Los fiscales del condado de Fulton presentaron evidencia al gran jurado para la acusación, con los testimonios de varios exfuncionarios estatales, incluido el del anterior vicegobernador.

Un gran jurado en Georgia resolvió en la noche del lunes imputar criminalmente al expresidente Donald Trump y otras 18 personas por sus supuestos intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, anunció la acusación en una rueda de prensa en Atlanta en la que detalló que los 19 están acusados en virtud de una ley estatal sobre la delincuencia organizada, que se suele usar contra las pandillas, es conocida como RICO por sus siglas en inglés y prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión.

La acusación contiene un total de 41 cargos, que incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos o incluso perjurio.

Además de Trump, a quien se le imputan 13 cargos, otros acusados son el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el que fuera jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, y abogados como John Eastman, Sidney Powell o Kenneth Chesebro.

La fiscal anunció que les daba hasta el 25 de agosto «para entregarse voluntariamente» a la justicia de Georgia y apuntó que su intención es que todos vayan juntos a un juicio a celebrar en los próximos seis meses.

La investigación comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero de 2021 —cuya grabación pronto se hizo pública— en la que Trump pide al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, que «encontrara» los cerca de 12,000 votos que le faltaban para ganar los 16 electores del estado.

Así fue la llamada de Trump en la que le pidió al secretario de Estado de Georgia que le «encuentren 11,780 votos»

La acusación, contenida en un documento de 98 páginas, es la cuarta imputación que enfrenta el expresidente y la segunda vinculada a los supuestos intentos de voltear ilegalmente el resultado de las elecciones que ganó Joe Biden en 2020.

A diferencia de los cargos por el caso de los papeles de Mar-a-Lago y los hechos que llevaron al asalto al Capitolio presentados por el fiscal especial Jack Smith, en el caso de Georgia, al ser estatal, Trump no podría perdonarse a sí mismo ni a sus aliados si logra ganar la presidencia en las elecciones de 2024.

Willis, a la pregunta sobre las acusaciones de Trump de un supuesto interés «partidista», respondió que su oficina actúa bajo «la ley y los hechos» y reiteró que «la ley no es partidista».

Por la noche, Trump volvió a atacar a la fiscal en un comunicado en el que la califica de «partidista rabiosa» al servicio de los intereses del presidente Biden.

«¡Me suena a amañada!», dijo Trump en la red Truth Social en referencia a la decisión judicial. «¿Por qué no me inculparon hace dos años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política. ¡Caza de brujas!», exclamó.

¿De qué acusa la fiscalía de Georgia a Trump?

La fiscalía enumeró ante el gran jurado durante el proceso más de una decena de cargos por delitos graves en contra de Trump.

Entre ellos incluyó uno que viola la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que se usa para quienes operan en organizaciones del crimen organizado. Todos los acusados en el documento difundido la noche del lunes están acusados de este delito.

Durante mucho tiempo se esperaba que Willis presentara ese cargo contra Trump y sus asociados, acusándolos de participar en una conspiración de gran alcance para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

Dos cargos, incluida la solicitud de violación del juramento por parte de un funcionario público, enumeran la fecha del delito el 2 de enero de 2021, que fue cuando Trump, durante una llamada telefónica con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que quería “encontrar” suficientes votos para anular su derrota en el estado.

Otros recuentos enumeran la fecha del delito como el 17 de septiembre de 2021, que es el mismo día en que Trump le envió a Raffensperger un mensaje instándolo a investigar el “fraude electoral a gran escala”, anular la certificación de las elecciones y “anunciar el verdadero ganador” si la investigación encontró el fraude.

“ Ningún individuo está por encima de la ley y continuaré cooperando plenamente con cualquier procedimiento legal que busque la verdad y proteja nuestra democracia”, dijo Bee Nguyen, exrepresentante estatal demócrata, en un comunicado.

Eastman también apareció durante al menos una de esas audiencias y dijo que las elecciones no se habían realizado de conformidad con la ley de Georgia y que los legisladores deberían nombrar una nueva lista de electores.

Sterling y su jefe, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, ambos republicanos, rechazaron enérgicamente las acusaciones de problemas generalizados con las elecciones de Georgia.

Trump llamó a Raffensperger el 2 de enero de 2021 y sugirió que el principal funcionario electoral del estado podría ayudar a “encontrar” los votos que Trump necesitaba para vencer a Biden. Fue la publicación de una grabación de esa llamada telefónica lo que llevó a Willis a abrir su investigación aproximadamente un mes después.

¿Quiénes son los imputados en la acusación en Georgia?

Junto a Trump, Giuliani, Meadows y los mencionados abogados John Eastman, Kenneth Chesebro y Sidney Powell, también están Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia; Jenna Ellis, abogada de la campaña de Trump.

El resto son Robert Cheeley, otro abogado que presuntamente promovió afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude, Mike Roman, empleado de la campaña de Trump; David Shafer, exlíder del Partido Republicano en Georgia e identificado como un “elector falso”; Shawn Still, también señalado como “elector falso”; Stephen Lee, un pastor que supuestamente intimidó a trabajadores de centros de votación; Harrison Floyd, líder de Black Voices for Trump; Trevian Kutti, también acusado de intimidación; Ray Smith, abogado de la campaña y Cathy Latham, Scott Hall y Misty Hampton, del condado de Coffee.

La fiscalía acusa a estas personas de formar «una organización en marcha cuyos miembros y asociados funcionaban con el propósito común de lograr los objetivos» y el documento de la imputación detalla que esta supuesta organización operó en el condado de Fulton, así como en otras partes de Georgia, al igual que en otros estados, incluidos, Arizona, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pennsylvania y Wisconsin, y el Distrito de Columbia.

Una larga jornada retrasada por una filtración

El proceso se topó con un obstáculo inesperado a mitad del día, cuando Reuters informó sobre un documento que enumeraba los cargos penales que se presentarían contra Trump, incluidos los cargos estatales de extorsión, conspiración para cometer declaraciones falsas y solicitud de violación del juramento por parte de un funcionario público.

Reuters, que luego publicó una copia del documento, señaló que la presentación fue retirada rápidamente. Un portavoz de la fiscal Fani Willis dijo que el informe de los cargos presentados era “inexacto”, pero se negó a comentar más sobre el asunto, al que el equipo legal de Trump se abalanzó rápidamente para atacar la integridad de la investigación.

La oficina de la secretaria de la corte emitió más tarde una declaración que parecía solo generar más preguntas, calificando el documento publicado como “ficticio”, pero sin explicar cómo llegó al sitio web del tribunal.

Añadió que los documentos sin números de casos oficiales “no se consideran presentaciones oficiales y no deben tratarse como tales”. Pero el documento que apareció en línea tenía un número de caso.

Cuando se le preguntó sobre el documento “ficticio» el lunes por la noche, la secretaria de la corte, Che Alexander, indicó: “Quiero decir, no sé qué más decir, como, gracia… No sé, no he visto una acusación… así que no tengo nada”. Sobre la pregunta de si el sitio web había sido pirateado, dijo: “No puedo hablar de eso”.

Trump y sus aliados, que han caracterizado la investigación como políticamente motivada, inmediatamente aprovecharon el aparente error para afirmar que el proceso fue amañado.

“El testimonio del Gran Jurado ni siquiera TERMINÓ, pero está claro que el fiscal de distrito ya decidió cómo terminará este caso”, escribió Trump en el correo electrónico, que incluía enlaces para dar dinero a su campaña. “Esta es una desgracia absoluta”.

El equipo legal de Trump dijo que no fue un “simple error administrativo”, sino un hecho “emblemático de las violaciones constitucionales generalizadas y flagrantes que han plagado este caso desde su inicio”, dijeron los abogados del expresidente, Drew Findling, Jennifer Little y Marissa Goldberg.

No estaba claro por qué se publicó la lista mientras los miembros del gran jurado aún escuchaban a los testigos en la extensa investigación sobre las acciones tomadas por Trump y otros en sus esfuerzos por anular su estrecha derrota en Georgia ante el demócrata Joe Biden. Tampoco se sabe si los miembros del gran jurado sabían que la presentación se publicó en línea.

Los expertos legales dijeron que era probable que se tratara de un error administrativo al enumerar los cargos que los fiscales planeaban pedirle al gran jurado que votara. Los fiscales redactan las acusaciones y las presentan al gran jurado, que finalmente decide si presenta los cargos.

“Creo que esto nos dice lo que planean presentar al gran jurado, y el gran jurado podría decir que no”, dijo Clark Cunningham, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia. Dijo que si bien el error le dará al equipo legal de Trump motivos para quejarse, “no hundirá el caso”.

«¿Sus abogados harán mucho ruido al respecto? Sí, lo harán. ¿El señor Trump hará mucho ruido al respecto? Sí, lo hará. Estoy seguro de que tendrá que haber una explicación para ello», remató.