Miles de inmigrantes serán beneficiados tras acuerdo con el USCIS. Más de sesenta mil inmigrantes que están solicitando beneficios migratorios por razones humanitarias se verán beneficiados tras un acuerdo aprobado este martes por un juez federal, informa Efe, todo esto para resolver una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La demanda presentada en noviembre pasado en el Tribunal del Distrito Norte de California desafiaba una política de la agencia adoptada bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021) que apuntaba específicamente a los beneficios humanitarios para sobrevivientes de violencia doméstica, advirtieron los demandantes. El fallo que beneficia a miles de indocumentados resuelve una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La demanda presentada en noviembre pasado en el Tribunal del Distrito Norte de California desafiaba una política de la agencia.

Dicha política fue adoptada bajo la Administración del expresidente Donald Trump y apuntaba específicamente a los beneficios humanitarios para sobrevivientes de violencia doméstica, advirtieron los demandantes de acuerdo con la agencia de noticias.

Gracias a la medida impuesta por el Gobierno de Trump, USCIS rechazó las solicitudes que dejaban sin respuesta algunas preguntas, incluso cuando estas no correspondían al caso. Por ejemplo, cuando el solicitante no incluía una respuesta para el segundo nombre porque no tenía segundo nombre.

La agencia incluso rechazó las solicitudes en las que el solicitante escribió “ninguno” o “no se aplica” en lugar de “N/A”, apunta Efe. Sin embargo, ahora los inmigrantes serán beneficiados gracias al acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Los abogados de Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) y la National Immigration Litigation Alliance (NILA) presentaron la demanda encabezada por la salvadoreña Kenny M. Castañeda Peñate, una inmigrante guatemalteca, señala Efe.

Pese a que la medida ya había sido detenida en 2020,miles de solicitudes ya habían sido negadas. Matt Adams, director legal de NWIRP, dijo en un comunicado que esta “fue una política escandalosa claramente dirigida a impedir que las personas obtengan los beneficios humanitarios que el Congreso ha proporcionado”.

Añadió que la posición de la agencia “demostraba el absoluto desprecio por la ley de la Administración de Trump”. De acuerdo con Efe, serán más de 60 mil los inmigrantes beneficiados con el acuerdo de conciliación con el USCIS, aprobado por el juez federal.

El acuerdo aprobado por el juez Haywood. S. Guilliam, contempla que el USCIS acepte la fecha de presentación original de las más de 60,000 solicitudes que ha identificado como rechazadas según esta política del gobierno del expresidente Trump.

USCIS enviará avisos a estos solicitantes explicando los pasos que pueden tomar para asegurarse de que sus solicitudes de beneficios humanitarios se registren como presentadas en la fecha en que se enviaron originalmente, señala Efe.

Lo anterior, estaría evitando que muchos de estos casos puedan ser denegados por no presentares en las fechas requeridas. En el caso Castañeda Peñate, la inmigrante ingresó a Estados Unidos en 2019 con sus dos hijos menores y presentó una solicitud de asilo dentro del plazo de un año de su llegada al país.

Pero esta petición fue rechazada bajo esta política, haciendo que la migrante perdiera la oportunidad de pelear su caso. El acuerdo de conciliación también evita que la agencia adopte una política de rechazo similar respecto a otras formas de inmigración.

Lo anterior, a menos que esté autorizado por ley o implementado legalmente a través de regulaciones. Mary Kenney, directora adjunta de NILA, explicó que “decenas de miles de solicitantes ahora, finalmente, podrán seguir adelante con las solicitudes que la agencia debería haber aceptado en 2020”.

Esta no es la única buena noticia para inmigrantes anunciada recientemente y es que, aquellos que están peleando su deportación tienen desde este 15 de julio la posibilidad de pedir el cierre administrativo de sus casos en los tribunales de inmigración, revela Efe.

Lo anterior, después que el fiscal general, Merrick Garland, revirtiera una orden de la Administración del expresidente Donald Trump, que bajo sus estrictas medidas antiinmigratorias que habían puesto fin a esta posibilidad. Garland eliminó una política del gobierno del ahora expresidente Trump que prohibía a los jueces de inmigración posponer temporalmente algunos casos de deportación, apunta The Associated Press.

Los jueces no podían dejar cerrar casos de deportaciones al dejarlos en pausa. Lo anterior, era conocido como cierre administrativo. Los jueces de inmigración señalan que la práctica les permitió manejar su carga de casos de manera más eficiente al dejarles atender casos prioritarios y que la prohibición estaba causando más demoras.

La medida llega a beneficiar un sistema de cortes de inmigración de antemano sobrecargado en que las personas tienen que esperar años por una audiencia, apunta AP. Para muchos inmigrantes, el cerrar casos de deportaciones de esta manera era un salvavidas que les protegía de la deportación.

Lo anterior, mientras sus solicitudes de un estatus legal eran tramitadas. Los críticas de la práctica impuesta por Trump denunciaron que los jueces dejaban que la gente permaneciera en el país más tiempo de lo debido, en una especie de purgatorio legal, apunta The Associated Press.

Las cortes de inmigración son parte del Departamento de Justicia y los jueces de inmigración son empelados de esa dependencia, según AP. Tres tribunales de apelación habían rechazado de antemano la política de Trump, fallando que los jueces de inmigración tienen la autoridad de decidir cómo manejar sus casos.

Según escribió Garland en su decisión de permitir a los jueces cerrar casos de deportaciones. Añadió que el Departamento de Justicia está elaborando nuevas normas para ese mecanismo, pero que por el momento queda restaurado, según The Associated Press.

El número de casos pendientes ante los tribunales de inmigración se dispararon durante el gobierno de Trump, en parte debido a que cientos de miles de casos que habían sido suspendidos fueron reinscritos en el calendario para darles audiencias.

Desde el año fiscal de 2018, el número de casos pendientes en las cortes de inmigración aumentó en 74% a 1.3 millones, según la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. El caso conocido como “Matter Castro-Tum”, eliminó el cierre administrativo en los procesos migratorios.