El Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) borró los teléfonos de los altos funcionarios del Departamento y del Ejército que salieron del Gobierno al final de la administración de Trump, eliminando cualquier mensaje de texto de los testigos clave de los eventos que rodearon el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, según los archivos judiciales.

La confirmación de que los teléfonos de los funcionarios del Pentágono habían sido borrados fue revelada por primera vez en una demanda de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) presentada por American Oversight contra el Departamento de Defensa y el Ejército. El grupo de vigilancia busca los registros del 6 de enero del exsecretario de Defensa en funciones Chris Miller, el ex jefe de personal Kash Patel y el exsecretario del Ejército Ryan McCarthy, entre otros funcionarios destacados del Pentágono, habiendo presentado las solicitudes iniciales de la FOIA apenas unos días después del ataque al Capitolio.

Miller, Patel y McCarthy son considerados como testigos cruciales para entender la respuesta del Gobierno al asalto al Capitolio del 6 de enero y la reacción del expresidente Donald Trump a la insurrección. Los tres participaron en la respuesta del Departamento de Defensa al envío de tropas de la Guardia Nacional al Capitolio de Estados Unidos mientras se desarrollaba el motín. No se sugiere que los propios funcionarios hayan borrado los registros.

La afirmación del gobierno en los archivos de que los mensajes de texto de los funcionarios de ese día no se conservaron es el último golpe a los esfuerzos para dar transparencia a los acontecimientos del 6 de enero. Se produce en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también es objeto de críticas por la aparente pérdida de mensajes del Servicio Secreto de ese día.

Miller rechazó hacer comentarios. Patel y McCarthy no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El Departamento de Defensa no respondió inmediatamente a la solicitud de CNN. La jefa de relaciones con los medios de comunicación del Ejército de Estados Unidos, la coronel Cathy Wilkinson, dijo en un comunicado que «nuestra política es no hacer comentarios sobre procesos legales en curso».

American Oversight pide ahora una «investigación interinstitucional» por parte del Departamento de Justicia para investigar la destrucción de los materiales.

«Es simplemente asombroso creer que la agencia no entendió la importancia de preservar sus registros, particularmente [con respecto] a los altos funcionarios que podrían haber capturado: lo que estaban haciendo, cuándo lo estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, en ese día», dijo Heather Sawyer, directora ejecutiva de American Oversight, a CNN.

Sawyer dijo que su organización se enteró de que los registros no se habían conservado a través de los abogados del gobierno a principios de este año, y ese reconocimiento fue entonces conmemorado en un informe de estado conjunto presentado ante el tribunal en marzo: «El Departamento de Defensa y el Ejército transmitieron al demandante que cuando un empleado se separa del Departamento de Defensa o del Ejército, él o ella entrega el teléfono emitido por el gobierno, y el teléfono es borrado», dijo el gobierno en la presentación. «Para aquellos funcionarios que ya no están en la agencia, los mensajes de texto no se conservaron y por lo tanto no se pudieron buscar, aunque es posible que determinados mensajes de texto se hayan guardado en otros sistemas de registros como el correo electrónico».

El reconocimiento de que los registros no se conservaron ha adquirido una nueva importancia a raíz del escándalo en curso sobre la pérdida de los mensajes de texto de los agentes del Servicio Secreto a partir del 6 de enero.

«Revela una falta de seriedad generalizada en la obligación de preservar los registros, para garantizar la rendición de cuentas, para garantizar la rendición de cuentas ante sus socios en el poder legislativo y al pueblo estadounidense», dijo Sawyer.

El Servicio Secreto afirmó que los mensajes de texto se perdieron como resultado de una migración de datos previamente programada de los teléfonos celulares de sus agentes que comenzó el 27 de enero de 2021, exactamente tres semanas después del ataque al Capitolio de EE.UU. El inspector general de Seguridad Nacional, Joseph Cuffari, supo por primera vez que esos mensajes habían desaparecido ya en mayo de 2021.

El patrón a través de múltiples agencias ha llevado a su organización a escribir al secretario de Justicia, Merrick Garland, que ya se enfrenta a una petición de los demócratas del Congreso para que se haga cargo de la investigación del DHS sobre los mensajes de texto desaparecidos del Servicio Secreto.

«American Oversight, en consecuencia, le insta a investigar las acciones del Departamento de Defensa al permitir la destrucción de registros potencialmente relevantes para este significativo asunto de atención nacional e importancia histórica», decía la carta, al tiempo que citaba los llamamientos del senador demócrata Dick Durbin para que el Departamento de Seguridad Nacional sea investigado por fallos similares, decía la carta, compartida con CNN este martes.

Tras presentar las solicitudes de la FOIA ante el Departamento de Defensa y el Ejército, American Oversight afirma que el Pentágono acusó recibo de la solicitud el 15 de enero de 2021. American Oversight presentó entonces una demanda ese mes de marzo para forzar la divulgación de los registros. Además de las obligaciones de la FOIA que American Oversight dice que el Pentágono ha ignorado al no preservar los registros, Sawyer también señaló una ley federal de registros separada que también requiere que el gobierno preserve los registros que tienen «valor informativo de los datos en ellos».

«Creo que es muy poco probable que alguien pueda argumentar con seriedad que las comunicaciones que se produjeron entre estos altos funcionarios el 6 de enero no tienen el tipo de valor informativo que la Ley de Registros Federales pretende alcanzar», dijo Sawyer. American Oversight está buscando los registros de varios otros funcionarios del Pentágono, algunos de los cuales siguen en el servicio del gobierno.

«En el caso de los funcionarios que aún permanecen en la agencia, el Ejército ha iniciado una búsqueda de mensajes de texto que responden a las solicitudes de la FOIA, y estima completar su búsqueda suplementaria a finales de septiembre», dijo el Departamento de Justicia en la presentación conjunta de julio en el caso.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Lo que el Pentágono estaba escuchando de la Casa Blanca mientras se desarrollaba el ataque al Capitolio ha sido uno de los objetivos de la investigación del 6 de enero de la Cámara de Representantes, y los legisladores dicen que abordar los fallos de seguridad de ese día es uno de los objetivos de su investigación.

La comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes hizo público la semana pasada el testimonio que Miller dio al panel en el que negaba que el expresidente Donald Trump le diera alguna vez la orden formal de tener 10.000 soldados listos para ser desplegados en el Capitolio el 6 de enero.

«Nunca se me dio ninguna dirección u orden ni supe de ningún plan de esa naturaleza», dijo Miller en el video.

Un portavoz de la comisión del 6 de enero rechazó hacer comentarios sobre los registros relacionados con el Pentágono.

Un antiguo funcionario del Departamento de Defensa de una administración anterior dijo a CNN que se inculca a los nuevos contratados durante su incorporación que sus dispositivos de trabajo están sujetos a la Ley de Registros Presidenciales y se les indica que sus comunicaciones serán archivadas. La fuente dijo que se suponía que cuando entregaran sus dispositivos al final de su empleo, se archivarían todos los registros de comunicación.