DeSantis pidió que se reinstauren las restrictivas políticas migratorias impuestas durante el pasado gobierno y firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes indocumentados que llegan a la entidad.
El estado de Florida interpuso el martes una demanda en contra del gobierno del presidente Joe Biden asegurando que su política de inmigración es «ilegal» y «destructiva», al tiempo que el gobernador Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes indocumentados que llegan a la entidad.
La demanda interpuesta por la fiscal general Ashley Moody ante una corte federal en Pensacola, norte de Florida, afirma que la política federal de inmigración le costará al estado millones de dólares y afectará a Florida.
“Si bien algunos de los migrantes que llegan tienen solicitudes de asilo legítimas, muchos no. Algunos son miembros de pandillas y narcotraficantes que aprovechan la crisis en la frontera, como lo demuestra la impresionante cantidad de fentanilo incautado en la frontera este año”, afirma la demanda.
Moody y DeSantis ofrecieron una conferencia de prensa en el suroeste de Florida, durante la cual ambos criticaron a Biden en materia de inmigración y elogiaron las políticas del expresidente Donald Trump.
“El presidente Biden está ayudando a los cárteles criminales”, afirmó Moody.
«Queremos que sean reinstauradas las políticas predecesoras» de Trump en materia migratoria, aseveró DeSantis, al criticar las que considera «destructivas políticas migratorias» y «de fronteras abiertas».
Según sus cifras, desde que Biden asumió la Presidencia en enero pasado la Patrulla Fronteriza «ha liberado a casi un cuarto de millón de inmigrantes ilegales» en el país.
Ordena detener vehículos sospechosos
Al igual que ya lo hizo el mes pasado el gobernador de Texas, Greg Abbott, el gobernador de Florida emitió una orden ejecutiva que autoriza al Departamento de Policía de Florida y a la Patrulla de Caminos estatal “detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado de Florida que se crea que transporta extranjeros ilegales a Florida desde la frontera suroeste”, si lo permiten las leyes estatales y federales. La salvedad de que la ley debe cumplirse probablemente les impide incautar aeronaves federales.
DeSantis también ordenó a las agencias recopilar información sobre la identidad de cualquier inmigrante que llegue a Florida de manera ilegal desde la frontera con México e instruyó a las dependencias estatales a no gastar dinero para ayudar a esos inmigrantes a menos que lo exija la ley.
La representante estatal demócrata Anna Eskamani criticó a DeSantis, señalando que el gobernador utiliza el tema migratorio para sumar puntos políticos entre su base conservadora en lugar de enfocarse en otras cuestiones que afectan al estado.
“Ha perdido por completo la cabeza y solo quiere distraer a la gente de a pie de los problemas de la vida real”, declaró Eskamani, citada por AP. “Tenemos una crisis de vivienda asequible, tenemos que preocuparnos por el cambio climático, tenemos gente que no puede encontrar un empleo bien remunerado. Hay tantos problemas a nuestro alrededor y esto es lo que él elige”.
Cuando le preguntaron sobre la demanda y la orden de DeSantis, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió que no había visto la querella.
“Cualquier republicano o cualquier miembro que quiera tener una conversación constructiva sobre soluciones para abordar lo que todos coincidimos que no es un enfoque operativo o moral sostenible a largo plazo de la inmigración, estamos encantados de tener esa conversación”, señaló Psaki.
DeSantis, quien es considerado un posible candidato a la presidencia para 2024, ha estado arremetiendo contra Biden en el tema de la inmigración durante meses. Envió policías de Florida a Texas para ayudar a frenar los cruces ilegales en la frontera, y posteriormente, él y Moody visitaron la frontera y realizaron una conferencia de prensa para hablar sobre el tema.