«El Gobernador no se encuentra por encima de la Constitución»: Concejal solicita al alcalde de Houston que no sucumba ante las presiones
Tras confirmarse que el Gobernador de Texas, Greg Abbott, ha congelado 110 millones de dólares destinados a la seguridad pública de Houston, la concejal Alejandra Salinas ha hecho un requerimiento formal al alcalde John Whitmire para que abandone su postura de retirada. Salinas sugiere una pronta acción legal para verificar la legitimidad de las ordenanzas locales.
La fricción política entre el Concejo de Houston y el Capitolio de Texas ha llegado a un estado crítico.
La concejal Alejandra Salinas ha emitido un llamado apremiante al alcalde John Whitmire para que la ciudad no se rinda ante la presión ejercida por el gobernador Greg Abbott, quien ha congelado 110 millones de dólares en fondos para la seguridad pública de Houston.
En una carta oficial fechada el 15 de abril, Salinas califica la posición de la administración estatal como un intento de coacción.
La polémica se centra en una ordenanza municipal que, de acuerdo al Gobernador, infringe la ley estatal SB4.
No obstante, para Salinas, la elección presentada por Abbott de derogarla o perder el presupuesto es una «falsa dicotomía» diseñada para forzar la obediencia mediante el temor.
Houston debe recurrir a los tribunales: Salinas
La propuesta de la concejal es inequívoca: en lugar de un retroceso burocrático, Houston debe acudir al sistema judicial. Salinas instó a la alcaldía y al fiscal municipal a presentar de forma inmediata una Orden de Restricción Temporal (TRO) y a buscar un juicio declarativo.
El propósito es que un juez confirme que la ordenanza vigente es legal antes de que venza el plazo impuesto por el estado el próximo 20 de abril.
«Si actuamos con prontitud, el tribunal podría emitir un veredicto hoy mismo», argumenta Salinas, subrayando que esta estrategia brindaría al Concejo Municipal la claridad necesaria para evitar decisiones apresuradas bajo presión externa.
La legisladora local respalda la validez de la Proposición A, la cual ella y el alcalde respaldaron en su momento, asegurando que se alinea completamente con la SB4.
Según su evaluación, la ordenanza no impide la comunicación con las autoridades federales ni obstruye la aplicación de la ley penal, sino que asegura que los agentes se enfoquen en combatir la criminalidad.
El condado de Harris ya ha establecido precedentes al derrotar intentos de interferencia estatal en asuntos como el fondo de defensa legal para inmigrantes, la asistencia médica a refugiados y las acusaciones de desfinanciamiento de la policía.
Más allá del aspecto económico, la concejal alerta sobre el daño institucional a largo plazo. Ceder ante Abbott, argumenta, sentaría un precedente en el que el Estado podría anular cualquier política local o derecho constitucional a su antojo.
«El Gobernador no está por encima de la Constitución», concluye el documento.
La decisión ahora le corresponde a Whitmire: elegir entre la opción diplomática de la derogación o, como sugiere Salinas, activar el ámbito judicial para demostrar que la ley puede respaldar a Houston.
