Un fiscal de Nueva York pedía que la empresa que llevaba la contabilidad de Trump entregue registros de actividad financiera desde 2011 a 2018.

La Corte Suprema determinó este lunes que el presidente Donald Trump debe entregar sus registros financieros, incluyendo sus declaraciones de impuestos, a un fiscal de Nueva York para adelantar investigaciones sobre negocios del mandatario de su época de empresario inmobiliario.

Es el primero de dos casos antes la corte sobre registros financieros del presidente (Trump vs. Vance). El otro fue presentado por comités del Congreso (Trump vs. Mazar) y está a la espera de decisión hoy mismo.

En el caso del Distrito Sur de la fiscalía de Nueva York, el fiscal Cyrus Vance pedía los documentos para ser presentados a un gran jurado que estudia el caso de Stormy Daniels. En ese caso los papeles permanecerían fuera del alcance del público porque las leyes indican que las deliberaciones de los grandes jurados deben permanecer confidenciales.

La decisión tomada por 7 votos a favor y 2 en contra indica que “… sucesivos presidentes desde Monroe hasta Clinton han aceptado la decisión de Marshall de que el presidente ejecutivo está sujeto a una citación y han acordado testificar de manera uniforme cuando se les llama en un proceso penal”, dice el fallo

“En 1974, la pregunta de si obligar a la divulgación de las comunicaciones oficiales sobre la objeción del presidente llegó a un punto crítico cuando el Fiscal Especial de Watergate obtuvo una citación duces tecum que ordenaba al presidente Nixon que produjera, entre otras cosas, grabaciones en cinta de las reuniones de la Oficina Oval. Este tribunal rechazó el reclamo de Nixon de un privilegio absoluto de confidencialidad para todas las comunicaciones presidenciales”, añade.

Los casos

La pelea escaló hasta el máximo tribunal estadounidense a fines del año pasado en dos casos diferentes, cuando los abogados de Trump le pidieron que bloqueara un pedido judicial para que el mandatario entregara las declaraciones tributaria de casi una década alegando que el Congreso no tiene una razón legítima para su solicitud y que la fiscalía de Nueva York no puede investigar a un presidente en ejercicio.

El comité de Supervisión y Reformas de la Camara de Representantes tiene abierta una investigación sobre un pago realizado a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre un supuesto amorío con el mandatario en 2006 y otra acerca de si Trump infló el valor de sus activos en sus declaraciones de impuestos con el fin de obtener préstamos.

Además, lo de Inteligencia y Servicios Financieros, también han pedido que se le entreguen las declaraciones de impuestos del presidente y de sus compañías. Los demócratas presumen que, durante sus años como empresario, Trump infló el valor de sus bienes para obtener préstamos. También sospechan que puede haber algún caso de conflicto de interés.

Por un lado, los abogados de la Cámara Baja sostenían que el Congreso tiene la autoridad necesaria para exigir los registros, tanto para supervisarlos como para determinar si se necesitan nuevas leyes de ética presidencial y de divulgación de información financiera.

Por el otro, la Casa Blanca se negaba a colaborar afirmando que se trata de «acoso político» y que la Cámara de Representantes no necesita esa información para desarrollar su labor legislativa.