Diecinueve estados y el Distrito de Columbia entablaron el lunes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por tratar de modificar un acuerdo federal que impone límites al tiempo que los niños migrantes pueden permanecer detenidos.

Queremos proteger a los niños de daños irreparables», dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien encabeza la demanda junto con la secretaria de Justicia de Massachusetts, Maura Healey, ambos demócratas.
Según el Acuerdo Flores, aprobado en 1997, el gobierno federal debe de mantener a los menores de edad en un entorno lo menos restrictivo posible y por lo general no deben de permanecer más de 20 días detenidos.
El gobierno quiere remover la supervisión de la corte y permitir la detención de familias por más de 20 días.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló la semana pasada que establecería sus propias regulaciones sobre cómo tratar a los niños migrantes.
Unas 475 mil familias han cruzado la frontera en lo que va del año fiscal, prácticamente triplicando el récord previo de familias para un año completo.
Un juez debe aprobar las modificaciones propuestas para poner fin al Acuerdo Flores, y se prevé una batalla legal por parte de los abogados originales del caso.
Es poco probable que la jueza federal de distrito Dolly Gee apruebe los cambios; fue su fallo de 2015 el que amplió la solicitud del Acuerdo Flores para abarcar a niños que viajan con familias. Ordenó al gobierno del presidente Barack Obama dejar en libertad a los niños lo más pronto posible.

Aun así, Becerra argumentó que California tiene un papel protagónico debido a la gran cantidad de inmigrantes que residen en el estado.
El gobierno federal no tiene el derecho de decirnos cómo velar por el bienestar de la gente en nuestro estado», argumentó.
California no tiene centros de detención que alberguen a familias migrantes.
El gobierno de Trump argumentó que debido a que los estados no son los administradores de los centros de detención federal, ellos quieren establecer sus propios estándares para satisfacer los requisitos judiciales de que las instalaciones cuenten con los permisos necesarios.
Indicaron que las instalaciones serán auditadas y sus resultados serán publicados. Pero a los abogados del Acuerdo Flores les preocupa que ya no puedan inspeccionar las instalaciones, y de que el gobierno trate de evadir los delicados requisitos estatales.
Becerra habló en esa misma línea, y dijo que el retirar la autoridad estatal sobre los centros de detención podría permitirle al gobierno federal establecer centros en California o en otros estados que incumplan los estándares básicos de atención.
El demócrata Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington, dijo que la detención prolongada tendrá impactos a largo plazo sobre la salud mental y física de los niños inmigrantes y sus familias.
Cuando le damos la bienvenida a esos niños a nuestras comunidades, los programas y servicios operados por el estado llevan la carga del impacto a largo plazo debido al trauma que esos niños soportaron mientras estuvieron detenidos”, afirmó.
California también intentó el lunes detener una iniciativa del gobierno de Trump que podría negar residencia permanente a inmigrantes que reciben prestaciones públicas.
Otros estados que participan en la demanda son Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.