Grabaron reuniones de capos, conocieron laboratorios de fentanilo y atestiguaron el negocio criminal

Con tres infiltrados que en México y Estados Unidos grabaron reuniones de capos, conocieron laboratorios de fentanilo y atestiguaron el negocio criminal de «Los Chapitos», la DEA pudo conformar las principales acusaciones contra el Cártel de Sinaloa.

Uno era Miguel Alonso Payán, miembro del grupo de seguridad de Ovidio Guzmán; otro era Juan Carlos Arce Cabrera, distribuidor de narcóticos, y un tercer sujeto que sólo es identificado con las claves «NN» fungía como administrador de las bodegas de droga del cártel en California.

Payán, originario de Culiacán y quien trabajó en la vigilancia de los laboratorios de fentanilo, declaró que el Cártel de Sinaloa enviaba hasta 500 mil pastillas mensualmente del opioide a EU.

Ofreció a la Agencia Antidrogas los detalles de cómo en Aguapetito, poblado de Navolato, la «cocina» de drogas se hacía en un sótano al que sólo se podía acceder en un elevador. Salían de ahí diariamente decenas de barriles de 200 litros.

«La entrada del laboratorio podía ser cubierta con tierra y ramas, tenía estufas y prensas para hacer kilos de pastillas de fentanilo. Se enviaban de 400 mil a 500 mil píldoras de fentanilo en aviones pequeños a la frontera», informó Alonso Payán.

Al menos hasta mayo de 2021, la DEA tuvo esas tres fuentes privilegiadas de información en el círculo cercano de los hijos del capo Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Los tres entregaron fotografías y detalles de la distribución en EU de 2017 a 2022, además de que todas sus conversaciones electrónicas y telefónicas eran vigiladas.

En 2019, al lastimarse un brazo y ya no poder seguir en tareas de seguridad, Miguel Alonso Payán recibió instrucciones para transportar pastillas de fentanilo ocultas en sillones y asientos de autobuses desde Sinaloa a Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales y Sonoita.

Alonso Payán declaró que en los cuatro años que trabajó para el grupo criminal, sólo vio en dos ocasiones a Ovidio Guzmán «El Ratón».

La primera vez fue en 2020, cuando él y su primo Jimmy Loera visitaron al capo en el rancho de La Anona.

Jimmy Loera, quien trabajó dos años con el hijo de «El Chapo», era el responsable de una casa de seguridad en el Fraccionamiento Montebello, de Culiacán, donde el grupo delictivo almacenaba drogas y armas.

Loera le confirmó en una ocasión a Alonso Payán que «Los Chapitos» enviaban mensualmente de 400 a 500 mil pastillas de fentanilo a la frontera.

Las comunicaciones por teléfono de Alonso y Loera estuvieron monitoreadas por la DEA.

La segunda ocasión que vio a «El Ratón» fue en Jesús María, localidad del Municipio de Culiacán. Aquella vez el hijo de «El Chapo» portaba una pistola que tenía grabadas las iniciales JGL de su padre. El 5 de enero pasado Ovidio fue detenido en ese lugar.

Alonso Payán entregó a la DEA fotografías de laboratorios, dinero y autobuses que transportaban fentanilo. La agencia también tiene fotos de Alonso en las que aparece disparando o portando una AK-47 y una granada. En el 2021 Alonso dejó de operar para la organización.

Los informantes

Toda esa información fue ventilada el pasado 7 de marzo en una audiencia ante un juez de Almoloya de Juárez, en la que Ovidio Guzmán López «El Ratón» fue notificado de los nuevos cargos en su contra en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York.

La información de los nuevos cargos contra «Los Chapitos», anunciada el viernes pasado por la DEA, ya era conocida por el Gobierno de México, porque desde la primera semana de marzo la Cancillería y la FGR recibieron la petición formal de extradición de Ovidio con esas nuevas acusaciones.

La infiltración de «Los Chapitos» es un caso que trabajó David J. Robles, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, con el apoyo técnico de la DEA, y por el que la Corte Federal ordenó las capturas de los Guzmán el pasado 25 de enero, el mismo día en que un Gran Jurado presentó la acusación.

Según la narración que hizo la FGR en la audiencia de Ovidio, los informantes de la DEA eran Miguel Alonso Payán, Juan Carlos Arce Cabrera y un sujeto sólo identificado con las claves «NN».

Los dos primeros eran miembros de la organización criminal y en el expediente no se aclara si entregaron información a la DEA hasta que fueron detenidos para negociar sus condenas. Al menos uno de ellos ya fue sentenciado.

Del tercero, parece ser un elemento externo colocado por la DEA en las redes del Cártel de Sinaloa, pues es el único cuya identidad no fue revelada al Gobierno de México en el expediente de extradición.