A tres semanas de que entre en vigor la Ley S.B. 1718, legisladores que votaron a favor de la más dura ley migratoria de Estados Unidos temen un éxodo de campesinos y aseguran que no afectará a quienes ya tengan empleo, sino a los nuevos. Y piden a los pastores religiosos que ayuden a detener la huida para no vaciar los campos.
Algunos legisladores estatales que votaron a favor de la Ley de Florida S.B. 1718, recientemente promulgada por el gobernador Ron DeSantis y que entra en vigor el 1 de junio, están pidiéndoles a los trabajadores inmigrantes que no se marchen del estado debido al miedo reinante de que serán arrestados por las autoridades y deportados de Estados Unidos.
Durante un encuentro celebrado el lunes en la ciudad de Hialeah, sur de Florida, donde asistieron líderes religiosos, activistas por los derechos de los inmigrantes y legisladores del Partido Republicano, los congresistas intentaron aplacar los temores señalando que la nueva ley, que convierte al estado en el más duro en materia migratoria, está dirigida los nuevos trabajadores inmigrantes, pero no a quienes ya tienen un empleo.
El representante Rick Roth, del distrito 85 en la Cámara de Representantes del estado, dijo durante la reunión, a la que asistieron unas 160 personas, que la S.B. 1718 “tiene huecos” (lagunas) que podrían afectar su implementación, sobre todo para que “los trabajadores temporales sean exentos” y que la nueva ley fue diseñada “específicamente para los empleadores” y no para los trabajadores.
Roth, quien además es un agricultor de tercera generación, dijo que las personas preocupadas o que (se sientan) afectadas “deben consultar a sus empleadores” respecto a los alcances de la legislación.
El congresista estatal indicó, además, que la mala noticia es que la ley S.B. 1718 «es más política que una ley».
«Da más poderes al estado policial que hacer frente a la inmigración» y reconoció que los agricultores “están bien enojados» porque están perdiendo empleados que se están yendo a otros estados, como Georgia.
“Es muy peligroso para la agricultura. Necesitamos desesperadamente más trabajadores legales y esto lo empeorará”, advirtió Roth de acuerdo con un reporte de NPR.
«Este proyecto de ley es un proyecto para meterle miedo a las personas que no vengan al estado de Florida», dijo la congresista republicana Alina García, quien asistió al evento junto con Roth y el legislador Juan Fernández-Barquin.
Activistas de Florida enojados con la S.B. 1718
Activistas que asistieron a la reunión dijeron sentirse “enojados” y también “preocupados” no solo por la promulgación de la S.B. 1718 el pasado 10 de mayo, sino por las declaraciones emitidas por los congresistas.
“Fue impactante escuchar que (los republicanos) admiten haberla creado (la S.B. 1718) por motivaciones políticas y que la intención es asustar a los inmigrantes”, dijo a Univision Noticias María Asunción Bilbao, coordinadora de campañas de la organización American Friends Service Committee (AFSC), quien asistió a la reunión convocada por los líderes religiosos.
Bilbao agregó que “lo más repugnante fue cuando dijeron que, cuando vuelvan a sus congregaciones (los líderes religiosos), le digan a su gente
que no se fueran de Florida porque la gente de la agroindustria estaba enojada debido a que los trabajadores se estaban yendo”.
El congresista estatal Roth aseguró en su intervención que, específicamente, la Ley S.B. 1718 (no incluye) la recolección de información personal, en referencia a los hospitales que reciben Medicaid.
“Yo me pregunto”, agregó Bilbao, cuando tengan una luz rota en su automóvil y los pare la policía, ¿van a poder hacer algo esos pastores para sacarlos de una detención en una cárcel de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)?”.
Por ahora no hay respuestas.
De qué se trata la Ley de Florida S.B. 1718
La nueva ley migratoria de Florida S.B. 1718, entre otras medidas, exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar el programa federal E-Verify para comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores, obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes y asigna $12 millones para el traslado de inmigrantes indocumentados a otros estados.
Sin embargo, una de las regulaciones más polémicas de la ley es que hace que el transporte a Florida de personas sin un estatus migratorio regulado sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
DeSantis califica de inmigrantes «ilegales» no solo a aquellos que se encuentran sin autorización por parte del gobierno federal para permanecer en Estados Unidos, sino también a aquellos no ciudadanos que llegaron a la frontera sur en busca de asilo, demostraron miedo o temor creíble si son deportados, fueron procesados, sus casos referidos a la Corte de Inmigración y luego liberados bajo el Programa Alternativa de Detención (ATD).
Abogados consultados por Univision Noticias reiteran que estas personas no se encuentran ilegalmente en el país, sino que fueron liberados bajo supervisión del gobierno federal (fianza o grillete electrónico) en espera de que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos, tal y como lo estipula el debido proceso.
Otros detalles de la Ley de Florida S.B. 1718
Convierte en un delito grave el uso de una identificación falsa para obtener la elegibilidad de empleo;
Permite la revocación de licencia de operaciones o multas considerables si un empleador viola los requisitos de E-Verify cuatro veces en un período de 24 horas;
Limita el acceso a puestos de trabajo a personas que tienen estatus migratorio no regulado;
Obliga a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso cuando visitan la sala de emergencias, y a informar regularmente sobre el costo de la atención brindada a los pacientes sin un estado migratorio regulado a la AHCA y la legislatura;
Hace que el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. Esto incluye acusarlo de un delito grave por regresar al estado de Florida cuando vive aquí de forma permanente. El resumen del plan «establece sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y violar, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte a este estado de personas que ingresaron a EEUU ilegalmente y sin la inspección del gobierno federal»;
Castiga la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado;
Prohíbe la financiación de programas comunitarios de identificación a nivel de ciudad y condado;
Anula las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin un estatus migratorio regulado;
Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio; y
Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
Fuente: JORGE CANCINO