El martes, el gobierno de Guatemala anunció que iniciaría la eliminación gradual de la participación de médicos cubanos, un programa que ha estado vigente durante casi tres décadas y representa una fuente crucial de ingresos para la nación cubana, pero que ha sido objeto de intensa presión por parte de la administración de Donald Trump.
Guatemala, que cuenta con más de 18 millones de habitantes, es el último país en América que ha tomado la decisión de cancelar el programa de médicos provenientes de Cuba.
El Ministerio de Salud de este país centroamericano emitió un comunicado en el que indicó que la brigada cubana estaba compuesta por 412 profesionales de la salud, incluidos 333 médicos, que desempeñaban funciones en el sistema de atención sanitaria de Guatemala. El ministerio anunció que este año daría inicio a un «proceso progresivo de finalización» conforme los profesionales médicos terminaran sus respectivas misiones.
El ministerio también mencionó que este cambio se fundamentaba en «un análisis técnico» orientado a robustecer el sistema de salud nacional de Guatemala, «asegurando en todo momento la continuidad de los servicios».
Bajo la presidencia de Bernardo Arévalo, Guatemala ha colaborado con la administración de Trump, firmando recientemente un tratado comercial reciproco con Estados Unidos, aumentando los vuelos de deportación y trabajando más en cooperación con las autoridades estadounidenses en temas penitenciarios y de pandillas.
No obstante, desde que fuerzas estadounidenses arrestaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mes pasado, Trump ha desviado su atención hacia Cuba, que ha enviado un considerable número de médicos a Venezuela a cambio de petróleo, su mayor proveedor.
La administración de Trump ha instado a las naciones de la región a poner fin a las brigadas de médicos cubanos. En febrero del año pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones en la emisión de visas no solo para los funcionarios y exfuncionarios cubanos involucrados en las misiones médicas en el extranjero, sino también para los representantes de gobiernos foráneos y sus familias que estén conectados a dicho programa.
«Los programas de exportación laboral de Cuba, que incluyen las misiones médicas, benefician al régimen cubano y, en el caso de las misiones en el exterior, privan a los cubanos comunes de la atención médica que requieren con urgencia en su país natal», expresó Rubio.
Desde ese momento, varias naciones han cesado sus programas de médicos cubanos, entre ellas Paraguay, Bahamas y Guyana, cuyo ministro de Salud indicó que ahora los médicos cubanos serán contratados de manera independiente y directa.
En agosto, Rubio dio a conocer restricciones de visas contra varios funcionarios de Brasil y Granada debido a su implicación en el programa cubano.
Este mes, el primer ministro de Santa Lucía, Philip Pierre, declaró que Estados Unidos estaba ejerciendo presión sobre su gobierno para que no enviara médicos a Cuba para recibir formación, y que sus pares de otras naciones habían prohibido la llegada de médicos cubanos a quienes el país solía recurrir. Lo describió como un «gran, gran problema».
La embajada de Estados Unidos que opera en esa región del Caribe desmintió haber mantenido conversaciones con Santa Lucía respecto a la capacitación de su personal médico, aunque solicitó la finalización del programa médico de Cuba en el exterior.
El mes anterior, la embajada estadounidense en Guatemala censuró el programa cubano en una publicación en redes sociales, afirmando que “la explotación de los trabajadores de la salud por parte de Cuba no solo representa una cuestión de derechos humanos”, sino que también “puede comprometer la seguridad de los pacientes”. Mencionó que existían reportes que indicaban que los profesionales de la salud cubanos carecían de la formación necesaria. La embajada no proporcionó detalles sobre dichos informes.
En una carta con fecha del 6 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala comunicó que había notificado a la embajada cubana en Guatemala acerca de la retirada gradual de médicos cubanos. Un empleado que atendió la línea telefónica de la embajada de Cuba en Guatemala el martes por la tarde afirmó que la representación diplomática no tenía observaciones al respecto.
Durante varias décadas, el gobierno cubano ha enviado a miles de trabajadores de la salud a servir en comunidades y áreas aisladas en numerosos países. Los profesionales médicos perciben solo una pequeña parte de lo que las naciones abonan a Cuba por sus servicios.
No se tiene claridad sobre la cantidad de ingresos que el programa médico ha generado para Cuba. Sin embargo, de acuerdo con algunos estudios, como uno elaborado por Archivo Cuba, una organización de derechos humanos con sede en Miami, se estima que Cuba obtiene más de 4000 millones de dólares anualmente a través de la exportación de personal de salud, constructores, educadores y otros profesionales calificados.
Con la reducción de médicos cubanos, el Ministerio de Salud de Guatemala indicó que se implementará “un plan de reemplazo gradual”, que incluirá la contratación de más personal local, el incremento de incentivos para cubrir puestos difíciles y la redistribución del personal existente.
Guatemala comenzó su programa de brigadas médicas cubanas en 1998, coincidiendo con el año en que su entonces presidente, Álvaro Arzú, restableció la relación con Cuba.
Fernando González Davison, un especialista guatemalteco en relaciones internacionales, comentó que los médicos cubanos se desplazaban a comunidades indígenas y a las zonas más empobrecidas de Guatemala que habían sido desatendidas por el gobierno o severamente impactadas por la prolongada guerra civil del país.
La corrupción extendida en los servicios públicos de Guatemala y la falta de interés de los jóvenes médicos por establecerse en áreas más apartadas generaron vacíos en el sistema de salud que los médicos cubanos supieron llenar, sostuvo.
González Davison afirmó que los significativos recortes del gobierno estadounidense en su asistencia exterior a países en vías de desarrollo el año pasado ya habían implicado “un serio impacto” para Guatemala. Añadió que esta nueva medida representa “una amenaza para la salud de la población más desfavorecida”.
