Una enorme sentencia de US$ 355 millones y otras medidas punitivas en el juicio por fraude civil en Nueva York contra el expresidente Donald Trump, sus hijos y la Organización Trump supondrán un golpe muy grande, aunque tal vez no fatal, a sus empresas con sede en el estado de Nueva York.

Al menos no directa o inmediatamente.

Todavía queda mucho por analizar del fallo y su impacto potencial en el imperio empresarial de Trump, pero esto es lo que sabemos hasta ahora.

A Trump y a sus hijos Donald Jr. y Eric no se les permitirá ocupar puestos como funcionarios o directores en sus empresas con sede en Nueva York en el futuro previsible: en el caso de Trump será durante tres años, en el de sus hijos durante dos. Esto es gracias a un fallo del viernes del juez Arthur Engoron en un caso iniciado por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, contra Trump y sus empresas por presentar estados financieros fraudulentos para obtener préstamos y seguros a tasas favorables. Tampoco se permitirá a Trump ni a la Organización Trump pedir dinero prestado a instituciones financieras autorizadas o registradas en el estado de Nueva York durante tres años.

El fallo sobre el papel, añadió Ross, «me parece un bloqueo realmente dramático a su capacidad para acceder al capital».

Podría haber sido peor.

Es que Trump y sus hijos también se enfrentaban a la posibilidad de perder sus certificados comerciales estatales, lo que les habría impedido operar sus numerosas corporaciones de responsabilidad limitada en Nueva York. Y el propio Trump podría haber sido excluido permanentemente de la industria inmobiliaria del estado de Nueva York, algo que James había solicitado.

«La conclusión es que la oficina del fiscal general de Nueva York obtuvo el dinero, pero no las prohibiciones permanentes [sobre las empresas de Trump] que quería», dijo David Cay Johnston, periodista ganador del Premio Pulitzer y autor de tres libros sobre Trump.

En cambio, el fallo final exige que la Organización Trump esté dirigida esencialmente por un monitor independiente, que fue designado por el tribunal en 2022, y un nuevo director de cumplimiento independiente.

El fallo amplió el papel del observador «por no menos de tres años».

Esa nueva estructura de gobierno es la razón que citó el juez Engoron para no cancelar los certificados comerciales de los Trump. «En el futuro habrá una supervisión de dos niveles —un Monitor Independiente y un Director Independiente de Cumplimiento— a las principales actividades que podrían conducir al fraude, por lo que la cancelación de las licencias comerciales ya no es necesaria», escribió en el fallo.

Se espera que Trump apele la sentencia. Pero el hecho de que Engoron no disolviera efectivamente sus negocios y en su lugar pidiera una supervisión independiente puede perjudicar sus posibilidades de ganar. «La decisión del tribunal de imponer requisitos de gobierno [a las empresas de Trump] hace que sea más probable que la orden judicial sobreviva la apelación», dijo Thomas.

Cómo el pago de US$ 355 millones podría afectar los negocios de Trump
Los US$ 355 millones que Trump y sus empresas deben pagar son una devolución de ganancias mal habidas por las prácticas fraudulentas por las que Engoron lo encontró responsable. Y sumado a los intereses que se cobrarán retroactivamente a las fechas que el juez especificó en el fallo, el monto total puede superar los US$ 450 millones, según estimaciones de la oficina del NYAG.

Se espera que Trump apele la sentencia. Tiene dos vías para hacerlo. Primero, en la División de Apelaciones y, luego, en el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. Eso llevará tiempo y podría significar que el caso no se cierre hasta 2025 como muy pronto.

Pero no puede posponer el pago de los US$ 355 millones más intereses. Básicamente, deberá mantenerse en depósito en garantía durante el proceso de apelación para garantizar que el demandante reciba el dinero que ordenó Engoron si se confirma su sentencia en su totalidad.

No está claro de dónde saldrá el dinero. Trump, que afirmó el año pasado tener US$ 400 millones en efectivo, podría aportarlos él mismo si su afirmación es cierta.

Pero también es cierto que se enfrenta a otro veredicto considerable de US$ 83,3 millones en el juicio civil que perdió recientemente ante E. Jean Carroll.

De modo que podría pedir dinero prestado y utilizar un gran activo (por ejemplo, uno de sus edificios) como garantía.

Dado que el fallo de Engoron le prohíbe obtener un préstamo de cualquier institución financiera registrada en Nueva York (lo que probablemente excluye a la mayoría de los principales bancos internacionales con oficinas en Nueva York, señaló Thomas), eso puede significar que necesitaría obtener un préstamo personal de una entidad no bancaria, una institución financiera o una empresa financiera no registrada.

O podría necesitar ayuda de una persona con un patrimonio neto muy alto, quien también podría buscar un activo comercial de Trump como garantía para asegurar el préstamo.

Pero prestarle dinero a Trump conlleva sus propios riesgos especiales.

«¿Quién le prestaría dinero a Donald Trump después de este fallo y teniendo en cuenta que tiene cuatro juicios penales?», se preguntó Johnston.