La decisión de Tribunal Supremo dice que atender el reclamo de la familia de Sergio Adrián Hernández Güereca, quien tenía 15 años cuando lo mataron en 2010, sentaría precedentes peligrosos para la política exterior de EEUU.

La Corte Suprema en un voto dividido de 5-4 decidió este martes que la familia de un adolescente mexicano muerto a balazos por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza estadoundiense no puede demandar por daños.

La decisión dice que Sergio Adrián Hernández Güereca, quien tenía 15 años cuando lo mataron en 2010, no estaba protegido por leyes estadounidenses contra el uso de la fuerza porque al momento de la balacera estaba del lado de México.

La Corte Suprema expresó preocupación por las implicaciones para la política exterior estadounidense si se permitiera a familias de adolescentes mexicanos asesinados por agentes de la Patrulla Fronteriza en tiroteos fronterizos demandar aquí.

El presidente del Tribunal, el magistrado John Roberts, señaló que la investigación de la Patrulla Fronteriza determinó que el agente Jesús Mesa no había violado normas de la institución.

«Sergio Adrián Hernández Güereca, un ciudadano mexicano de 15 años, estaba con un grupo de amigos en una alcantarilla… que separa El Paso, Texas, de Ciudad Juárez, México. La frontera atraviesa el centro de la alcantarilla. El agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Mesa Jr., detuvo a uno de los amigos de Hernández que se había topado con el lado de la alcantarilla de Estados Unidos. Después de que Hernández, que también estaba del lado de Estados Unidos, corrió de regreso a través de la alcantarilla en suelo mexicano, el agente Mesa disparó dos veces contra Hernández, uno le dio y lo mató al otro lado de la frontera», detalla el documento de la decisión.

Los demandantes y el agente Mesa «no están de acuerdo sobre lo que Hernández y sus amigos estaban haciendo en el momento del tiroteo. Según los peticionarios, simplemente estaban jugando, cruzando la alcantarilla, tocando la cerca del lado de EEUU… Según el agente Mesa, Hernández y sus amigos estuvieron involucrados en un intento ilegal de cruzar la frontera, y lo arrojaron con piedras», explica el texto.

Steve Vladeck, abogado que representa a la familia del joven, dijo, según citas de The Washington Post, a la Corte Suprema que permitir que la demanda continúe no socavaría las relaciones exteriores ni desafiaría las políticas de la Patrulla Fronteriza, pero que debe haber una forma para que las familias de las víctimas responsabilicen a los oficiales individuales por usar fuerza excesiva.

Los precedentes de la Corte Suprema están en un caso de 1971 cuando se permitió a las personas demandar por acciones inconstitucionales de funcionarios federales pero con la decisión de este martes los marcos legales de aquella decisión no se amplían a violaciones de la constitución que traspasen la frontera.

«Los factores especiales presentados por la Corte se relacionan, en general, con la política exterior y la seguridad nacional. Pero, como se sugirió anteriormente, no se cuestionan políticas o formuladores de políticas en este caso. Los demandantes apuntan a las acciones deshonestas de un oficial», indicó en su opinión de disentimiento la jueza Ruth Bader Ginsburg.

«Me resisto a la conclusión de que ‘nada’ es la respuesta requerida en este caso. Revertiría el juicio del Quinto Circuito (corte de apelaciones que también había rechazado el reclamo de la familia) y afirmaría que los demandantes pueden demandar a Mesa en un tribunal federal por violar la cuarta y quinta enmienda», concluyó la magistrada.