La Oficina de Ciudadania y Servicios de Innigración busca reducir los miedos en la comunidad inmigrante y reitera que la regla vigente de carga pública es la misma de 1999, que permite acceso a ciertas ayudas legales disponibles sin que ello afecte posteriormente el trámite para obtener la residencia legal permanente.
El servicio de inmigración estadounidense anunció la actualización de su página digital relacionada con información sobre carga pública, la causal de inadmisibilidad clave que determina si un extranjero puede o no recibir beneficios, entre ellos la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).
“La actualización puede ayudar con información adicional para reducir la confusión y el miedo que podrían impedir que los inmigrantes y sus familias, incluidos ciudadanos estadounidenses y sus hijos, tengan acceso a servicios importantes del gobierno que se encuentran disponibles”, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La agencia federal dijo además que continúa vigente la guía provisional de 1999, herramienta legal que se utiliza “para determinar si un extranjero es inadmisible por motivos de carga pública”.
Información clave
A principios de febrero del año pasado el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva (14012) que puso fin a la controvertida regla de carga pública de 2019 emitida por el entonces presidente Donald Trump, política que elevó los estándares para que los extranjeros de bajos recursos accedieran a la residencia y otros servicios públicos disponibles autorizados por el Congreso.
Tras la eliminación de las barreras, la USCIS se ha enfocado en ampliar y actualizar la información disponible para que los ciudadanos extranjeros que reúnan los requisitos soliciten beneficios sin miedo a que estos sean negados y el gobierno les abra una causa de deportación.
“Debemos asegurar que la confusión y el temor no disuadan a los inmigrantes y sus familias, quienes muchos son trabajadores esenciales y de primera línea de ayuda, de obtener acceso a servicios importantes del gobierno a los que son elegibles para mantener sus familias seguras y saludables”, explica la agencia en una de sus páginas digitales.
“Uno de los objetivos principales de nuestros esfuerzos es aumentar la equidad y evitar la injusticia”, agrega, en referencia a los estragos causados por el gobierno anterior en el marcio de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.
USCIS indicó además que, “aplicamos el estatuto de inadmisibilidad por motivos de carga pública conforme a la Guía Provisional de Campo de 1999 para determinar si un no ciudadano es inadmisible por motivos de carga pública”. Y que, “la Guía Provisional de Campo de 1999 es la política que estuvo vigente antes de la Regla Final de Carga Pública de 2019. La Regla Final de Carga Pública de 2019 ya no está en efecto”.
Claves de la Regla de Carga Pública de 1999
Este es un resumen de la Regla de Carga Pública de 1999 de USCIS.
De qué se trata
La regla de Carga Pública de 1999 establece las pautas para determinar cuándo un extranjero se convierte en inadmisible y no es elegible, por ejemplo, para convertirse en un residente legal permanente (LPR, green card o tarjeta verde) o recibir otro tipo de beneficio inmigratorio disponible.
Las determinaciones de carga pública se basan en la solicitud de ciertos servicios públicos que los no ciudadanos (extranjeros) acceden bajo ciertas circunstancias.
Inadmisible en EEUU
El término “inadmisible” se incluye en el Articulo 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Señala que una persona que solicita admisión a Estados Unidos o que busca un ajuste de estatus para convertirse en un residente legal permanente (green card o tarjeta verde) es considerado inadmisible si, al solicitar admisión o el ajuste de estatus, pueda convertirse en carga pública en cualquier momento.
La ley señala demás que, si una persona es considerada “inadmisible”, se le negará la admisión y/o el ajuste de estatus a residente legal permanente no le será concedido.
Abogados consultados por Univision Noticias advierten que, si bien la Regla de Carga Pública de 2019 ya no está vigente, “los inmigrantes deben tener siempre cuidado con lo que piden para no tener problemas en el futuro cuando pidan un beneficio migratorio disponible”.
“Antes, con Trump, había una especie de sistema de puntos, por factores, que hacía difícil para muchos extranjeros conseguir el ajuste de estatus o la green card”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
“Pero la regla de Carga Pública de 1999, que está en vigencia, le otorga amplia discrecionalidad al agente de inmigración para determinar si la persona que solicita un beneficio puede convertirse en carga pública. Por eso hay que tener cuidado con lo que se pida al gobierno”.
Admisión o ajuste, ¿hay diferencia?
Una pregunta recurrente desde 1999 es si existe diferencia para determinar carga pública cuando un extranjero pide ser admitido o solicita el ajuste de estatus (residencia).
“Los estándares de carga pública son los mismos tanto para la admisión como para el ajuste”, precisa la Regla de 1999.
Y advierte que, cuando se determina que un extranjero puede convertirse en una carga pública, no solo se le niega el beneficio que solicita, sino que se convierte en deportable de Estados Unidos.
Cómo se determina
La norma señala que para determinar “si es probable que un extranjero se convierta en carga pública, los agentes deben evaluar la responsabilidad financiera del extranjero examinando la totalidad de las circunstancias en el momento en que presentó su solicitud” (del beneficio migratorio deseado).
Agrega que la existencia o ausencia de un factor en particular “nunca debe ser el único criterio para determinar si es probable que un extranjero se convierta en una carga púbica”.
Y que la determinación de la responsabilidad financiera “debe ser una evaluación prospectiva basada en la edad, la salud y la familia del extranjero, sus activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades, entre otros factores”.
También precisa que “se puede considerar que un extranjero se convierta en carga pública, incluso si no existe la obligación legal de reembolsar a la agencia que otorga las ayudas por los beneficios o servicios recibidos”.
La regla advierte que, en ciertas circunstancias específicas, tal como discapacidad mental o física, edad avanzada u otro hecho que tienda razonablemente a mostrar la probabilidad de que el sostenimiento del extranjero recaiga sobre el público “debe estar presente”.
A su vez, una persona sana en la flor de su vida “no puede considerarse que probablemente se convertirá en una carga pública, especialmente cuando tiene amigos o parientes en Estados Unidos que han indicado su capacidad y voluntad de acudir a su asistencia en caso de una emergencia”.
“Todos los inmigrantes (que piden residencia) basados en familia (y algunos inmigrantes basados en empleo) tendrán un patrocinador que haya indicado su capacidad y voluntad para acudir en ayuda del inmigrante (en caso de una necesidad”, advierte.
Para efectos de deportación
La Regla de Carga Pública de 1999 señala que, dentro de los 5 años posteriores a la fecha de entrada, un extranjero se convierte en carga pública, se convierte en “deportable”.
Pero primero el servicio de inmigración (USCIS) debe determinar si el extranjero se ha convertido en una carga pública dentro de los 5 años posteriores a la fecha de entrada. A menos que el extranjero demuestre que surgieron circunstancias que hicieron que se convirtiera en una carga pública después de haber entrado a Estados Unidos.
Si lo demuestra, el extranjero no será deportado, pero familiares y/o amigos deben estar legalmente obligados a reembolsar los beneficios solicitados por el extranjero
Qué beneficios afectan la determinación de carga pública
La guía proporcionada por USCIS señala que ciertos programas disponibles están sujetos a la consideración de carga pública como la asistencia monetaria para el mantenimiento de ingresos que, incluye:
· Ingresos Suplementarios de Seguridad (SSI);
· Asistencia monetaria del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF);
· Programas estatales o locales de asistencia monetaria para ingresos de mantenimiento, a menudo llamados programas de “Ayuda General”.
Advierte que, la aceptación de estos formularios de asistencia monetaria pública podría hacer que una persona no ciudadana sea inadmisible por determinación de carga pública, aunque cumpla todos los demás criterios.
Sin embargo, añade, la simple recepción de estos beneficios disponibles no hace que una persona sea convierta automáticamente inadmisible o inelegible para el ajuste de estatus a residente legal permanente y sujero a deportación basado en carga pública.
“El gobierno revisará cada caso y lo analizará en su totalidad de circunstancias. Por lo tanto, cada caso es individual y está a la discreción de un oficial de inmigración”, dice Armando Olmedo, coautor del libro “Inmigración, las nuevas reglas: una guía de Univision.
Beneficios no sujetos a carga pública
De acuerdo con la Regla de Carga Pública 1999, los siguientes beneficios disponibles no afectan en la consideración de carga pública:
· Medicaid y otros servicios de seguro de salud (incluyen asistencia pública para inmunizaciones y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades trasmisibles, uso de clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo, atención prenatal y servicios de emergencia) para cuidado institucional a largo plazo;
· Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP);
· Programa de nutrición, que incluye el Programa de Asistencia para Nutrición Suplemental (SNAP), comúnmente conocido como Estampillas (cupones) para Comida;
· Programa Especial Suplementario de Alimentos para Mujeres, Bebés y Niños (WIC);
· Programa Nacional de Desayuno Escolar y Desayunos Escolares, y otros suplementos y programadas de asistencia alimentaria de emergencia;
· Beneficios de vivienda;
· Servicios de cuidado de niños;
· Programa de Asistencia para Pagar Gastos de Energía para Personas de Bajos Ingresos (LIHEAP);
· Asistencia de emergencia en casos de desastres;
· Asistencia de crianza y adopción;
· Asistencia educativa (como asistir a la escuela pública), incluyendo los beneficios bajo el Decreto Head Start Act y ayuda para la educación primaria, secundaria o superior;
· Programa de capacitación para empleos;
· Programas de servicios comunitarios basados en la asistencia o servicios de comunitarios (comedores para indigentes, consejería de crisis e intervención, refugio a corto plazo);
· Beneficios no monetarios bajo TANF tales como subsidio de cuidado infantil o subsidio de transporte;
· Pagos en efectivo tales como los beneficios del título II del Seguro Social, pensiones del gobierno y los beneficios de veteranos y otras formas de beneficios;
· Beneficios por desempleo.
Asilados y refugiados
Asilados y refugiados están exentos a las determinaciones de carga pública para propósitos de admisión o ajuste de estatus (residencia legal permanente), señala el reglamento.
Programas adicionales
La guía de USCIS indica que algunos de los programas anteriores “pueden proporcionar beneficios de asistencia monetaria como ayuda para el pago de energía eléctrica, servicios de transporte o beneficios de cuidado de niños proporcionados por TANF o Subvención Global para el Cuidado y Desarrollo de los Niños (CCDBG), y pagos de emergencia por una sola vez bajo TANF”.
Camino a la ciudadanía
La regla puntualiza que los residentes permanentes legales que actualmente poseen una green card o tarjeta verde, “no se les puede negar la ciudadanía estadounidense por recibir legalmente cualquier beneficio público disponible para el cual sean elegibles”.
Fuente: JORGE CANCINO