Corte de Texas detiene programa que financiaba la defensa jurídica para inmigrantes en Harris
Esta decisión es el resultado de una acción legal presentada por el procurador general de Texas, Ken Paxton, quien argumenta que la utilización de fondos públicos para tal asistencia legal infringe la legislación estatal.
El Tribunal Supremo de Texas ha emitido una orden que suspende temporalmente el programa del Condado de Harris, que destinaba recursos públicos a la representación legal de inmigrantes que se encuentran ante procesos de deportación, mientras se evalúa la legalidad de esta iniciativa en los tribunales.
Esta resolución proviene de una demanda interpuesta por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que sostiene que el uso de fondos públicos para financiar este tipo de apoyo jurídico infringe la normativa estatal.
El gobernador Greg Abbott respaldó esta decisión, indicando que financiar dicho programa «no es parte de las funciones del gobierno del condado».
No obstante, funcionarios del Condado de Harris afirman que esta resolución es meramente una medida provisional y que el caso continúa activo en los juzgados.
«Esto no resuelve si el Condado de Harris tiene la autoridad para llevar a cabo esta acción. En todas las instancias anteriores, los tribunales han fallado a favor del Condado de Harris.
No es una idea innovadora el asignar recursos a programas que proporcionan representación legal y asistencia jurídica a quienes lo necesitan, y eso es precisamente lo que este programa busca lograr», manifestó Abbie Kamin, asesora legal del Condado de Harris.
Por su parte, Lina Hidalgo, administradora ejecutiva del Condado de Harris, expresó su desaprobación ante la decisión, señalando que la suspensión impacta a las familias inmigrantes con escasos recursos.
«Interrumpir el programa en este momento, cuando los inmigrantes requieren urgentemente representación legal de calidad, es una acción política cruel que solo contribuirá a hacer nuestras comunidades menos seguras», declaró Hidalgo.
El programa permanecerá inactivo mientras una corte de apelaciones revisa el asunto. Mientras tanto, el Condado de Harris ha indicado que seguirá defendiendo la legalidad de esta iniciativa y procurará mantener el acceso a representación legal para inmigrantes que no pueden costear un abogado.
La controversia enfrenta dos posiciones: por un lado, el estado de Texas sostiene que los gobiernos locales carecen de autoridad para utilizar recursos públicos con este fin; por otro, el Condado de Harris defiende que el programa tiene como objetivo asegurar el debido proceso para individuos en procedimientos migratorios que no cuentan con recursos para una defensa legal.
