Tras la negativa de la principal asesora del Senado para incluir la legalización de 8 millones de inmigrantes en el paquete de reconciliación, los demócratas barajan un nuevo plan que activa una parte de la ley de inmigración de 1986 para darle la Green Card (tarjeta verde) a cientos de miles de indocumentados.

Tras la negativa de la principal asesora del Senado, quien el domingo rechazó incluir en el paquete de reconciliación la legalización de al menos 8 millones de indocumentados, los demócratas del Congreso elaboran un nuevo plan que incluye la utilización de una vieja norma de la ley de inmigración (INA).

Se trata de la denominada Ley del Registro, una disposición que permite a ciertos extranjeros sin papeles que se encuentran en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1972, carecen de antecedentes criminales y tienen buen carácter moral, solicitar la residencia legal permanente (LPR o Green Card).

Pero saben que la tarea no será fácil. Tendrán que acelerar el paso, escribir los argumentos de la nueva propuesta, presentarlos a la oficina de la asesora del Senado, esperar que lo acepte, convocar a una audiencia a puertas cerradas y emitir un veredicto.

Si la respuesta es positiva, “será la primera vez que se utilizará después de la Amnistía de 1986”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Sin embargo, para que sea efectiva, deberán tocar el reglamento. Y una vez lo conozcamos, saber a cuántas personas beneficiaría”.

Fuentes demócratas consultadas por Univision Noticias dijeron este lunes que la invocatoria de la Ley del Registro “se encuentra sobre la mesa, es parte de las opciones legales vigentes”.

Para calificar, el extranjero debe demostrar que se encuentra en territorio estadounidense al menos desde el 1 de enero de 1972 o antes, tener buen carácter moral y residencia continua desde su ingreso.

“Nada de órdenes de deportación, ni salidas voluntarias, ni crímenes, ni faltas, ni nada que los convierta en inadmisibles”, advierte Velásquez.

“Hace muchos años que no tengo un caso de estos. Se usó mucho con la Amnistía de Reagan y desde entonces no la he visto. Pero está vigente», indica.

«Si logran aprobarla y modifican la fecha de registro (de la entrada al país), sería una solución beneficiosa para miles de indocumentados y personas con acción diferida o titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS)”, agrega.
La actual fecha de registro, el 1 de enero de 1972, “se fijó en 1986”, explica el AIC. Y añade que “esta fecha es ahora tan lejana que pocas personas son elegibles».

«Sin embargo, el Congreso tiene el poder de adelantar la fecha de registro nuevamente en cualquier momento, lo que potencialmente permitiría que millones de no ciudadanos se conviertan en LPR y, en última instancia, en ciudadanos estadounidenses”.

Planes inmediatos

Si bien los demócratas no la mencionan por ahora, un día después de la decisión anunciada por la abogada Elizabeth MacDonough, la asesora principal del Congreso, confirman que están trabajando en el siguiente paso.

“El proceso (de incluir la legalización de millones de indocumentados en el presupuesto de reconciliación) no ha terminado y las expectativas están puestas en acudir otra vez (a la oficina de la Parlamentarian) hasta que obtengamos un sí”, dijo el senador Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) durante una conferencia telefónica.

“No nos vamos a dar por vencidos en este esfuerzo de sacar de las sombras a los indocumentados”, agregó.

Junto a Menéndez se hallaban activistas de organizaciones proinmigrantes, entre ellos Greisa Martínez, de United We Dream (UWD).

“Los indocumentados tienen roto el corazón (tras la decisión de la Parlamentarian). Tienen miedo y están enojados. Pero tienen fe y creen en lo que se está haciendo”, dijo Greisa Martínez, directora ejecutiva de la organización.

“Los demócratas saben lo que están haciendo. Les decimos que éste es el tiempo de mostrar valentía”, indicó.

Lorella Praeli, copresidenta de la organización Community Change Action, dijo los demócratas tienen el Congreso, la Casa Blanca y las organizaciones pro-inmigrantes a su favor “para encontrar soluciones” para legalizar a la mayoría de los indocumentados.

Los requisitos

Los requisitos actuales de la Ley del Registro indican que el beneficiario no necesita de un patrocinador, un examen médico y una declaración jurada de apoyo financiero. Y además deben cumplir con las siguientes condiciones, a saber:

Haber entrado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972;

Permanencia continua desde esa fecha;

Buen carácter moral;

No es inadmisible en Estados Unidos (no ha cometido crímenes que lo conviertan en inamisible);

Presentar un formulario I-485) de ajuste de estatus y la tarifa determinada por el servicio de inmigración.

El AIC dijo que “pocos años después de que la fecha de registro se adelantó por última vez en 1986, decenas de miles de no ciudadanos se convirtieron en residentes permanentes”.

Según datos del gobierno, 58,914 personas se beneficiaron del registro entre los años fiscales 1985 y 1989. “Pero a medida que la fecha del registro se remontaba al pasado, cada vez menos personas eran elegibles para postularse”, agregó.

Cambio de fecha

Las fuentes demócratas indicaron que el plan incluye “adelantar la fecha del registro” y que se barajan varias opciones. Se habla del año 2000 y del 2010, pero las negociaciones se llevan a “puertas cerradas”.

Citando datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el informe del AIC indica que “el 47% ciento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos en 2018 (5,4 millones de personas) habían llegado antes de 2000. Otro 37% (4,2 millones) había llegado entre 2000 y 2009”.

“De esa fecha dependerá el número de beneficiarios que podrán pedir la residencia”, dice Velásquez. “Todo dependerá de cómo lo hagan y conseguir los votos necesarios para modificar la fecha de registro. Sin duda se trata de una buena idea”.

El AIC, sin embargo, advierte que, de lograrse, “algunos no ciudadanos no serían elegibles para el registro debido a condenas penales o ausencias prolongadas de Estados Unidos”.

“Por eso será importante trabajar el reglamento”, dice Velásquez.

“Será la base para convencer al Congreso y a la Parlamentaria. Es el punto clave de esta estrategia”, concluyó.

Fuente: JORGE CANCINO