La implementación de la ley SB 4 en Texas en 2023, tras la decisión de una corte de apelaciones el viernes 29 de mayo, ha generado alarma en la comunidad inmigrante, mientras que las autoridades afirman que no se realizarán modificaciones en la labor policial en Houston: «Tenemos una grave falta de personal, por lo que no contamos con la capacidad para buscar personas por su estado migratorio».
La activación de la ley SB 4 en Texas, luego del veredicto de una corte de apelaciones el pasado viernes 29 de mayo, ha renovado inquietudes y dudas en las comunidades migrantes, mientras que las autoridades de Houston intentan aclarar su aplicación práctica.
La normativa habilita a agentes locales y estatales a detener a individuos bajo sospecha de haber ingresado al estado de manera ilegal desde México, marcando un nuevo rumbo en la política migratoria de Texas.
En Houston, el alcalde John Whitmire admitió el clima de inquietud que ha surgido a raíz de esta disposición: «Reconozco la ansiedad», señaló al aludir a la preocupación percibida entre los residentes inmigrantes.
Si bien dejó claro que nunca apoyó la legislación cuando formaba parte del Senado estatal, mencionó que ahora es necesario acatarla: “Voté en contra de esta ley cuando ocupaba el cargo de senador. Estaba preocupado en ese momento, pero ahora es ley, todos debemos aplicarla y respetarla. Es necesario capacitar a los agentes respecto a esto”, manifestó.
Whitmire subrayó que, a pesar de los cambios legislativos, las operaciones del Departamento de Policía de Houston no sufrirán alteraciones significativas. Según indicó, la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad sin comprometer la relación con la comunidad.
“Contamos con un excelente Departamento de Policía. Más del 50% de nuestro personal es hispano. La mayoría de los oficiales hablan varios idiomas”, afirmó el Alcalde. “No hostigan a la población, no tienen interacciones con ICE y mi labor es mantener la tranquilidad en una comunidad segura”.
Sin embargo, expertos advierten que, aunque el efecto inmediato pueda concentrarse en la región fronteriza, persiste la preocupación sobre posibles arrestos injustificados, especialmente en situaciones donde la apariencia o el idioma puedan influir en la sospecha.
El Presidente del Sindicato de Policías de Houston, Doug Griffith, desestimó esa inquietud, asegurando que las prácticas policiales en la ciudad no cambiarán. “Para HPD, nada va a cambiar. Aunque la ley nos autoriza a preguntar sobre el estatus de una persona, no lo hacemos, nuestra política no lo permite”, comentó.
Griffith también agregó que las restricciones operativas son un factor importante: “Estamos trabajando con una grave falta de personal, por lo que no tenemos la capacidad para salir a buscar el estatus migratorio de las personas. Eso no es relevante para nosotros. Nuestro deber es velar por el bienestar de la comunidad”.
Mientras tanto, la expectativa se centra en cómo otras agencias de aplicación de la ley, tanto locales como regionales, llevarán a cabo la ley en los días venideros. Hasta ahora, diversas dependencias no han ofrecido una declaración oficial.
Otros aspectos a tener en cuenta de la SB 4 de 2023
Imparte sanciones penales por el retorno de inmigrantes que han sido deportados anteriormente.
Otorga a los jueces y magistrados locales la novedosa autoridad de expedir órdenes de deportación.
Impide la interrupción de los procedimientos estatales, incluso si las personas implicadas ya estaban bajo la competencia de un tribunal federal de inmigración.
