Un juez detiene las acciones del DHS, ICE, USCIS y CBP que buscaban votantes no ciudadanos de manera indiscriminada.
La resolución protege a los hogares con situación migratoria diversa y a las organizaciones comunitarias en el contexto de las elecciones de medio término.
Un fallo judicial federal puso un alto inmediato a las operaciones del gobierno de los Estados Unidos que enviaban personal armado a los domicilios de las familias con el propósito de interrogarlas sobre su participación electoral.
Esta decisión judicial, dictada el 21 de octubre de 2026 en California y divulgada por la organización Protect Democracy, prohibió las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya que se consideraron una violación a las leyes nacionales y generadoras de miedo en las comunidades.
Se obtuvo acceso directo a la sentencia judicial y en este documento se detalla, paso a paso, lo que indagó el tribunal, el impacto en nueve estados y lo que es crucial saber para salvaguardar a tu familia, según el documento legal.
Un juez califica de ilegal intimidar a hogares y congregaciones durante el período electoral.
La medida preventiva fue emitida por la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín en el caso California Nurses Association contra Markwayne Mullin (Expediente N°. 26-cv-10680-AMO).
Este caso se originó a partir de la demanda interpuesta el 18 de septiembre de 2026 por la Asociación de Enfermeras de California, la organización National Nurses United, la Fundación Voto Latino, así como la Ciudad y Condado de San Francisco y el Condado de Santa Clara. Tras la audiencia del 19 de octubre de 2026, el tribunal resolvió que las agencias federales no pueden seguir con sus operaciones en el terreno.
La resolución determinó que enviar agentes a los domicilios para interrogar a las personas infringe la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto de 1965. Esta normativa protege a los ciudadanos de cualquier forma de amenaza, coerción o persecución mientras ejercen su derecho al voto o apoyan a otros en este proceso.
Este fallo proporciona un alivio directo para las familias y los hogares con estatus migratorio diverso de cara a las elecciones de medio término.
A partir del 21 de octubre de 2026, todas las agencias demandadas (DHS, USCIS, ICE y CBP) tienen estrictamente prohibido enviar agentes a las viviendas para interrogar sobre el estatus de los votantes en el contexto de esta iniciativa.
La resolución también resguarda a los voluntarios de organizaciones, sindicatos y condados que asisten a los ciudadanos en su registro e información.
Aunque se prevé que el Departamento de Justicia (DOJ) recurra la decisión ante un tribunal superior, la prohibición impuesta por la jueza debe ser cumplida de manera inmediata por todas las autoridades federales.
El uso de inteligencia artificial resultó en la inclusión errónea de miles de ciudadanos estadounidenses en listas de sospechosos.
La investigación indicó que, como parte de la estrategia iniciada en junio de 2026 y promovida por la denominada «Iniciativa de Votantes Ilegales» implementada en agosto de 2026, las agencias federales crearon listas extensivas de sospechosos.
El Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) constituyeron sus bases de datos aprovechando más de noventa y ocho millones de registros comerciales de publicidad, archivos antiguos e inteligencia artificial (IA) a través del programa iLab.
A fin de satisfacer las cuotas impuestas durante la denominada “Guía de Aumento” emitida el 31 de agosto de 2026, se estableció para los funcionarios de USCIS un intervalo de apenas doce minutos por caso para evaluar y eliminar a los individuos de las listas.
Dado que en Estados Unidos no existe un único registro oficial de ciudadanía, este proceso acelerado dio lugar a que miles de ciudadanos estadounidenses, particularmente aquellos que han sido naturalizados y las personas hispanas, fueran incluidos injustamente en las listas de sospechosos.
Nueve estados experimentaron el despliegue de agentes armados y la realización de interrogatorios en domicilios.
Con base en esos datos erróneos, el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, junto con los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ordenó realizar inspecciones de campo en nueve estados:
California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
A partir del 28 de agosto de 2026, además, las autoridades comenzaron a difundir videos en redes sociales que mostraban detenciones e intervenciones armadas en domicilios para ejercer la máxima presión posible.
El plan federal incluyó igualmente vigilancia encubierta e infiltraciones en más de ciento cuarenta y ocho iglesias, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro que brindan asesoramiento electoral.
Un freno al temor: Garantías para la participación cívica sin presiones.
Esta resolución histórica establece un precedente esencial en la defensa de los derechos civiles al dejar en claro que la búsqueda de la integridad electoral no puede ser utilizada como justificación para intimidar a las comunidades vulnerables.
Para las organizaciones que defienden el derecho al voto y para miles de familias a lo largo del país, la decisión de la jueza restituye la calma necesaria para participar libremente en la actividad cívica dentro de sus comunidades sin el temor de que la presencia de patrullas armadas invalide sus hogares.
