Se trata de un caso civil, que será juzgado la semana próxima y que se suma a las cuatro grandes imputaciones que pesan sobre el candidato republicano a la reelección en 2024
Un juez de Nueva York ha rechazado este martes desestimar la demanda de la fiscal general del estado, Letitia James, que acusa a Donald Trump de inflar ilegalmente sus activos y su patrimonio neto para obtener créditos ventajosos y beneficios económicos, y dictaminado que Trump y la empresa familiar, la multitudinaria Organización Trump, son responsables de fraude.
La decisión sobre este caso civil, que James instruye desde el pasado septiembre, fue emitida por el juez Arthur Engoron, del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan. Los abogados de Trump habían intentado hacer descarrilar la causa, con repetidas solicitudes de aplazamiento, pero el fallo del juez Engoron da la razón a la Fiscalía, que la semana pasada solicitó un juicio parcial sobre el principal cargo, el de fraude, contra Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y varios socios, dejando otros seis delitos incluidos en la causa para el juicio programado el 2 de octubre. Engoron también ordena que se rescindan algunas de las licencias comerciales de Trump como sanción, lo que dificultaría o imposibilitaría que la compañía haga negocios en Nueva York, y la continuidad de un monitor independiente que supervise las operaciones de la Organización Trump.
Este mismo magistrado ordenó hace un año la comparecencia de los hijos mayores del expresidente, Donald Jr e Ivanka Trump, como testigos en otra investigación sobre su padre.
No es el primer varapalo para el candidato republicano favorito para las primarias de 2024, que este mismo lunes sacaba 40 puntos de ventaja a su inmediato rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. La Organización Trump ya fue declarada culpable en diciembre pasado, y condenada a pagar una multa de 1,6 millones de dólares un mes después.
James demandó a Trump, acusándolos a él y al emporio familiar de mentir durante una década sobre el valor real de sus activos y su patrimonio neto para obtener mejores condiciones en préstamos bancarios y la cobertura de seguros. James sostiene que Trump infló su patrimonio neto hasta en 2.230 millones de dólares, hasta los 3.600 millones, en las declaraciones anuales entregadas a bancos y compañías de seguros durante ese periodo. Trump considera que la demócrata James le persigue por razones políticas y no se cansa de denunciar lo que denomina una “caza de brujas” por motivos espurios, ajenos al cumplimiento o la violación de las leyes.
La fiscal general sostiene que los activos cuyos valores fueron inflados incluyen la finca Mar-a-Lago de Florida, que está en la raíz de una de las cuatro imputaciones contra el republicano, la de los documentos clasificados retenidos tras dejar la Casa Blanca; su fabuloso penthouse en la denominada Torre Trump en Manhattan, en plena milla de oro de la ciudad, y varios edificios de oficinas y campos de golf.
En su fallo, Engoron explica que James había establecido la responsabilidad de las valoraciones falsas de varias propiedades, incluyendo Mar-a-Lago y el ático de Manhattan, y reprende a Trump por dar explicaciones “totalmente sin base legal o de hecho” en sus declaraciones. “Afirma que si los valores de las propiedades han subido en los años desde que se presentaron (los estados financieros), entonces las cifras no estaban infladas en ese momento”, escribe Engoron.
“También parece insinuar que las cifras no pueden estar infladas porque podría encontrar un ‘comprador de Arabia Saudí’ que pagara cualquier precio que él sugiriera”. A este respecto, la noticia del acuerdo de Trump con Arabia Saudí para un nuevo circuito de golf, con un contrato millonario, que fue blanco de las críticas, se conoció en vísperas de la investigación de la oficina de James. El juicio por este caso civil está previsto para el 2 de octubre y podría prolongarse hasta bien entrado diciembre, coincidiendo con el arranque del juicio por el caso Stormy Daniels, también en Nueva York. Este último es el primero de los cuatro grandes frentes legales que el candidato republicano a la reelección en 2024 afronta, con la campaña electoral en ciernes, pero sin aparente mella para sus aspiraciones a volver a la Casa Blanca.