El Fiscal Saliente Ken Paxton Pelea Cooperación Entre Houston y ICE

El fiscal general saliente de Texas, Ken Paxton, está intentando forzar al Departamento de Policía de Houston a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), tras la instrucción del alcalde John Whitmire a los agentes para que redujeran considerablemente sus interacciones con dicha agencia.

La iniciativa de Paxton forma parte de un conflicto que se ha desarrollado entre la administración estatal y la municipal desde abril, cuando Whitmire y el concejo intentaron limitar por primera vez la colaboración del HPD con ICE. Luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazara con anular más de 110 millones de dólares en financiación para seguridad pública, los agentes de policía de Houston reanudaron las detenciones de individuos mientras aguardaban la respuesta de ICE a las solicitudes de órdenes de inmigración civiles.

El 6 de noviembre, días después de que votantes en Texas elijan a los demócratas para todos los cargos públicos disponibles, Whitmire anunció que el HPD dejaría de comunicarse con ICE respecto a las órdenes de inmigración civiles, salvo en los casos en que se arrestara a alguien por un delito que requiera encarcelamiento.

El viernes, la oficina de Paxton presentó una solicitud en un Tribunal de Distrito del Condado de Fort Bend con el fin de impugnar la política.

El enfoque del estado se centró en el Proyecto de Ley 4 del Senado, legislación estatal promulgada en 2017 que exige cooperación local en la aplicación de las leyes federales de inmigración. En el documento presentado, la oficina de Paxton argumentó que «un municipio no puede debilitar o socavar la colaboración y comunicación entre la policía local y la policía federal de inmigración, ya sea a través de un decreto o de un marco legislativo.»

En un comunicado a Houston Public Media, el abogado de la ciudad, Arturo Michel, insinuó que la ciudad podría intentar estirar el tiempo de respuesta de Paxton, quien dejará el cargo en enero.

«Será complicado para el Fiscal General conseguir una decisión judicial antes de que la nueva administración tome las riendas, la cual ha señalado que no buscará hacer cumplir la SB4 de esta forma,» manifestó Michel en un correo electrónico.

Este acontecimiento fue inicialmente reportado por el Houston Chronicle.

La oficina de Paxton no ofreció una respuesta inmediata a una solicitud de comentarios.

Reglamento municipal para formalizar los puntos de órdenes ejecutivas

Previo a la presentación de Paxton, tres miembros del Concejo Municipal de Houston, Alejandra Salinas, Edward Pollard y Tiffany Thomas, intentaron codificar la orden ejecutiva de Whitmire como una ordenanza municipal respaldada por el concejo. Whitmire se mostró en contra de esta iniciativa, argumentando que podría chocar con la legislación estatal.

El martes, se anticipó que el fiscal de la ciudad, Arturo Michel, quien actúa bajo la dirección de Whitmire, considerara en un memorando dirigido a los miembros del concejo que la ordenanza propuesta era ilegal.

Desde abril hasta septiembre, los oficiales se comunicaron con ICE en casi 200 ocasiones, incluso durante detenciones de tráfico y al asistir a personas que solicitaban ayuda urgente, y entregaron al menos 36 individuos directamente a ICE.
Con los republicanos ejerciendo el control de las instituciones estatales hasta enero, no está claro por qué Whitmire estaría dispuesto a emitir una orden ejecutiva que podría suscitar descontento, mientras que no apoya una ordenanza que ratifica su propia directriz. La campaña de Nathan Johnson, un demócrata que busca convertirse en el nuevo fiscal general de Texas, no respondió de inmediato a la consulta sobre si permitiría que Houston llevara a cabo la política de Whitmire.

En un comunicado escrito el martes, Salinas exhortó a la administración de Whitmire a que defendiera la orden ejecutiva ante el tribunal.

“Ken Paxton busca nuevamente coaccionar a Houston para que renuncie a las protecciones para nuestros vecinos y familias inmigrantes”, señaló Salinas. «A inicio de este año, instamos a la Ciudad a que defendiera nuestra ordenanza de inmigración original ante el tribunal, y ahora tenemos otra ocasión para hacerlo correctamente. Nuevamente, insto a la Administración a luchar contra esta demanda en los tribunales. No podemos continuar cediendo ante los funcionarios estatales que procuran desmantelar las políticas legítimas de la Ciudad y los derechos constitucionales».

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