Valentín Ortiz fue sentenciado a casi seis años de prisión por viajar a República Dominicana para agredir y embarazar a una menor. Detectaron sus delitos cuando solicitó un documento migratorio para ella.

Lo que comenzó como un simple trámite de visa estadounidense llevó al arresto de un anciano que viajó varias veces de Estados Unidos a República Dominicana para abusar sexualmente a una niña de 12 años. Con ella procreó dos hijos y se casaron para tratar de encubrir sus delitos.

A las autoridades les sorprendió que Valentín Ortiz, de 73 años, jamás negó que sostuvo un amorío indebido con una menor en otro país. No lo hizo al llenar el formulario para solicitar una visa para ella, ni al ser entrevistado por un funcionario consular en República Dominicana y por agentes federales.

Fue cuestión de revisar las fechas de su matrimonio, el tiempo que él mismo dijo había sostenido una relación sentimental con la víctima y las edades de sus dos hijos, para determinar que era un pedófilo.

Ortiz, un estadounidense naturalizado, se casó con la víctima en Nagua, República Dominicana, el 24 de agosto de 2013, solo tres meses después de que ella cumplió 18 años, describe una declaración jurada que elaboró Kathryn Murray, agente de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Cuando se efectuó el matrimonio él tenía 65 años.

En la petición de visa, que Ortiz sometió el 6 de junio de 2018 en una oficina de los Servicios de Naturalización y Ciudadanía (USCIS) en el consulado de EEUU en Santo Domingo, él reconoció que había tenido una relación con ella durante 11 años y que tenían dos hijos.

Al hacer cuentas, se descubrió que la abusó desde que tenía 12 años y que ella dio a luz a su primer hijo cuando tenía 14 años y al segundo a los 16. Las agresiones ocurrieron a partir de 2007.

“El gobierno cree que Ortiz embarazó a M.B.O. (como la identifica) alrededor de febrero de 2008, cuando tenía 13 años y 9 meses de edad”, señala la declaración de Murray.

El segundo embarazo ocurrió cuando la víctima tenía 15 años y 7 meses de edad.

Los registros de viaje de Ortiz confirmaron que este anciano viajó a República Dominicana, haciendo escala en Miami, cuando nacieron sus hijos.

Para determinar su paternidad, el gobierno realizó pruebas de ADN.

El caso de Ortiz dejó de ser un mero trámite migratorio para convertirse en una investigación criminal que encabezó la oficina del HSI en Santo Domingo a partir de noviembre de 2020.

Ortiz fue interrogado por agentes migratorios el 10 de marzo de 2021 al llegar a un aeropuerto de Nueva Jersey. Lo acompañaba su hija pequeña, que parecía su nieta. Él mismo lo confirmó varias veces al ser cuestionado por los oficiales, sin entender que se estaba autoincriminando.

El anciano declaró que tenía diez hijos en EEUU, que vivía en Pennsylvania con la viuda de su difunto hermano y su sobrino, que se había jubilado y visitaba a su madre en República Dominicana.

Cuando le preguntaron sobre su joven esposa, este les dijo que estaba en su país natal, pero se había separado de ella porque lo había engañado con otra persona.

En un segundo interrogatorio del HSI, dos semanas después, Ortiz volvió a decir que había procreado dos hijos con la víctima.

“Valentín Ortiz es un depredador sexual que atacó a una víctima muy joven y vulnerable, viajando internacionalmente para poder aprovecharse de esta niña sin las mismas consecuencias legales que podría enfrentar en Estados Unidos”, dijo la fiscal federal Jacqueline C. Romero en un comunicado.

“Pero, como ciudadano de Estados Unidos, tiene prohibido participar en una conducta tan abominable en el extranjero y, en consecuencia, ahora debe rendir cuentas por sus delitos”, agregó.

En noviembre de 2021, Ortiz se declaró culpable de un cargo de viaje en comercio exterior con la intención de participar en una conducta sexual ilícita y de dos cargos de participar en una conducta sexual ilícita en el extranjero.

Este martes él fue sentenciado a cinco años y 11 meses de prisión, además de cinco años de libertad supervisada. Un juez federal también le ordenó pagarle 10,000 dólares a la víctima.

Este caso fue investigado como parte de la iniciativa policial Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), cuyo objetivo es combatir la explotación y el abuso sexual infantil.