Las administraciones de California, Colorado, Illinois y Minnesota han entablado una acción judicial en un tribunal federal de Chicago para bloquear la anulación de 600 millones de dólares destinados a la infraestructura de salud pública. La demanda alega que el gobierno de Estados Unidos aplica estos recortes de manera ilegal, motivada por diferencias políticas y conflictos relacionados con la migración, lo cual jeopardiza la capacidad para responder a emergencias médicas en estas jurisdicciones.
Esta disminución en el presupuesto, administrada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, impacta directamente en los programas de seguimiento de brotes infecciosos y en la vigilancia del VIH.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos defendió esta decisión argumentando que las subvenciones actuales no se corresponden con las nuevas prioridades de la agencia. Sin embargo, el fiscal general de California, Rob Bonta, expresó que se está intentando utilizar los fondos federales como un instrumento de coerción para imponer la agenda del gobierno.
La táctica de la administración de Donald Trump de retener financiamiento a estados con políticas de «santuario» ha encontrado anteriormente obstáculos legales. Solo el mes pasado, un juez detuvo el parón de más de 10 mil millones de dólares destinados a apoyo familiar y cuidado infantil en cinco estados.
A través de este nuevo recurso, las entidades demandantes pretenden salvaguardar el financiamiento que respalda la prevención de enfermedades y la planificación de emergencias sanitarias a nivel local.
