18 gobiernos se suman a Harvard y el MIT para tratar de impedir que la Casa Blanca obligue a los alumnos extranjeros a abandonar el país

Una ofensiva judicial de costa a costa para proteger a los estudiantes internacionales en las universidades e institutos de Estados Unidos va tomando forma, con la presión de que falta apenas un mes para comenzar el curso. Este lunes, un total de 17 estados más el Distrito de Columbia presentaron una denuncia contra el Gobierno de Donald Trump por la decisión “arbitraria y caprichosa” de cambiar las reglas de los visados de forma que miles de estudiantes internacionales se ven obligados a jugarse la salud yendo a clase en persona, o abandonar el país. La denuncia se suma a otras ya presentadas por universidades de California y Massachusetts.

El pasado lunes 6 de julio, la policía de Inmigración anunció en una circular interna que las reglas de validez de los visados de los estudiantes extranjeros habían cambiado. Para obtener un visado de estudios en EE UU es necesario que la mayoría de las clases sean presenciales. Pero el pasado marzo, al llegar la pandemia y trasladarse toda la educación a online, Inmigración hizo una excepción para que los estudiantes pudieran terminar los cursos. Esa excepción es lo que se quiere eliminar, cuando no hay ninguna evidencia de que la situación sanitaria vaya a cambiar.

Es decir, los estudiantes extranjeros tienen que apuntarse a clases presenciales el próximo curso o sus visados perderán validez y estarán ilegales en el país. Más aún, si a mitad de curso hubiera que trasladar la educación de nuevo a Internet, también perderían su visado, según la circular. La medida afecta a dos tipos de visado que suman unos 400.000 estudiantes al año. Los estudiantes extranjeros en EE UU son un negocio de miles de millones de dólares anuales.

La decisión dejó al mundo educativo sumido en el caos y a miles de estudiantes en la incertidumbre, con planes hechos, alquileres contratados, matrículas pagadas, vuelos reservados y sin saber si podrán cursar sus estudios el año que viene. En EE UU el curso escolar comienza en agosto. El miércoles pasado, las universidades de Harvard y Massachusetts Institute of Technology (MIT), presentaron una denuncia en Boston pidiendo la paralización cautelar de la medida por tener una motivación política. Ambas universidades habían anunciado también el lunes 6 de julio que todas sus clases serían online en otoño.

Al día siguiente, el fiscal general de California presentó en San Francisco la primera denuncia estatal para tratar de frenar la medida de manera cautelar. Junto al Estado, denunciaron también las universidades de California State y California Community Colleges. “Qué vergüenza que la Administración Trump ponga en riesgo no solo las oportunidades educativas de los estudiantes que se han ganado el derecho de ir a la universidad, sino también su salud”, dijo el fiscal californiano, Xavier Becerra.

Este lunes, la fiscal general de Massachusetts y otros 17 fiscales generales han presentado una nueva denuncia con argumentos parecidos. “La Administración no ha intentado siquiera explicar las bases para esta norma sin sentido, que obliga a los centros a elegir entre mantener matriculados a sus estudiantes internacionales o proteger la salud en sus campus”, dijo la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey. La base de las demandas es que Inmigración se basa en defectos de procedimiento en la manera en que se ha adoptado la decisión y falta de justificación legal.

En el trasfondo de esta batalla, como todo en este 2020, están las elecciones presidenciales de noviembre. La gran baza de reelección de Donald Trump era presentar números récord de empleo y beneficios empresariales. La crisis provocada por la pandemia de covid-19 cambió completamente el escenario. El país presenta cifras récord, pero de desempleo y destrucción de empresas. Trump está decidido a llegar a noviembre con la economía funcionando de nuevo, y para ello es imprescindible que puedan abrir los centros educativos en todos los niveles. El consenso científico es que el espacio compartido sería un importante impulsor de la transmisión del virus, más aún cuando los jóvenes son en su mayoría asintomáticos.

Aparte de intentar utilizar a los estudiantes internacionales como peones para presionar a las universidades y que reabran sus campus en otoño, el enfrentamiento entre Trump y las instituciones educativas más prestigiosas de EE UU es más profundo, no solo táctico. El viernes pasado se celebró la vista preliminar de la denuncia presentada por Harvard y el MIT. El juez pospuso la decisión sobre las cautelares a esta semana. Pero el presidente tuiteó una nueva amenaza: eliminar los beneficios fiscales de las universidades. De paso, como es habitual, volcó en público sus pensamientos sobre la élite educativa de EE UU. “Demasiadas universidades y sistemas escolares se dedican al Adoctrinamiento de Izquierda Radical (las mayúsculas son suyas), no a la Educación”, y anunció que había ordenado a Hacienda revisar las condiciones fiscales de las universidades.

 

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