El gobierno de Estados Unidos está aumentando la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, amenazando con prohibirle a los estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, planteando la posibilidad de imponer restricciones comerciales y retirando las visas a unos 500 allegados del gobierno.

Las acciones, incluidas en una orden ejecutiva firmada el lunes por el presidente Joe Biden, son quizá las medidas más agresivas de Washington para castigar al exlíder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano, y por su cooperación en materia de seguridad con Rusia.

Sanciones previas de Estados Unidos se han enfocado en Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y familiares y otros allegados. Pero ninguna de esas medidas ha afectado el poder del mandatario, cuyo blanco más reciente ha sido la Iglesia católica. En agosto, fuerzas de seguridad nicaragüenses allanaron la residencia de un obispo, deteniéndolo a él y a otros clérigos.

La orden de Biden amplía significativamente una que fue emitida durante la presidencia de Donald Trump, donde declara las violaciones a las normas democráticas, los atentados contra el estado de derecho y el uso de la violencia contra opositores como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Junto con sanciones simultáneas anunciadas por el Departamento del Tesoro contra la Dirección General de Minas, la orden ejecutiva prácticamente hace que sea ilegal para los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Es la primera vez que Estados Unidos se enfoca en un sector específico de la economía de Nicaragua, y en el futuro podría ampliarlo para incluir otras industrias consideradas fuentes de financiamiento del gobierno de Ortega.

La orden ejecutiva también allana el camino para que Washington pueda restringir las inversiones y el comercio con Nicaragua, medidas que recuerdan el severo embargo impuesto por Estados Unidos en la década de 1980 durante el primer gobierno sandinista de Ortega, tras la sangrienta guerra civil.

“Los continuos ataques del régimen Ortega-Murillo contra actores democráticos y contra miembros de la sociedad civil, y la detención injusta de prisioneros políticos, demuestran que el régimen siente que no tiene que respetar el estado de derecho”, declaró Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera. “Podemos usar y usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para negarle al régimen Ortega-Murillo los recursos que necesita para socavar las instituciones democráticas”.

En sus comentarios diarios con la prensa oficial, Murillo no mencionó directamente las sanciones estadounidenses ampliadas, pero dijo que los nicaragüenses son “defensores de la soberanía nacional”.

Leyó también una carta de Ortega en la que felicita al presidente chino Xi Jinping, que el domingo fue nombrado para otro periodo al frente del Partido Comunista, en la que Ortega cuestionó lo que dijo es la “agresiva codicia imperial” de Occidente.

Las acciones del lunes podrían augurar una nueva ofensiva contra la economía nicaragüense, algo que el gobierno de Biden ha sido renuente en tomar para no agravar las penurias económicas del país centroamericano y no provocar más emigración. Para el año fiscal que concluyó en septiembre, agentes fronterizos de Estados Unidos encontraron nicaragüenses en la frontera casi 164.000 ocasiones, más del triple que en el año previo.

Al mismo tiempo, ha aumentado en Washington la frustración por la manera como las élites económicas de Nicaragua han guardado silencio ante la represión por parte del gobierno de Ortega.

La decisión de Biden de enfocarse en la industria aurífera nicaragüense podría privar al gobierno de Ortega de una de sus principales fuentes de financiamiento. El oro fue la principal exportación de Nicaragua en 2020, y el país, ya el mayor productor del metal precioso en Centroamérica, desea duplicar la producción en los próximos cinco años.

De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, el país exportó un récord de 348.532 onzas de oro en 2021, y su asociación minera pronostica que en 2023 las exportaciones alcanzarán un total de 500.000 onzas.

Entre los inversores extranjeros activos en Nicaragua está Condor Gold, cuyo director general Mark Child apareció en una foto con Ortega en una presentación hecha en septiembre para inversionistas preparada por la empresa con sede en Gran Bretaña.

“Básicamente, él apoya totalmente el proyecto”, declaró Child en una entrevista en marzo tras un encuentro de 90 minutos con Ortega. “Ese encuentro… básicamente le da luz verde a la construcción del proyecto y su financiamiento, y le elimina los riesgos”.

Condor, que cotiza en las bolsas de Londres y Toronto, tiene licencias para explotar tres minas a cielo abierto, de las cuales la más avanzada tendría 602.000 onzas de oro por un valor de 900 millones de dólares a los precios actuales. Condor es en parte propiedad de un ingeniero estadounidense que ha trabajado durante décadas en Nicaragua.

Las acciones de Condor subieron 2 centavos (3,8%) tras el anuncio de las sanciones estadounidenses. Sin embargo, los títulos de otra empresa que cotiza en Toronto con actividades mineras en Nicaragua, Calibre Mining Corp, perdieron 17 centavos (17%).

La firma con sede en Vancouver tiene varios proyectos mineros en Nicaragua, que se cree contienen 2,9 millones de onzas de oro.

Como parte de las acciones tomadas el lunes, el Departamento del Tesoro también congeló los activos en Estados Unidos de Reinaldo Lenín Cerna, a quien describió como asesor cercano de Ortega. Según el Departamento del Tesoro, Cerna fue el jefe de la seguridad estatal durante la primera presidencia de Ortega y supuestamente ayudó a llevar a cabo el asesinato de quien fue el jefe de seguridad del exdictador Anastasio Somoza.

Además, el Departamento de Estado le retirará las visas a más de 500 individuos nicaragüenses y sus familiares que trabajan para el gobierno de Ortega o ayudan a formular, implementar y beneficiarse de políticas que socavan la democracia en el país, dijeron funcionarios estadounidenses a The Associated Press a condición de guardar el anonimato. Previamente, congeló los activos en Estados Unidos del ministro de Defensa y de otros miembros de las fuerzas de seguridad vinculados al cierre de más de 1.000 organizaciones no gubernamentales.

Anteriormente, el gobierno de Biden sancionó a la empresa estatal de minería y modificó la cuota del azúcar nicaragüense, retirándole un subsidio que valía millones de dólares al año.

Los nicaragüenses empezaron a emigrar en 2018, inicialmente a la vecina Costa Rica, cuando Ortega empezó a reprimir protestas violentamente. En 2021, las fuerzas de seguridad empezaron a detener líderes opositores, incluyendo varios que se perfilaban como candidatos contra Ortega en las elecciones de ese año. Al no tener un contrincante serio, ganó fácilmente un cuarto mandato quinquenal consecutivo y más nicaragüenses huyeron del país.