La Fiscalía federal acusa de fraude y declaraciones falsas a un exagente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que también era presidente del sindicato que representa a empleados de la dependencia. Gastó el dinero de las cuotas en “viajes de lujo” y en el negocio de servicios migratorios de su esposa, de acuerdo con la acusación.

El trabajo de Félix Luciano y el de su esposa Athenea Luciano eran antagónicos. Él era un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que se dedicaba a perseguir indocumentados para deportarlos, mientras que ella tenía una oficina que ofrecía servicios para que ellos obtuvieran un estatus legal.

“Deje de vivir en las sombras… Servicios que mantienen unida a su familia”, se promovía el negocio de Luciano, Immigration Solutions USA, con una oficina en la ciudad de San Marcos, California.

La pareja ahora está en el centro de un escándalo por supuesto fraude. Félix Luciano, de 60 años, ha sido acusado de una supuesta malversación de decenas de miles de dólares siendo presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) Local 2805, un sindicato que representa a empleados de ICE en los condados de San Diego e Imperial, en la frontera con México.

De 2011 a 2018, Luciano estaba en la unidad de búsqueda de indocumentados, conocida como ERO, al tiempo que dirigía el Local 2805. Uno de sus deberes era mantener la “integridad fiscal” de su grupo gremial, pero usó las cuotas sindicales “para enriquecerse y pagar los gastos personales para él y su esposa”, señala la acusación sometida en el Distrito Sur de California de la Fiscalía Federal.

El gobierno alega que desvió fondos de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2019, aunque se jubiló a finales de 2018, cuando se realizaba una auditoría al sindicato por parte de la Oficina de Normas Laborales y Empresariales (OLMS) del Departamento del Trabajo.

Los investigadores afirman que el exagente migratorio usó las tarjetas de débito y de crédito del Local 2805 para pagar gastos personales y girar cheques a su nombre en una cuenta del banco Cabrillo Credit Union, que reportó falsamente como “viáticos”.

Dichas transacciones los beneficiaron a él y su esposa, “directamente o a través de su negocio, Immigration Solutions USA”, detallan documentos judiciales.

El dinero que aportaban los agremiados de AFGE lo usó para “viajes de lujo”, abonos a su tarjeta de crédito, pagos relacionados con el negocio de su esposa, un gabinete personalizado para guardar armas, compras en tiendas, cenas y combustible, describe el Departamento de Justicia.

La acusación cita un desembolso de más de 400 dólares en el hotel Hilton Grand Vacations de Las Vegas, Nevada, el 25 de junio de 2018; y un cheque de 576 dólares dirigido a la cuenta bancaria de Luciano.

Para ocultar el desfalco, él presentó informes financieros falsos. Por ejemplo, en 2017 indicó falsamente que la organización le había entregado directa o indirectamente 3,068 dólares, cuando en realidad la cifra correcta era más de 20,000 dólares, de acuerdo con el gobierno.

Sobre los gastos en la oficina de servicios migratorios de su esposa, la Fiscalía asegura que gastó indebidamente para el diseño de su página de internet, la cual se encuentra suspendida. Su esposa no ha sido mencionada en esta acusación.

Enfrenta 25 años de cárcel

Se llamó a Immigration Solutions USA y un telefonista afirmó que Athenea Luciano no se encontraba y tomó nota de que se estaba buscando un comentario sobre estas acusaciones. Hasta la publicación de esta nota no hubo una respuesta.

Athenea Luciano fue agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y hace unos años abrió su propio negocio de servicios legales migratorios. Comenzó en su casa y más tarde abrió un local en una plaza comercial sobre la Nordahl Road. Ella se aprecia de haber recibido en 2016 el premio “Empresaria del Año del condado de San Diego”.

De acuerdo con su página de Facebook, el negocio brinda ayuda a los inmigrantes para obtener la residencia permanente, visa de turista, renovación del programa Acción Diferida los Llegados en la Infancia (DACA), naturalización y otros servicios.

Refiriéndose al caso de Luciano, el fiscal federal Randy Grossman dijo en un comunicado que su oficina enjuiciará a quienes malversen fondos de los sindicatos. “Cuando los empleados pagan a los sindicatos las cuotas que tanto les costó ganar, esperan razonablemente que los funcionarios de esas organizaciones sean administradores honestos”, advirtió.

Luciano se declaró inocente de los cargos que le imputaron: fraude electrónico y declaraciones falsas.

Un juez le fijó una fianza de 30,000 dólares y le ordenó comparecer ante un tribunal federal de San Diego el próximo 3 de octubre.

Si es declarado culpable de ambos cargos enfrentaría una condena de hasta 25 años de prisión y una multa de 750,000 dólares.

Este caso fue investigado por ICE, la oficina del Inspector Postal de EEUU y el Departamento del Trabajo.