California repartirá efectivo a inmigrantes ilegales: la controvertida medida de la alcalde de Los Ángeles
Las tarjetas estarán precargadas con “un par de cientos de dólares” y serán entregadas por organizaciones comunitarias
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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció que la ciudad comenzará a distribuir tarjetas de efectivo a inmigrantes ilegales que enfrenten dificultades económicas como consecuencia de las recientes redadas migratorias. La medida busca aliviar el miedo y la parálisis que han generado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la vida cotidiana de miles de residentes.
Tarjetas de efectivo para inmigrantes indocumentados en Los Ángeles
Durante una conferencia de prensa celebrada el viernes pasado, Bass informó que las tarjetas estarán precargadas con “un par de cientos de dólares” y serán entregadas por organizaciones comunitarias como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
Según reportó el Los Angeles Times, los fondos no provendrán del presupuesto público, sino de aportaciones privadas de donantes solidarios con la causa migrante.
Esta acción forma parte de una directiva ejecutiva firmada por la alcaldesa, que instruye a las distintas dependencias de la ciudad a facilitar el acceso a recursos para las familias afectadas por las medidas de control migratorio.
“Hay personas que no quieren salir de casa, que no van a trabajar y necesitan dinero en efectivo”, declaró Bass ante los medios, subrayando que la ciudad no tolerará redadas “ilegales y caóticas”.
¿Quién entregará las tarjetas de efectivo y cómo se financian?
La distribución de las tarjetas se realizará por medio de organizaciones proinmigrantes, con un enfoque comunitario. Entre ellas destaca CHIRLA, una de las principales defensoras de los derechos de los inmigrantes en California. El dinero proviene exclusivamente de donaciones privadas, lo que busca evitar controversias relacionadas con el uso de fondos públicos.
La decisión de la alcaldía ha encendido el debate en torno al estatus de Los Ángeles como ciudad santuario. Mientras activistas y defensores de los derechos humanos celebran la medida como una respuesta humanitaria ante lo que califican como tácticas represivas del gobierno federal, los críticos consideran que se trata de un incentivo para la inmigración ilegal y una violación al principio de respeto a las leyes migratorias nacionales.
Este nuevo capítulo revive las tensiones entre la administración de Los Ángeles y el gobierno federal, especialmente tras los enfrentamientos con la administración Trump. Cabe recordar que durante el mandato del expresidente, la ciudad fue demandada por obstaculizar el accionar de ICE, mientras que el gobierno local se sumó a una contrademanda alegando que las políticas de control migratorio eran ilegales.
