El esfuerzo legal del expresidente Donald Trump para frustrar una investigación del Departamento de Justicia sobre documentos clasificados incautados en su finca palaciega de Palm Beach fue oficialmente desestimado el lunes.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon, tras ser reprendida por un tribunal federal de apelaciones por permitir que la demanda de Trump siguiera adelante, frenó su controvertida demanda después de que el tribunal le ordenara ponerle fin.

“Este caso se desestima por falta de jurisdicción”, escribió Cannon en una orden de una página publicada el lunes. “El secretario judicial cerrará este caso”.

A principios de mes, el Tribunal de Apelaciones del Circuito 11 de Atlanta dictaminó que Cannon no tenía autoridad para conceder la solicitud de Trump de que un experto independiente evaluara miles de documentos que los agentes del FBI se llevaron de su residencia de Mar-a-Lago el 8 de agosto para determinar si alguno estaba fuera de los límites de las autoridades federales debido a posibles protecciones de privilegios de abogados o ejecutivos.

El experto especial, un juez federal de Nueva York, debía informar pronto a Cannon de su evaluación de los documentos, mientras el Departamento de Justicia proseguía su investigación sobre los documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca a su finca de Palm Beach tras perder la presidencia en 2020. Trump está siendo investigado por un jurado de instrucción federal en Washington, que está considerando acusaciones de mal manejo de documentos clasificados del gobierno, violación de las leyes de seguridad nacional y obstrucción a la justicia.

Pero un panel de tres jueces del Tribunal del Circuito 11 anuló su orden del 5 de septiembre que permite al experto especial revisar los documentos incautados por posibles cuestiones de privilegio. El panel consideró que Cannon, que fue nominada por Trump a la judicatura federal, no tenía autoridad para nombrar al experto independiente o incluso involucrarse en la demanda del expresidente después de que un juez magistrado de West Palm Beach había aprobado correctamente una orden legal para el registro del FBI en Mar-a-Lago.

El fallo del 1ro. de diciembre, que anuló la decisión de Cannon, fue contundente y provino de tres jueces que también fueron nombrados por los republicanos, dos de ellos también por Trump.

En una opinión de 21 páginas, los jueces –el presidente del tribunal William H. Pryor, Britt Grant y Andrew L. Brasher– describieron los argumentos del equipo legal de Trump como un “espectáculo secundario”, destacando que sus abogados nunca plantearon el punto fundamental de que los agentes del FBI mostraron un “cruel desprecio” por los derechos constitucionales del expresidente. El panel de apelaciones consideró que el “estándar de indiferencia insensible no se ha cumplido aquí, y nadie argumenta lo contrario”, incluyendo la jueza que preside, Cannon.

“No hay evidencia en el expediente de que el Gobierno se excediera en el alcance de la orden, que, hay que repetirlo, fue autorizada por un juez magistrado que encontró causa probable [de un delito]”, escribió el panel. “Y, una vez más, el argumento [de Trump] se aplicaría universalmente; presumiblemente cualquier sujeto de una orden de registro querría que le devolvieran toda su propiedad antes de que el gobierno tuviera la oportunidad de usarla”.

En su orden del 5 de septiembre, Cannon señaló que estaba de acuerdo con los abogados del Departamento de Justicia en que los agentes del FBI que llevaban una orden de registro de la finca de Trump en Mar-a-Lago no habían mostrado un “desprecio cruel por [sus] derechos constitucionales”, concluyendo que “este factor va en contra del ejercicio de la jurisdicción equitativa”.

Pero en lugar de seguir su propio análisis, Cannon extendió a Trump protecciones que no se proporcionan a los ciudadanos de a pie al nombrar al juez especial para que revisara las pruebas del FBI, citando las “circunstancias sin precedentes” de que el gobierno de Estados Unidos allanara la casa de un expresidente.

Cannon asumió la jurisdicción en la investigación del Departamento de Justicia al nombrar al juez federal de Nueva York Raymond Dearie para que viera un centenar de registros clasificados y miles de otros registros personales y presidenciales sacados de la casa y el club privado de Trump para determinar si alguno contenía correspondencia privilegiada con abogados. Cannon se negó a permitir que un “equipo filtro” del Departamento de Justicia” integrado por agentes y fiscales hiciera el trabajo.

Jon Sale, un prominente abogado defensor en Miami a quien Trump le había pedido que lo representara en el caso de los documentos de Mar-a-Lago, dijo que el mensaje del tribunal de apelaciones era inequívoco.

“El fallo del tribunal deja claro que ninguna persona que sea objeto de una orden de registro, incluido un expresidente, está por encima de la ley”, dijo Sale, que fue fiscal federal del caso Watergate durante el escándalo de la administración de Nixon.

Pero añadió: “Al mismo tiempo, según nuestra Constitución, todas las personas que son objeto de órdenes de registro, incluidos los expresidentes, gozan de la presunción de inocencia durante el curso de la investigación”.