La policía de Guatemala disuelve la caravana que pretendía llegar a México, mientras los migrantes que lograron sortear el cerco aguardan en la orilla del río Suchiate

La situación este lunes en la zona fronteriza entre México y Guatemala era la de dos realidades antagónicas que se observaban con el río Suchiate de por medio, mientras las noticias sobre lo que sucedía con la caravana corrían de boca en boca por ambas orillas. Policías y soldados guatemaltecos dispersaron por la fuerza una caravana con miles de migrantes hondureños, apostados durante el fin de semana en una carretera del este del país, disolviendo el enésimo intento por entrar masivamente a Estados Unidos. Los restos del grupo trataban de reorganizar una caravana hecha jirones que aspira a seguir adelante.

A un lado, en México, hay una barrera de cientos de soldados, agentes de migración y Guardia Nacional desplegados cada pocos metros formando una línea humana. Frente a ellos, del lado guatemalteco, cientos de migrantes, observan cada movimiento de los nuevos uniformados desde la otra orilla. Un extremo de la caótica rivera viste traje de operaciones especiales, guarda los escudos y las bombas de gas lacrimógeno fuera del alcance de los periodistas y ha colocado a los agentes del Instituto Nacional de Migración para revisar la documentación. La aún más caótica orilla de enfrente viste ropa desgastada y lleva una mochila a la espalda con algunas cobijas para dormir donde se pueda.

José Anael García, 30 años, de San Pedro Sula, salió con la caravana y logró evadir los retenes separándose de la caravana y avanzando por el monte y las veredas. “Hemos escuchado que el nuevo presidente de Estados Unidos va a ser más flexible con los migrantes que llegamos ahora”, dice este albañil con los pies destrozados de caminar sin descanso. “Si venimos en grupo tenemos más chance de lograr la pasada. Porque lo que cuentan en la caravana es que durante 120 días habrá permiso para entrar a Estados Unidos, pero solo durante esos primeros días del nuevo presidente”, fantasea sobre un supuesto plan migratorio del futuro presidente.

Otro joven de Lempira, Roger Díaz, logró escapar de los golpes de la policía de Guatemala porque llevaba una prueba de covid en la mochila que le hizo una ONG en la frontera. La imposibilidad de pagar los casi 60 dólares que cuesta la prueba es el primer filtro para impedir el movimiento de los centroamericanos, a pesar de que legalmente tienen derecho a ello. Honduras está devastada después del paso de los huracanes Iota y Eta en el mes de noviembre. “Ya estábamos en crisis, luego llegó la pandemia y la economía se detuvo y, por último, los huracanes han destrozado todo. Mi casa se desgajó del cerro por las lluvias y perdí todo. Ahora no tenemos ni para comer”, dice sobre los dos hijos de cuatro y seis años que dejó en Honduras. “Hay hambre y ninguna posibilidad de encontrar un trabajo. A veces con suerte puedo trabajar dos días a la semana”, dice agotado Roger Díaz a las puertas del albergue regentado por la Iglesia católica de Tecún Umán donde espera que le regalen su primera comida en cinco días.

La caravana generó tensión entre Guatemala y Honduras, al punto que Tegucigalpa reclamó a su país vecino la represión de los cuerpos de seguridad contra los migrantes, y le pidió una investigación de los hechos. Guatemala por su parte, reprochó a Honduras que no frenara la “salida masiva” de migrantes hacia Estados Unidos y que en dos ocasiones ha chocado con la fuerza pública.

Según las autoridades guatemaltecas, la vecina Honduras se había comprometido a disuadir, atender y facilitar el retorno de las personas que tenían intención de migrar y Guatemala subrayó que la entrada de hondureños fue irregular y hasta el momento ha confirmado 20 casos positivos de covid-19 entre la caravana. Desde México, el comisionado Francisco Garduño llamó a atacar a los “sicarios sociales” que fomentan la migración irregular y sacan provecho de ella.