Desde septiembre de 2016, la Oficina del Inspector General del DHS advirtió al gobierno que cientos de extranjeros obtuvieron la ciudadanía de manera indebida, algunos de ellos con orden de deportación y que luego utilizaron otro nombre.

Las autoridades migratorias ordenaron el inicio del proceso para retirar unas 1,600 ciudadanías obtenidas ilegalmente, señala un memorando escrito en respuesta a una solicitud enviada por la firma de abogados Matthew Hopoock por medio del Acta de Información Pública (FOIA).

El reporte describe el proceso utilizado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para determinar el número de casos investigados, las causas y los procesos de desnaturalización que han sido iniciados.

El pedido de información solicitado incluyó cualquier memorando escrito o firmado por L. Francis Cissna (exdirector de la USCIS) que mencione la palabra ‘desnaturalización’ entre el 1 de enero de 2017 y la fecha en que se procesó la petición, el 5 de junio 2020.

Según el documento, USCIS revisó las huellas digitales de unos 148,000 expedientes y determinó que aproximadamente 2,000 casos de ciudadanía habían asido obtenidas de manera ilegal.

El documento señala que el problema de las naturalizaciones sospechosas fue advertido en 2016 cuando el Registro Histórico de Huellas Digitales ( Historical Fingerprint Enrollment -HFE-) recomendó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “completara la revisión de 148,000 archivos de extranjeros (archivos A) y cargara en la base de datos IDENT todas las huellas digitales de individuos que tenían órdenes finales de deportación o antecedentes penales, y también de quieres se encontraban fugitivos”.

Un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IGDHS) fechado el 8 de septiembre de 2016 recomendó entonces que la USCIS estableciera un plan para “evaluar la elegibilidad de cada ciudadano naturalizado cuyo registro de huellas dactilares revelara una deportación y orden de expulsión bajo una identidad diferente”.

La USCIS dijo que revisó manualmente aproximadamente 2,000 casos de naturalización y descubrió que, luego de ingresar las huellas al sistema, unos 1,600 de esos expedientes correspondían a personas que se habían naturalizado y previamente habían “recibido una orden de deportación bajo una identidad diferente” o habían sido deportadas.

“La gran mayoría de esos casos involucraron a personas que ocultaron información y obtuvieron la naturalización ilegalmente”, agrega el reporte.

El paso siguiente

El memorando explica que en los casos donde se determina que el individuo ha obtenido la ciudadanía ilegalmente, se envía la información a la Unidad de Operaciones (FOD) en Los Ángeles, una oficina creada para iniciar los procesos de desnaturalización. Esa entidad presenta luego los casos al Departamento de Justicia (DOJ).

Copias de cada uno de los procesos son enviadas simultáneamente a la oficina legal de ICE, agencia que encabeza la fuerza nacional de deportaciones del gobierno.

La USCIS dijo, además, que cada año “encuentra un mayor numero de casos susceptibles de desnaturalización” y que los casos en la actualidad se centran en “determinar si se debe permitir que el cónyuge y/o el hijo del sujeto (que obtuvo la ciudadanía de manera ilegal) retengan sus naturalizaciones y/o residencia legal permanente (LPR)”.

Agregó que las determinaciones se están tomando “caso por caso basadas en un análisis de factores agravantes y atenuantes, que entonces darán forma “a la conveniencia y los términos de cualquier acuerdo o base que se utilice para la desnaturalización”.

Dos motivos

En el documento, la USCIS también señala los dos motivos hallados durante las investigaciones que permitieron descubrir las aproximadamente 1,600 ciudadanías obtenidas de manera indebida.

Obtención ilegal de la naturalización

Obtención por medio de ocultación de un hecho material o por tergiversación deliberada de un hecho material.
En el caso de las derivaciones, la agencia federal indica que la adquisición ilegal, por sí sola, permite que, por ejemplo, un niño pueda mantener su estado de ciudadanía en lugar de perderlo automáticamente bajo la sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
También señala que se están revisando protocolos para determinar directrices, las que serán publicadas una vez sean aprobadas.

En el reporte del 8 de septiembre de 2016, el Inspector General del DHS advirtió que la USCIS otorgó la ciudadanía estadounidense a al menos 858 personas que tenían previamente una orden de deportación o habían sido deportadas bajo otra identidad, cuando la actual base de datos de huellas digitales no estaba disponible.

En los años 90, los procedimientos que utilizaba el servicio de inmigración no estaban computarizados y no había un sistema de comunicación en línea con entre el FBI y el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). Los registros se llevaban en libros.

El IGDHS agregó en el informe que las agencias que antes participaban en el proceso de naturalización “ninguna tenía todos los registros de huellas dactilares antiguos”.

En ese entonces se estimó que unos 148,000 casos o expedientes de huellas digitales de ciudadanos no estaban digitalizados. En algunos casos “podrían tener órdenes finales de deportación o eran fugitivos de la ley”, situación que les impedía convertirse en ciudadanos.

El informe también advirtió que a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) también le faltaban expedientes “porque, en el pasado, no todos los registros de huellas tomados durante los encuentros de inmigración fueron remitidos” a esa agencia federal.

Indicó, además, que en la medida que se vayan digitalizando las huellas dactilares más antiguas “USCIS corre el riesgo de decisiones de naturalización sin información completa y, como resultado, la naturalización de personas adicionales que pueden ser no elegibles para la ciudadanía o que puedan estar tratando de obtener la ciudadanía de forma fraudulenta”.

Fuente: JORGE CANCINO