La jueza de distrito Marsha Pechman falló que las personas que son detenidas después de entrar en el país para pedir protección tienen ese derecho y no deben ser encerrados sin justificación.

Una jueza federal en Seattle bloqueó este martes una polémica política del gobierno de Donald Trump que estaba a punto de entrar en vigor y mantendría a miles de solicitantes de asilo detenidos mientras se decidieran sus casos. El argumento de esta decisión es que la Constitución exige que esos inmigrantes tengan la oportunidad de ser liberados para una audiencia de fianza.

La jueza de distrito Marsha Pechman falló que las personas que son detenidas después de entrar en el país para pedir protección tienen ese derecho y no deben ser encerrados sin justificación.

El fiscal general William Barr anunció en abril que el gobierno ya no brindaría tales audiencias, sino que mantendría en custodia a los solicitantes de asilo. La medida era parte del plan de la administración Trump para frenar el aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera sur del país.

Defensores de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Northwest Immigrant Rights Project, entablaron demandas para bloquear esa política, la cual estaba programada para entrar en vigor el 15 de julio.

«La corte reafirmó lo que ha sido establecido por años: que los solicitantes de asilo que entran a este país tienen el derecho de estar libres de detención arbitraria», dijo Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project, citado por la agencia AP. «Miles de solicitantes de asilo podrán continuar buscando su libertad bajo fianza mientras piden protección de la persecución y la tortura».

Por su parte, la ACLU celebró esta decisión de la corte con este tuit: «Acabamos de ganar la devolución de los derechos al debido proceso para los solicitantes de asilo».

Pechman señaló que así como las personas que entraban al país y eran detenidas aquí, los inmigrantes que llegan solicitando asilo tienen derecho por la Quinta Enmienda a las protecciones que brinda el debido proceso, incluyendo «una antigua prohibición contra la detención indefinida de civiles sin la oportunidad de probar si es necesario».

Por los últimos 50 años el gobierno ha brindado la posibilidad a los solicitantes de asilo de asistir a audiencias de fianza ante jueces de inmigración, donde pueden argumentar por qué deben estar en libertad mientras esperan por su proceso migratorio. Eso les han dado la oportunidad a los inmigrantes de reunirse con sus familiares y encontrar abogados que puedan ayudarlos a sacar sus casos adelante.

Si esta política hubiera entrado en vigor, acabaría con este derecho y mantendría de 15,000 a 40,000 migrantes en custodia por seis meses o más sin exigirle a las autoridades demostrar que sus detenciones son justificadas, lo que según los activistas estaría violando el derecho al debido proceso.

«La corte encuentra que los demandantes establecieron un interés protegido constitucionalmente en su libertad, un derecho al debido proceso que incluye una audiencia ante un responsable neutral que pueda evaluar la necesidad de su detención y la posibilidad de éxito basado en los méritos de ese asunto», escribió la jueza Pechman.

En ese caso, esa decisión obliga al gobierno a seguir ofreciendo una audiencia a cada inmigrante que haya demostrado que tienen un miedo creíble de persecución o tortura si regresan a su país de origen dentro de los siguientes siete días tras su solicitud de asilo. Si no se le garantiza la presentación ante un juez en ese tiempo, el solicitante debe ser liberado.

La jueza recordó que en el caso de los inmigrantes que mantengan detenidos, el gobierno debe demostrar que representan verdaderamente un riesgo de fuga o un peligro para el público.