Legisladores republicanos de todo Estados Unidos ya emprendían labores para que sus estados se involucren más en la aplicación de las leyes de inmigración cuando la Corte Suprema federal le permitió, aunque fuera brevemente, a Texas implementar una nueva medida que le otorga a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes sospechosos de haber ingresado al país de manera ilegal.

Horas después del fallo de la Corte Suprema del martes, otro tribunal bloqueó nuevamente la ley de Texas. Ese mismo día, Iowa aprobó una medida similar.

En Nueva Hampshire, los legisladores están cerca de aprobar un proyecto de ley que permite a la policía presentar cargos por invasión de propiedad privada contra personas sospechosas de entrar ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá.

Los republicanos de Georgia han impulsado una propuesta que obliga a las ciudades y condados elegibles a buscar acuerdos para llevar a cabo algunos controles relacionados con la inmigración en las cárceles con el objetivo de colaborar con el gobierno federal. La medida se presentó después de que la policía acusó a un venezolano de matar a golpes a Laken Riley, una estudiante de enfermería, en el campus de la Universidad de Georgia. Las autoridades migratorias señalaron que el hombre entró ilegalmente a Estados Unidos en 2022. De momento no estaba claro si había solicitado asilo.

El miércoles, el Senado del estado rindió homenaje a la familia de Riley. Durante la ceremonia, su padre Jason Riley, atribuyó la muerte de su hija a las políticas santuario que protegen a los migrantes en Athens, donde se encuentra el campus de la Universidad de Georgia, y pidió al gobernador Brian Kemp que declarará una “invasión”, que es el argumento con el que Texas defiende un conjunto de medidas cada vez más intensas en la frontera. Un juez federal de Texas rechazó el mes pasado esos argumentos al momento de bloquear la nueva ley.