante el apogeo de la pandemia. Comenzó 2021 con 7 millones de dólares en efectivo, pero agotó sus reservas a fin de año debido a los costos de navegar por los problemas de la cadena de suministro.

“No estamos gastando dinero en este momento”, dijo. “Estamos tratando de acumular efectivo… porque necesitaremos un colchón”.

Una razón por la que es probable que la perspectiva poco clara en torno a los aranceles permanezca durante meses es que Trump quiere mantener cierta incertidumbre sobre sus próximos pasos como estrategia de negociación, dijo Shaw.

“La ambigüedad intencional es un componente clave” de su enfoque en las conversaciones comerciales, dijo Shaw. Esas negociaciones seguramente comenzarán después de que se anuncien los aranceles recíprocos y podrían tardar meses en resolverse.

Al mismo tiempo, Trump debe recibir una serie de informes esta semana sobre las políticas comerciales de otros países, incluidos los aranceles, pero también los subsidios, la manipulación de divisas y las políticas fiscales que los funcionarios de Trump dicen que pueden distorsionar el comercio. Esos informes podrían provocar más medidas.

Y luego está la confesada afición de Trump por los aranceles y su disposición a usarlos para una variedad de objetivos políticos, incluidos aumentar los ingresos, forzar acciones sobre el tráfico de fentanilo y traer de vuelta la manufactura. La Casa Blanca también ha dicho que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que compre petróleo de Venezuela, aunque eso también incluye a Estados Unidos.

“Dado que los aranceles parecen ser una respuesta para cada problema, ¿quién sabe qué podría pasar después y qué llevará a otra ronda ad hoc de aranceles?”, indicó Marc Busch, profesor de diplomacia empresarial internacional en la Universidad de Georgetown.

Una gran pregunta para la economía es cuánto tiempo podría durar esto.

Matthew Luzzetti, economista de Deutsche Bank, dijo que incluso si el anuncio del miércoles fuera la última palabra sobre los aranceles, la incertidumbre en torno a las acciones del presidente hasta ahora podría reducir el crecimiento en aproximadamente 1% durante varios trimestres.

“Si esa incertidumbre se extendiera más o permaneciera elevada por más tiempo, eso sólo amplificaría los efectos”, dijo Luzzetti.

Neil Bradley, director de políticas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo que incluso con más certeza, agregar aranceles perjudicará la economía.

“En la medida en que el 2 de abril proporcione claridad, entonces puedes comenzar a hacer ajustes y planes”, dijo Bradley. “Pero tener certeza sobre políticas económicamente perjudiciales no es positivo”.

Exigen a más de Medio Millón de Persona que Dejen el País

Sobre las 12 del mediodía del pasado sábado 29 de marzo, varios beneficiarios del parole humanitario recibieron un correo electrónico por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

El mensaje fue enviado a 532.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, en el que se les informó que tienen aproximadamente un mes para volver a sus países de origen y evitar complicar su situación en el territorio norteamericano.

De acuerdo con algunos ciudadanos, durante la administración anterior a cargo de Joe Biden, el exmandatario les facilitó un permiso de inmigración temporal con el cual podían ingresar a los Estados Unidos si eran víctimas de violencia o algún tipo de persecución interna.

Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió revocar esta figura legal, por lo que más de 500.000 personas dejarán de contar con el permiso de trabajo y cualquier otro tipo de protección que impida la deportación.

En ese sentido, según un documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la medida entrará en vigor a partir del próximo 24 de abril de 2025, debido a que se cumplen 30 días desde su anuncio oficial.

Dentro de la carta enviada a los migrantes a través del correo electrónico, las autoridades estadounidenses recomendaron una autodeportación para que salgan del país antes de la fecha estipulada, ya que, en caso de no hacerlo, podrán tener consecuencias significativas.

El mensaje también destacó que una vez se termine el período para que los ciudadanos abandonen los Estados Unidos por iniciativa propia, aquellos que decidan ignorar la advertencia y permanezcan en el territorio, podrán ser expulsados sin contemplaciones conforme a lo señalado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

El Gobierno de Trump también expresó que sus intenciones de acabar con los beneficios de esta figura legal siempre fueron claras, por lo que la información relacionada con el proceso de revocación era de conocimiento público.

Tras la cancelación de la medida, los migrantes que opten por seguir las indicaciones de la carta y decidan salir por vía terrestre, deberán notificar la novedad en la aplicación móvil CBP Home, la cual ofrece acceso a diversos servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aseguró que aquellas personas que no hayan solicitado un ajuste en su estatus migratorio, a pesar de que ahora cuenten con una base legal para permanecer en el territorio nacional, también pueden ser deportadas de forma acelerada.

Se Disparan en Miles de Dólares los Costos de los Automóviles

Prepárese para pagar más por su próximo auto. Los precios de los autos en Estados Unidos empezarán a subir muy pronto, quizás en las próximas semanas.

Esto se debe a que el presidente Donald Trump anunció una vez más planes para imponer aranceles del 25% a las importaciones de automóviles y piezas que entrarán en vigor este 3 de abril, una medida que aumentará el costo de producción de todos los automóviles vendidos en Estados Unidos (tanto los importados como los construidos en fábricas estadounidenses) en miles de dólares cada uno.

Estos costos adicionales elevarán rápidamente los precios de los automóviles si los aranceles entran en vigor. Los planes previos de aranceles se habían suspendido o pospuesto en dos ocasiones.

“Va a ser caro”, dijo Ivan Drury, director de análisis de Edmunds.com. Añadió que será una sorpresa desagradable que podría llegar mucho antes de lo que la mayoría de la gente cree, incluso antes de que algunos de los vehículos cuya producción ahora costará más lleguen a los concesionarios locales.

En una vista aérea, se retiran vagones nuevos de un tren en una estación de ferrocarril el 4 de marzo de 2025 en Richmond, California.

“Es demasiado pronto para saber cuánto”, dijo. “Pero serán un par de miles de dólares, si no más”.

Los fabricantes de automóviles no necesariamente aumentarán sus precios mayoristas, que pagan los concesionarios, con el costo total de los aranceles, afirmó Drury. Pero hay otras maneras de trasladar los costos a los compradores de automóviles.

“Simplemente pueden eliminar algunos incentivos que son bastante lucrativos”, dijo. Si los fabricantes de automóviles retiran una oferta de préstamos para automóviles con una tasa de interés subsidiada del 1,9%, reducirán sus costos, pero aumentarán el costo para los compradores de entre US$ 6.000 y 7.000 por vehículo, añadió Drury.

Aunque los aranceles buscan impulsar la manufactura estadounidense al atraer compradores hacia automóviles fabricados en Estados Unidos, los automóviles fabricados en fábricas estadounidenses seguirán sujetos a aranceles. Esto se debe a que no existe un automóvil exclusivamente estadounidense. Los 10,2 millones de automóviles producidos en fábricas estadounidenses el año pasado se ensamblaron con una cantidad significativa de piezas importadas, principalmente de Canadá y México.

“Se estima, de forma conservadora, que el contenido nacional promedio es de tan solo el 50% y probablemente se acerque al 40%”, según una hoja informativa publicada este miércoles por la administración Trump. Por lo tanto, un automóvil “estadounidense” cuya fabricación cueste US$ 40.000 podría verse afectado por aranceles de US$ 5.000, ya que la mitad de sus piezas provienen de otros países.

Impacto de precio

Trump predijo este miércoles en el Despacho Oval que los precios de los automóviles caerían debido a los aranceles.

“Verán que los precios bajarán, pero bajarán específicamente porque comprarán lo que estamos haciendo, incentivando a las empresas e incluso a los países con empresas a venir a Estados Unidos y construir”, dijo Trump.

Pero los expertos de la industria prevén lo contrario: los precios subirán tanto para fabricantes como para consumidores. Las estimaciones sobre el impacto de los aranceles en los costos de producción oscilan entre US$ 3.500 y US$ 12.000 o más por vehículo, dependiendo del modelo, según Anderson Economic Group, un centro de estudios con sede en Michigan.

“Probablemente no haya ningún vehículo en el mercado hoy en día que no se vea afectado de alguna forma por los aranceles”, declaró recientemente a CNN Peter Nagle, economista automotriz de S&P Global Mobility. “Creo que los precios empezarán a cambiar en las próximas dos semanas posteriores a la entrada en vigor de los aranceles”.

La camioneta Ford F-150 en la línea de ensamblaje en la planta de Ford en Dearborn, Michigan. Aunque la camioneta se ensambla en fábricas de EE.UU., menos de la mitad de sus partes son de fabricación estadounidense.

El costo adicional de las tarifas es solo una parte de la cuestión de los precios, afirmó Drury. Los precios de los autos se deciden en gran medida con base en millones de negociaciones individuales que se llevan a cabo entre un concesionario y un comprador.

“Sí, el costo es un factor. Pero, en definitiva, el precio acordado se basa en la economía básica: la oferta y la demanda”, dijo.

Y esa es la razón por la que los precios de los automóviles podrían comenzar a subir incluso antes de que los vehículos afectados por los aranceles lleguen al concesionario más cercano, dijo Drury.

Para la mayoría de los fabricantes de automóviles que no sean Tesla, los concesionarios que negocian con los compradores son propietarios de negocios independientes que compraron los automóviles a precios mayoristas a los fabricantes de automóviles y luego deciden ellos mismos cuánto cobrar.

“El inventario actual en los lotes de los concesionarios acaba de aumentar de valor”, dijo Drury.

Los concesionarios que saben que la próxima ronda de entregas costará más no estarán tan ansiosos por llegar a un acuerdo sobre su suministro actual de automóviles, incluso si sus existencias no se vieron afectadas por ningún arancel cuando se compraron.

¿Acciones en baja?
El otro impacto importante sobre los precios podría provenir de una disponibilidad significativamente menor de automóviles.

Es probable que los fabricantes de automóviles reduzcan la producción de automóviles a la espera de ver si los aranceles resultan ser efímeros. También podrían estar preocupados por la posibilidad de que el costo adicional de los aranceles pueda afectar negativamente a algunos compradores potenciales. Una oferta reducida de automóviles nuevos puede, por sí sola, aumentar los precios.

Eso fue lo que sucedió en 2021, cuando la escasez de chips de computadora generó profundos recortes en la producción de automóviles, lo que resultó en un aumento vertiginoso de los precios de los automóviles nuevos y usados.

El precio promedio de transacción aumentó rápidamente, un 17% para vehículos nuevos entre enero y diciembre de ese año, según datos de Edmunds. Los precios de los autos usados ​​subieron un 32% durante el mismo período. Esta vez, el impacto podría ser similar.

“Si los aranceles se aprueban esta vez, para mediados de abril, prevemos interrupciones en prácticamente toda la producción de vehículos en Norteamérica, lo que representa una reducción de 20.000 vehículos producidos al día, lo que representa un impacto de aproximadamente el 30% en la producción”, declaró Jonathan Smoke, economista jefe de Cox Automotive, durante una conferencia de prensa este miércoles. “En resumen, una menor producción, una oferta más limitada y precios más altos están a la vuelta de la esquina, como en 2021”.

“Pocos pensaron que sería posible romper la cadena con México y Canadá, pero parece que está a punto de suceder”, añadió. “El 3 de abril parece un día catastrófico si se aprueban esos aranceles a México y Canadá”.

Trump Frena Trámite de Residencia Para Refugiados

La Administración de Donald Trump ha pausado el proceso de residencia permanente, conocido como green card (tarjeta verde), para algunos migrantes que la han solicitado en los últimos años. Los afectados son principalmente refugiados y asilados, de acuerdo a la cadena CBS, quien adelantó la noticia. Washington justifica la medida argumentando que muchos fraudes se han cometido durante la solicitud de la residencia. El freno a un largo trámite que puede tardar años, deja en un limbo legal a quienes lo solicitaron y se suma a la zozobra que ha dejado la ofensiva del Gobierno federal contra los migrantes, muchos de ellos con estatus legal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por las siglas en inglés, notificó recientemente a sus empleados que deben pausar hasta nuevo aviso todo proceso que haya sido iniciado por inmigrantes que arribaron al territorio estadounidense en calidad de refugiados o gracias al asilo.

USCIS considera este freno un “ajuste de estatus“. “Algunas solicitudes pendientes serán sometidas a una revisión más exhaustiva para identificar potenciales fraudes, amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado dirigido a la CBS.

La institución encabezada por Kirsti Noem asegura que estos procesos fueron laxos durante la presidencia de Joe Biden. Pero las cifras no acompañan estos dichos. Las autoridades dieron la nacionalidad (un proceso distinto a la tarjeta verde) a 875.000 nuevos ciudadanos durante el primer año del mandatario demócrata. La cifra representaba un 9% menos comparado con los 969.000 que fueron naturalizados en el año fiscal 2022, el que más nuevos estadounidenses registró en una década. El número no cambió durante el 2024, el último de Biden en la Casa Blanca. En tres años, el país sumó unos 2,6 millones de nuevos ciudadanos.

Desde su retorno a la Casa Blanca Trump instruyó a todo el Ejecutivo, mediante un par de memorandos, a incrementar la vigilancia en los trámites de inmigración al país, desde la expedición de los visados temporales hasta la green card. “Estados Unidos debe asegurarse de que todos los inmigrantes admitidos y extranjeros ya presentes en el país no tengan actitudes hostiles contra sus ciudadanos, la cultura, el Gobierno, sus instituciones y nuestros principios fundacionales”, aseguraba Trump en un documento fechado el pasado 20 de enero, el primer día de la segunda presidencia del republicano.

El Gobierno de Estados Unidos, sea del partido que sea, suele añadir requisitos o modificarlos para la residencia permanente. A finales de 2024, aún en la era del demócrata Joe Biden, el USCIS informó que sería necesario presentar un examen médico junto a los formularios que exige el trámite.

El freno a los procesos de la green card se suman al golpe contra el parole humanitario. Washington canceló esta semana el estatus legal en el país y las visas de trabajo para centenares de miles de inmigrantes llegados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití en los años recientes. Esto deja sin protección contra la deportación a unas 530.000 personas en todo el país, no solo a los beneficiarios de la libertad condicional, sino a sus familiares inmediatos, quienes deberán autoexpulsarse del país en las próximas semanas si es que no quieren ser cazados por agentes de ICE, la policía migratoria.

Además, la semana pasada, la Administración canceló los contratos a decenas de organizaciones no gubernamentales y despachos jurídicos que trabajan en el procesamiento de casos de asilo de los menores no acompañados. Decenas de miles de niños migraron solos a Estados Unidos en los últimos años. El Ejecutivo ha puesto obstáculos para que todos estos indocumentados menores de edad puedan permanecer en el territorio estadounidense. Las autoridades federales argumentan que la cancelación responde a supuestos fraudes y abusos que se han detectado en este tipo de casos.

Funcionarios de Defensa Agregar sin Querer a Periodista Dándole Detalles de Ataques

Exfuncionarios de seguridad nacional reaccionaron con sorpresa y horror ante las revelaciones en The Atlantic de que miembros de alto nivel del gabinete del presidente Donald Trump enviaron planes operativos detallados y otra información probablemente altamente clasificada sobre ataques militares estadounidenses en Yemen a un chat grupal en una aplicación de mensajería a la que un periodista había sido agregado por accidente.

El Gobierno de Trump reconoció que los mensajes, enviados a través de la aplicación de chat encriptada no gubernamental Signal, parecen ser auténticos, sin ofrecer ninguna explicación de por qué funcionarios de alto rango estaban tratando información de defensa nacional fuera de los sistemas clasificados gubernamentales aprobados.

Según The Atlantic, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, convocó a principios de este mes a una conversación por mensaje de texto con altos funcionarios estadounidenses, incluido el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, para hablar sobre ataques contra combatientes hutíes en Yemen que habían estado amenazando la navegación internacional en el mar Rojo. Waltz, al parecer por accidente, agregó al editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a la conversación.

Los mensajes comenzaron con un debate sobre cuándo debería lanzarse la acción, mientras Goldberg seguía la conversación. Se realizaron los ataques, y los participantes se felicitaron mutuamente por un trabajo bien hecho durante un breve intercambio posterior a la acción, antes de que Goldberg se retirara.

“Dios santísimo”, dijo un alto exfuncionario de EE.UU., reaccionando al informe.

“No”, dijo otro, de manera rotunda, cuando se le preguntó si había habido un uso análogo de la aplicación durante la administración de Biden.

Signal es una aplicación de mensajería encriptada que es popular en todo el mundo, incluidos periodistas y funcionarios gubernamentales. Los funcionarios de la administración de Biden también la usaron rutinariamente para hablar de la planeación logística de reuniones y, en ocasiones, para comunicarse con contrapartes extranjeras.

Pero el uso de Signal para tratar la planeación de operaciones militares ―entre los secretos más protegidos que tiene Estados Unidos, en parte debido al impacto potencial en la vida de los miembros del servicio estadounidense― es un riesgo sorprendente para la seguridad nacional, dijeron exfuncionarios. Varios funcionarios mencionaron que no podían recordar ningún caso en el que Signal se utilizara para comunicar información clasificada o conversar sobre operaciones militares. Los altos funcionarios en el chat grupal tienen acceso a sistemas de comunicación clasificados y cuentan con personal cuya labor es asegurar que las comunicaciones de información sensible permanezcan seguras.

“Violaron cada procedimiento conocido por el hombre sobre la protección del material operativo antes de un ataque militar”, dijo un ex alto funcionario de inteligencia. “Tienes un colapso total en la seguridad sobre una operación militar”, agregó.

La confianza en la seguridad de Signal se refuerza por el hecho de que la aplicación es de código abierto, lo que significa que este está disponible para que expertos independientes lo examinen en busca de vulnerabilidades. Pero, al igual que cualquier aplicación de mensajería con objetivos de alto valor, hackers respaldados por fuerzas estatales han intentado encontrar forma de acceder a los chats de Signal, dejando abierta la posibilidad de que pueda ser vulnerable a ojos curiosos.

Un informe del mes pasado de la empresa de seguridad Mandiant, propiedad de Google, encontró que espías vinculados a Rusia habían intentado infiltrarse en las cuentas de Signal de personal militar ucraniano haciéndose pasar por contactos confiables de Signal.

Un funcionario de inteligencia occidental elogió a Signal como excelente por su encriptación, pero afirmó que “nunca debería utilizarse para datos clasificados u operativos, y mucho menos para conversaciones políticas de alto nivel gubernamental”.

Este tipo de violación podría “impactar el nivel de confianza entre socios y aliados”, dijo el funcionario. “Ahora definitivamente es un buen momento para darles una lección o dos a sus funcionarios de más alto rango sobre comunicaciones internas y cómo hacerlo de una manera adecuada”, añadió.

Un error que normalmente derivaría en una investigación
Utilizar un chat de Signal para compartir información altamente clasificada y accidentalmente incluir a un reportero en la conversación también plantea la posibilidad de violaciones de leyes federales como la Ley de Espionaje, que convierte en un delito el manejo indebido de información de defensa nacional. Es una ley que se utilizó en la acusación del Departamento de Justicia contra Trump por acumular documentos clasificados en lugares no autorizados, como un baño en Mar-a-Lago, después de dejar su primer mandato.

Bajo circunstancias normales, un error como este derivaría en una investigación por parte del FBI y la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia, según exfuncionarios del Departamento de Justicia.

Eso es poco probable en esta ocasión, en parte porque algunos de los altos funcionarios de la administración de Trump en el chat de Signal serían los que pedirían tal investigación.

El Departamento de Justicia suele depender de recibir un informe de delito de la agencia de origen de la información de defensa nacional, en este caso, el Departamento de Defensa. Los funcionarios de alto rango en la conversación también cuentan con lo que se conoce como autoridad de clasificación original, lo que significa que pueden rebajar el estado de clasificación de la información.

Pero si funcionarios de nivel inferior cometieran un error similar, no hay duda de que habría consecuencias, incluida la posible pérdida de sus credenciales de seguridad, dicen funcionarios actuales y anteriores. Las regulaciones del Pentágono establecen específicamente que las aplicaciones de mensajería, incluido Signal, “NO están autorizadas para acceder, transmitir, procesar información no pública (del Departamento de Defensa)”.

“Si alguien más lo hiciera, no hay duda de que se investigaría”, dijo un exfuncionario del Departamento de Justicia.

Trump afirmó no saber nada sobre lo que sucedió.

“No sé nada al respecto”, dijo este lunes a reporteros cuando se le preguntó sobre el artículo de Goldberg.

“No soy un gran fan de The Atlantic. Para mí, es una revista que se está quedando fuera del negocio. Creo que no es una gran revista. Pero no sé nada al respecto”, dijo Trump.

“No podría haber sido muy efectivo, porque el ataque fue muy efectivo. Puedo decirte, no sé nada al respecto. Me estoy enterando de esto”, añadió.

‘Alguien necesita ser despedido’
Durante el transcurso de la conversación, Hegseth envió “detalles operativos sobre ataques próximos en Yemen, incluida información sobre objetivos, armas que EE.UU. desplegaría y secuenciación de ataques”, según The Atlantic. En otra parte de la conversación, el director de la CIA, John Ratcliffe, envió “información que podría interpretarse como relacionada con operaciones de inteligencia actuales y reales”.

Todo esto casi seguramente estaría clasificado al más alto nivel, dijeron exfuncionarios.

“Alguien necesita ser despedido”, dijo a CNN el exsecretario de Defensa y exdirector de la CIA Leon Panetta. “Cómo se agregó el nombre de un periodista a esa lista… esto es simplemente un grave error”, dijo, señalando que si hubiera sido alguien distinto a Goldberg, podrían “revelar esta información de inmediato a los hutíes en Yemen que estaban a punto de ser atacados”. “Y ellos, a su vez, podrían haber (…) atacado instalaciones estadounidenses en el mar Rojo, causando bajas entre nuestras tropas”, abundó.

El Gobierno de EE.UU. tiene varios sistemas para transferir y comunicar información clasificada, incluido el sistema de enrutador de protocolo de internet secreto (SIPR, por sus siglas en inglés) y el sistema conjunto de comunicaciones de inteligencia mundial (JWICS, por sus siglas en inglés). Los altos funcionarios gubernamentales, incluido el secretario de Defensa, el vicepresidente, el secretario de Estado y otros, tienen acceso a estos sistemas en prácticamente todo momento, incluidos teléfonos y computadoras portátiles específicamente configuradas para información clasificada.

Un ex alto funcionario de Defensa de EE.UU. dijo que no se puede enviar información secreta de uno de estos sistemas a una red no clasificada. Hegseth ―o alguien que trabajaba para él― habría tenido que hacerlo manualmente. El funcionario dijo que esto implica un manejo flagrantemente indebido de información clasificada y una transferencia ilegal del material de un sistema clasificado a una red no clasificada.

Hegseth “de alguna manera tuvo que transferirlo o copiarlo para poder enviarlo a Signal en primer lugar”, dijo el funcionario. “No puedes reenviar un correo electrónico clasificado a un sistema no clasificado. Tendrías que imprimirlo o teclearlo mientras miras ambas pantallas. Así que tuvo que haberlo hecho o alguien tuvo que haberlo hecho por él de esa manera”.

“Este parece ser un intercambio de mensajes auténtico, y estamos revisando cómo se añadió un número inadvertido al chat. La conversación es una demostración de la profunda y reflexiva coordinación de políticas entre altos funcionarios. El éxito continuo de la operación de los hutíes demuestra que no hubo amenazas para las tropas ni para la seguridad nacional”, dijo Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, en un comunicado a CNN.

Vance es citado en los textos expresando preocupación sobre que los ataques fueran un “error” y la incertidumbre de que Trump estuviera al tanto de cómo los ataques a los rebeldes hutíes serían inconsistentes con el mensaje sobre Europa.

“No estoy seguro de que el presidente esté consciente de cuán inconsistente es esto con su mensaje sobre Europa en este momento. Hay un riesgo adicional de que veamos un aumento, entre moderado y severo, en los precios del petróleo. Estoy dispuesto a apoyar el consenso del equipo y guardarme estas preocupaciones. Pero hay un fuerte argumento para retrasar esto un mes, hacer el trabajo de mensajería sobre por qué esto es importante, ver cómo está la economía, etc.”, escribió Vance en el chat grupal de Signal, según The Atlantic.

Los funcionarios de la administración de Trump parecen haber reaccionado a ese elemento del informe, sin señales en absoluto de que el uso de Signal para este propósito planteara preocupaciones de seguridad nacional.

En un comunicado a CNN, William Martin, director de comunicaciones del vicepresidente, dijo: “La primera prioridad del vicepresidente es siempre asegurarse de que los asesores del presidente le estén proporcionando adecuadamente sobre el contenido de sus deliberaciones internas. El vicepresidente Vance apoya inequívocamente la política exterior de esta administración. El presidente y el vicepresidente han tenido conversaciones posteriores sobre este asunto y están en total acuerdo”.

Los demócratas en el Congreso reaccionaron instantáneamente con indignación, con al menos un miembro sénior señalando que planeaba presionar a altos funcionarios de inteligencia cuando comparecieran este miércoles ante legisladores en una audiencia previamente programada ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre amenazas a la seguridad nacional. (Los mismos funcionarios, incluido Ratcliffe, también comparecerán ante un panel del Senado el martes).

“Estoy horrorizado por los informes de que nuestros funcionarios de seguridad nacional más altos, incluidos los jefes de múltiples agencias, compartieron información sensible y casi seguramente clasificada a través de una aplicación de mensajería comercial, incluidos planes de guerra inminentes”, dijo el representante Jim Himes, de Connecticut, el demócrata principal en la Comisión de Inteligencia de la Cámara, citando los “riesgos calamitosos de transmitir información clasificada a través de sistemas no clasificados.”

“Si es cierto, estas acciones son una flagrante violación de las leyes y regulaciones que existen para proteger la seguridad nacional, incluida la seguridad de los estadounidenses que sirven en situaciones de peligro”.

En el pasado, algunos de los participantes en la cadena de texto se han manifestado contra el uso de plataformas no gubernamentales para llevar asuntos oficiales sensibles.

“Hillary Clinton puso algunos de los más altos y más sensibles datos de inteligencia en su servidor privado porque tal vez piensa que está por encima de la ley”, dijo el entonces senador de Florida, Marco Rubio, en un foro en Iowa en 2016. “O tal vez solo quería la conveniencia de poder leer estas cosas en su Blackberry. Esto es inaceptable. Esto es algo que descalifica”, agregó.

Trump se Prepara Para Desaparecer el Departamento de Educación

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene previsto firmar el jueves un decreto para iniciar el proceso de desmantelamiento del Departamento de Educación, dijeron dos funcionarios de la administración a CNN, una medida que comenzará a cumplir una importante promesa de campaña.

El presidente está listo para hacer el movimiento en un evento el jueves por la tarde en la Casa Blanca, dijeron los funcionarios. Se trata de un evento al que los gobernadores republicanos, los funcionarios estatales de educación y los escolares también están invitados a asistir.

“El decreto del presidente Trump para ampliar las oportunidades educativas empoderará a los padres, los estados y las comunidades para tomar el control y mejorar los resultados para todos los estudiantes”, dijo el portavoz de la Casa Blanca Harrison Fields en un comunicado.

El Departamento de Educación de EE.UU. recortará alrededor del 50% de su fuerza laboral

USA Today fue el primero en informar de la firma prevista para el jueves. CNN informó a principios de este mes que la Casa Blanca estaba redactando la orden para iniciar el proceso de cierre del Departamento de Educación.

Es el último movimiento de la Casa Blanca para poner a prueba la autoridad ejecutiva del presidente, con acciones legales ya preparadas por los partidarios de la educación que se oponen a la decisión.

Durante la campaña electoral, Trump prometió que tomaría medidas para desmantelar la agencia una vez que estuviera de nuevo en el cargo, señalando al departamento como un signo de extralimitación federal y vinculándolo a cuestiones de guerra cultural.

“Le dije a Linda (McMahon): ‘Linda, espero que hagas un gran trabajo al quedarte sin trabajo’. Quiero que se quede sin trabajo en el Departamento de Educación”, dijo Trump en febrero.

La firma llegaría después de que la agencia anunciara recortes de plantilla de casi el 50% a principios de este mes, lo que supone el despido de unos 1.300 empleados, además de los cientos que se acogieron a salidas voluntarias.

Los sindicatos ya están reaccionando.

“Donald Trump y Elon Musk han apuntado su bola de demolición contra las escuelas públicas y el futuro de los 50 millones de estudiantes en comunidades rurales, suburbanas y urbanas en todo Estados Unidos, desmantelando la educación pública para pagar dádivas fiscales para multimillonarios”, dijo la presidenta de la Asociación Nacional de Educación, Becky Pringle, en un comunicado.

“Si tienen éxito, las acciones continuas de Trump perjudicarán a todos los estudiantes al disparar el tamaño de las clases, recortar los programas de capacitación laboral, encarecer la educación superior y ponerla fuera del alcance de las familias de clase media, eliminar los servicios de educación especial para estudiantes con discapacidades y recortar las protecciones de los derechos civiles de los estudiantes”, agregó.

Crece Conflicto Entre Trump y Poder Judicial

En una inusitada muestra de conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, rechazó la petición de iniciar un juicio político a los jueces poco después de que el presidente Donald Trump exigiera la destitución de uno que falló en contra de su plan de deportaciones.

La reprimenda del líder de la Corte Suprema demostró cómo la controversia sobre los recientes vuelos de migrantes venezolanos ha escalado en un choque constitucional entre dos de los hombres más poderosos del país.

“Durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, afirmó Roberts. “Para ello existe el proceso normal de revisión en apelación”.

La insólita declaración se produjo apenas unas horas después de una publicación en las redes sociales de Trump, quien describió al juez federal de distrito James E. Boasberg como un “alborotador y agitador” no electo. Boasberg había emitido una orden para bloquear los vuelos de deportación que Trump estaba llevando a cabo invocando a las autoridades de tiempos de guerra de una ley del siglo XVIII.

“¡No ganó nada! Gané por muchas razones, por un mandato aplastante, pero la lucha contra la inmigración ilegal puede haber sido la razón número uno de esta victoria histórica”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “Sólo estoy haciendo lo que los votantes querían que hiciera. Este juez, como muchos de los ‘jueces corruptos’ ante los que me veo obligado a comparecer, ¡¡¡debería ser destituido!!!”.

Aunque Trump ha criticado rutinariamente a los jueces, especialmente cuando limitan sus esfuerzos por expandir el poder presidencial, su última publicación escaló su conflicto con un poder judicial que ha sido uno de los pocos frenos a su agenda agresiva. La destitución por juicio político es un paso raro que generalmente se toma solo en casos de grave conducta ética o criminal.

La relación entre Roberts y Trump ha cambiado a lo largo de los años. Roberts hizo hincapié en la independencia judicial durante el primer mandato de Trump, discrepando con la descripción del presidente de un juez que rechazó su política de asilo de migrantes como un “juez de Obama” en 2018.

Antes de que Trump asumiera su segundo mandato, Roberts advirtió sobre las amenazas al poder judicial y pidió que incluso las decisiones judiciales impopulares fueran respetadas.

El presidente del tribunal también tuvo un papel destacado en una importante decisión el año pasado que afirmaba que los presidentes tienen una amplia inmunidad ante la persecución penal. La decisión ayudó a Trump a evitar uno de sus juicios penales antes de las elecciones que lo llevaron de regreso a la Casa Blanca.

Trump recibió a Roberts calurosamente a principios de este mes, agradeciéndole y diciendo “no lo olvidaré” mientras los jueces asistían a su discurso ante una sesión conjunta del Congreso. El presidente dijo más tarde que estaba agradeciendo a Roberts por haberlo juramentado en el cargo.

La última disputa que involucra al poder judicial surge después de que un tribunal cuestionara su invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley solo se ha utilizado tres veces antes en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso. Trump emitió una proclamación de que la ley estaba en vigor debido a lo que él afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Su gobierno está pagando a El Salvador para encarcelar a supuestos miembros de la pandilla.

Boasberg, quien fue nombrado por el presidente Barack Obama, convocó una audiencia el lunes para discutir lo que llamó “posible desobediencia” a su orden después de que dos vuelos de deportación continuaran hacia El Salvador a pesar de su orden verbal de que regresaran a Estados Unidos.

Los abogados del gobierno de Trump defendieron sus acciones, diciendo que la orden escrita de Boasberg no era explícita, mientras que un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo: “Creo que estamos muy cerca” de una crisis constitucional.

El Departamento de Justicia también está presionando en los tribunales para que Boasberg sea removido del caso.

La Constitución otorga a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría estrecha, el poder de destituir a un juez con un voto de mayoría simple. Pero, al igual que en un juicio político presidencial, cualquier destitución requiere un voto de dos tercios del Senado.

La última publicación en redes sociales del presidente lo alinea más con aliados como el multimillonario Elon Musk, quien ha hecho demandas similares.

“Lo que estamos viendo es un intento de una rama del gobierno de intimidar a otra rama para que no cumpla con su deber constitucional. Es una amenaza directa a la independencia judicial”, indicó Marin Levy, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Duke, en un correo electrónico.

Solo un día antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: “No he oído al presidente hablar sobre destituir jueces”.

Sólo 15 jueces han sido sometidos a juicio político en la historia del país, según el órgano de gobierno de los tribunales estadounidenses, y sólo ocho han sido destituidos.

La última destitución judicial fue en 2010. G. Thomas Porteous Jr. de Nueva Orleans fue destituido por cargos de haber aceptado sobornos y luego mentir al respecto. Fue condenado por el Senado y destituido en diciembre de 2010.

Las peticiones de juicio político a los jueces han ido en aumento a medida que la arrolladora agenda de Trump se enfrenta a la oposición en los tribunales, y al menos dos miembros del Congreso han afirmado por internet que planean presentar mociones de destitución contra Boasberg. Los republicanos de la Cámara de Representantes ya han presentado mociones contra otros dos jueces, Amir Ali y Paul Engelmayer, por las sentencias que han dictado en demandas relacionadas con Trump.

Leavitt es una de los tres funcionarios del gobierno que enfrenta una demanda de The Associated Press por motivos de la Primera y Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por decisiones editoriales a las que se oponen. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva de referirse al Golfo de México como el Golfo de América.

Trump Continúa Deportando Pese a Orden de Suspender Programa de Juez

El gobierno del presidente Donald Trump envió a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente prohibía las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, indicaron funcionarios el domingo. Los vuelos estaban en el aire al momento de la decisión judicial.

El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden el sábado por la noche bloqueando las deportaciones, pero los abogados le informaron que ya había dos aviones con migrantes en el aire: uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras. Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero aparentemente no lo hicieron y no incluyó la directiva en su orden escrita.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió el domingo en un comunicado a las especulaciones sobre si el gobierno desafiaba las órdenes judiciales: “El gobierno no ‘se negó a cumplir’ con una orden de la corte. La orden, que no tenía un fundamento legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas del TdA ya habían sido retirados del territorio de Estados Unidos”.

El acrónimo se refiere a la pandilla Tren de Aragua, a la que Trump apuntó en su inusual proclamación publicada el sábado.

En un documento judicial presentado el domingo, el Departamento de Justicia, que ha apelado la decisión de Boasberg, dijo que no utilizaría la proclama de Trump cuya implementación bloqueó para llevar a cabo más deportaciones si no se revoca su decisión.

Durante su conversación con reporteros la noche del domingo a bordo del avión presidencial, Trump eludió una pregunta sobre si su gobierno había violado la orden del juez.

“No lo sé. Tendrían que preguntarle a los abogados”, subrayó, aunque defendió las deportaciones. “Lo que sí les puedo decir es que estas eran malas personas”.

Al preguntarle sobre invocar poderes presidenciales utilizados para tiempos de guerra, el mandatario respondió: “Son tiempos de guerra”, calificando la llegada de migrantes criminales como “una invasión”.

Los aliados de Trump estaban felices con los resultados.

“Oopsie… Too late”, (Ups, demasiado tarde), escribió en inglés el presidente salvadoreño Nayib Bukele, un aliado del presidente Donald Trump que acordó albergar a unos 300 migrantes durante un año a un costo de 6 millones de dólares en las prisiones de su país, en la red social X, sobre un artículo relacionado con la decisión de Boasberg. Esa publicación fue compartida nuevamente por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien negoció un acuerdo anterior con Bukele para albergar a migrantes, publicó en la misma red: “Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también le ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”.

Steve Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, dijo que la orden verbal de Boasberg de hacer regresar los aviones no era técnicamente parte de su orden final, pero que el gobierno Trump claramente violó su “espíritu”.

“Esto simplemente hará que los tribunales a partir de ahora sean sumamente específicos en sus instrucciones a fin de no darle margen de error al gobierno”, explicó Vladeck.

Los migrantes fueron deportados tras la proclamación de Trump sobre la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que ha utilizada únicamente tres veces en la historia de Estados Unidos.

La ley, invocada durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812, requiere que un presidente declare que Estados Unidos está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protecciones bajo las leyes penales o de inmigración. Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado el domingo, el gobierno de Venezuela rechazó el uso de la proclamación de Trump sobre la ley, destacando que ésta “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”.

El Tren de Aragua se originó en una prisión reconocida por su anarquía en el estado central de Aragua y acompañó a un éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaba mejores condiciones de vida después que la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump aprovechó la situación de la pandilla durante su campaña para describir escenas engañosas de comunidades que él afirmaba estaban “tomadas” por lo que en realidad eran un puñado de infractores.

El gobierno de Trump no ha revelado el nombre de los migrantes deportados ni ha proporcionado evidencia de que, de hecho, sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. También envió a dos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 a El Salvador, que fueron arrestados en Estados Unidos.

Un video publicado por el gobierno de El Salvador el domingo mostró a hombres saliendo de aviones en una pista de aeropuerto rodeada de policías con equipo antimotines. Los hombres, esposados y con grilletes en los tobillos, tenían problemas para caminar mientras los agentes les empujaban la cabeza hacia abajo para que se doblaran hasta la cintura.

El video también mostró a los hombres siendo trasladados a prisión en un gran convoy de autobuses custodiados por vehículos policiales y militares, y al menos un helicóptero. Se mostró a los hombres arrodillados en el suelo al tiempo que les afeitaban la cabeza antes de ponerse el uniforme completamente blanco de la prisión —pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y calzado de goma— y luego fueron metidos a las celdas.

Los inmigrantes fueron llevados a la notoria instalación CECOT, el centro de la iniciativa de Bukele para pacificar su país, que alguna vez estuvo plagado de violencia, a través de duras medidas policiales y límites a los derechos básicos.

El gobierno de Trump informó que el presidente había firmado la noche del viernes la proclamación afirmando que el Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos, pero no lo anunció hasta la tarde del sábado. Abogados de inmigración dijeron que la noche del viernes notaron que venezolanos que de otro modo no podrían ser deportados bajo la ley de inmigración estaban siendo trasladados a Texas para vuelos de deportación. Comenzaron a presentar demandas para detener los traslados.

“Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser expulsado bajo el pretexto de pertenecer al Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa”, advirtió en la red social X Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo defensor de derechos humanos.

El litigio que causó la suspensión de las deportaciones fue presentado en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas que, según los abogados, estaban preocupados por ser acusados falsamente de ser miembros de la pandilla. Una vez que se invoca la ley, advirtieron, Trump podría simplemente declarar a cualquiera como miembro del Tren de Aragua y expulsarlo del país.

Boasberg prohibió las deportaciones de esos venezolanos el sábado por la mañana cuando se presentó la demanda, pero amplió la prohibición para todas las personas bajo custodia federal que podrían ser objeto de la ley hasta su audiencia de la tarde. Resaltó que la ley nunca se había utilizado antes fuera de una guerra declarada por el Congreso y que los demandantes podrían argumentar con éxito que, con su invocación, Trump excedió su autoridad legal.

La prohibición de deportaciones se mantiene vigente por hasta 14 días y los migrantes permanecerán bajo custodia federal durante ese tiempo. Boasberg programó una audiencia para el viernes para escuchar argumentos adicionales en el caso.

Dijo que tuvo que actuar porque los migrantes cuyas deportaciones podrían violar realmente la Constitución merecían la oportunidad de que la corte escuchara sus argumentos.

“Una vez que estén fuera del país no hay mucho que pueda hacer”, señaló Boasberg.

Ahora te Puedes Deportar tú Sólo

El reelegido presidente impulsó esta medida como parte de su estrategia para endurecer las políticas migratorias.

Este 10 de marzo, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el relanzamiento de la aplicación ‘CBP Home’ para los inmigrantes irregulares.

La función de esta plataforma sirve para que las personas indocumentadas notifiquen su intención de autodeportarse. La administración del reelegido presidente impulsó esta medida como parte de su estrategia para endurecer las políticas migratorias, lo que ha desencadenado una variedad de reacciones.

La nueva aplicación entró a reemplazar a ‘CBP One’, creada en 2020 y utilizada durante el Gobierno de Joe Biden para que los migrantes solicitantes de asilo pidieran cita para presentar sus casos ante las autoridades estadounidenses.

Ahora, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ‘CPB Home’ está pensada para que los indocumentados notifiquen sus planes de salida voluntaria del país. Esta decisión les daría la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y «vivir el sueño americano».

«La autodeportación es la opción más segura para los inmigrantes indocumentados», afirmó en un comunicado el DHS.

Añadió que: «No solo es más segura, sino que también ahorra dinero a los contribuyentes estadounidenses y permite que los valiosos recursos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centren en inmigrantes criminales peligrosos».

Para que las personas tengan acceso a la aplicación deberán completar información biográfica, incluidos sus países de ciudadanía, seguido del país al que planean regresar, números de registro de extranjeros, información de contacto y pueden subir fotos de ellos mismos para confirmar su identidad.

Luego de que el la persona indocumentada haya realizado el anterior proceso, se enviará todo a la CBP y los inmigrantes abandonarán el país.

CPE Home reemplaza a CPE One

El gobierno de Trump decidió en febrero congelar indefinidamente las solicitudes migratorias de las personas que llegaron al país a través de programas de «parole humanitario», un permiso que permitía a ciertos extranjeros ingresar a Estados Unidos por razones humanitarias o de beneficio público. Este recurso fue promovido por su antecesor, Joe Biden, y benefició a cientos de miles de personas.
Biden abusó de la aplicación ‘CBP One’

«La Administración Biden abusó de la aplicación ‘CBP One’ para permitir que más de un millón de inmigrantes ingresaran ilegalmente a Estados Unidos. Con el lanzamiento de la aplicación ‘CBP Home’, estamos recuperando la integridad de nuestro sistema migratorio», afirmó la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Según datos de CBP, entre 40.000 y 50.000 migrantes ingresaban a Estados Unidos cada mes a través de la aplicación CBP One durante la administración de Biden, totalizando casi un millón al final de su presidencia.

«La aplicación ‘CBP Home’ ofrece a los inmigrantes la opción de salir ahora y autodeportarse, lo que les daría la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano. Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y no podrán volver jamás», añadió.