Este acuerdo extrajudicial le pone fin a una demanda presentada en 2020 por el gobierno de Washington alegando que la empresa de transporte permitió que oficiales migratorios cuestionaran a pasajeros hispanos sin una orden judicial y los detuvieran para investigar su estatus migratorio.

La Fiscalía del estado de Washington informó que repartirá los 2.2 millones de dólares como parte de un acuerdo extrajudicial con la empresa de autobuses más grande del país -Greyhound- entre varios indocumentados que fueron detenidos y deportados tras operativos que la Patrulla Fronteriza realizó en una terminal de dicha compañía cerca de la zona limítrofe con Canadá.

Para ponerle fin a una demanda interpuesta en abril de 2020, Greyhound se comprometió además a establecer una política “clara” que prohíba las revisiones migratorias de pasajeros sin una orden judicial dentro de sus instalaciones y buses, publicar esa declaración en su página de internet, capacitar a su personal y colocar letreros en los lugares ya mencionados indicando que no da su consentimiento para que oficiales fronterizos cuestionen a usuarios que creen son indocumentados.

Esta empresa de transporte ha estado en el ojo del huracán en años recientes tras difundirse imágenes de agentes fronterizos y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) verificando el estatus migratorio de los pasajeros. Algunas fotos correspondían a las revisiones que se realizaron en el llamado Intermodal Center, una estación de Greyhound en el centro de Spokano, en Washington. La Fiscalía estatal decidió intervenir en el tema porque el lugar está a más de 100 millas de la frontera con Canadá.

Entre la evidencia que los fiscales presentaron en el litigio están las fotografías de dos elementos de la Patrulla Fronteriza que conversan en una zona “solo para empleados” y correos electrónicos en los que representantes de Greyhound le dijeron en 2018 a un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que mantenían su compromiso de permitir las revisiones de pasajeros y le piden “ayuda para lidiar con la ACLU”, organización que entonces exigía eliminar dicha práctica.

La Fiscalía afirmó que Greyhound no advirtió a los clientes sobre las redadas migratorias, “tergiversó su papel” al permitir que ocurrieran en la estación y “sometió a sus pasajeros a discriminación basada en raza, color de piel o país de origen”.

En algún momento, la Patrulla Fronteriza llegó a realizar varias redadas el mismo día y como mínimo se presentó tres veces por semana en el Intermodal Center, donde se volvieron comunes las detenciones de inmigrantes sin papeles. Greyhound siguió permitiendo estas acciones a pesar de las cartas que le envió la Fiscalía de Washington y de que a la prensa le afirmó que ya no lo hacía, alega la querella.

“Mi oficina insistió primero en que Greyhound hiciera estas reformas corporativas en 2019”, dijo el fiscal estatal Bob Ferguson en un comunicado. “Si Greyhound simplemente hubiera aceptado nuestro pedido razonable habrían evitado una demanda. Ahora, en vísperas del juicio, la evasión de Greyhound ha llegado a su fin y ahora debe pagar 2 millones de dólares por el daño que causó a los habitantes de Washington”, agregó el funcionario.

“Greyhound tiene una obligación con sus clientes, una obligación que no puede dejar de lado para que los agentes de inmigración puedan ‘pescar’ a bordo de sus autobuses”, añadió el fiscal.

La oficina de Ferguson indicó que la cantidad de esos $2.2 millones que recibirá cada inmigrante afectado dependerá del número de reclamos y de “la gravedad de los daños sufridos debido a la conducta de Greyhound”. No está claro cuántas personas serán compensadas, ni si alguna de ellas fue devuelta a su país de origen. La demanda describe cómo al menos tres personas terminaron en centros de detención.

“¿Son ilegales?”

En un breve comunicado , la empresa dijo que consideraba positivo haber evitado un costoso litigio. “Greyhound se complace en llegar a un acuerdo con el estado de Washington. Al aceptar el decreto de consentimiento, comunicaremos más ampliamente a nuestros clientes las políticas y procedimientos que ya tenemos para servir a los ciudadanos del estado de Washington”, dijo su vocera

Al menos desde 2013, los agentes del CBP han realizado operaciones en el Intermodal Center. En cada redada participaron varios oficiales armados sin ejecutar una orden judicial y sin causa probable de que algún individuo había violado la ley federal. Se presentaban en las instalaciones de Greyhound sobre todo en feriados y cuando se realizaban grandes eventos deportivos, señala la querella.

La Fiscalía cita un caso ocurrido a finales de 2018, en el que un padre y su hijo, ambos residentes de Washington, fueron detenidos después de que agentes fronterizos subieron a su autobús Greyhound y les preguntaron «¿Son ilegales?».

El hijo les explicó que tenía un permiso del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), mientras que el padre se negó a darles información sobre su estatus migratorio. Aunque el joven fue liberado horas después, su familiar fue llevado a un centro de detención en Tacoma.

Otro ejemplo mencionado en la querella es el de un hombre de 39 años y residente de Dakota del Sur que fue arrestado cuando elementos del CBP abordaron su autobús. Este había acompañado a su esposa en un viaje, condujo hasta Seattle y tome el bus de regreso a su casa.

Algo similar le ocurrió a una madre de 43 años que había viajado a Seattle para visitar a sus hijas y pasó dos días detenida luego de ser interrogada por agentes federales en el Intermodal Center.

El juicio contra Greyhound habría iniciado en una corte de Washington este lunes.