La promesa del presidente electo de llevar a cabo deportaciones masivas ha empujado a los inmigrantes a buscar medidas de protección y asesoramiento.
Trabajadores agrícolas en el condado de Riverside, California, quienes están preocupados por las medidas enérgicas contra la inmigración prometidas por el presidente electo Trump, se reunieron con defensores legales.Credit…Alex Welsh para The New York Times
El presidente electo Donald Trump ha prometido reducir drásticamente la inmigración, tanto legal como ilegal, y aumentar las deportaciones desde el primer día.
Los inmigrantes se apresuran a adelantarse a la ofensiva.
Los residentes nacidos en el extranjero han estado saturando las líneas telefónicas de los abogados de inmigración. Están abarrotando las reuniones informativas organizadas por organizaciones sin fines de lucro. Y están tomando todas las medidas posibles para protegerse de las medidas radicales que Trump ha prometido emprender tras su toma de posesión el 20 de enero.
“Gente que debería estar asustada está viniendo, y gente que está bien con una green card se está apresurando a venir”, dijo Inna Simakovsky, abogada de inmigración en Columbus, Ohio, quien añadió que su equipo se ha visto desbordado por las consultas. “Todo el mundo tiene miedo”, dijo.
Las personas con tarjeta de residencia permanente, o green card, quieren convertirse en ciudadanos lo antes posible. Las personas que tienen un estatus legal precario o entraron ilegalmente en el país se apresuran a solicitar asilo, porque incluso si la petición es débil, tener un caso pendiente los protegería —con los protocolos actuales— de la deportación. Las personas que tienen una relación con algún ciudadano estadounidense están tramitando su matrimonio con rapidez, lo que les da derecho a solicitar la green card.
En total, hay unos 13 millones de personas con residencia legal permanente. Y se calcula que había 11,3 millones de personas indocumentadas en 2022, la última cifra disponible.
“El resultado de las elecciones me puso en un estado de pánico que me impulsó a encontrar inmediatamente una solución permanente”, dijo Yaneth Campuzano, de 30 años, ingeniera de software en Houston.
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Cuando la trajeron a Estados Unidos desde México tenía 2 meses de edad, lo que la hacía elegible para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, por su sigla en inglés, el programa de la era Obama que ha permitido a cientos de miles de inmigrantes que ingresaron al país cuando eran niños permanecer en el país con permisos de trabajo.
Pero DACA fue blanco de Trump durante su primer mandato y está siendo impugnado en una demanda que podría ayudarle a acabar con él. Dado el precario estado del programa, Campuzano y su prometido, un neurocientífico estadounidense, han acelerado los planes para casarse. Se casarán el mes que viene, antes de que Trump tome posesión. “Solo cuando mi situación esté asegurada podré volver a respirar”, dijo.
Los votantes de ambos partidos estaban frustrados por el caos en la frontera bajo la presidencia de Biden. Trump hizo campaña con la promesa de deportaciones masivas, y la semana pasada dijo que tenía la intención de declarar una emergencia nacional y utilizar el ejército estadounidense para lograr su objetivo. Su principal asesor en políticas de inmigración, Stephen Miller, ha dicho que “vastas instalaciones de retención” funcionarían como “centros de parada” para la operación. Esta semana, el comisionado de tierras del estado de Texas ofreció al gobierno federal más de 400 hectáreas cerca de la frontera para erigir centros de detención.
Las deportaciones no son infrecuentes. Trump deportó a cerca de 1,5 millones de personas durante su primer mandato, según un análisis del Migration Policy Institute. El presidente Biden ha expulsado a casi el mismo número. El presidente Obama expulsó a 3 millones en su primer mandato.
Pero desde la década de 1950 Estados Unidos no ha buscado deportar a la gente en masa, y anteriormente no había creado un vasto aparato de detención para facilitar las expulsiones.
Sergio Terán, de Venezuela, tiene residencia legal permanente. Tras cinco años de tener una green card, Terán, de 36 años y residente de Lakeland, Florida, cumplió los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense a finales de julio. La incertidumbre en torno a las elecciones fue uno de los factores que lo empujaron a solicitarla recientemente. “Quería hacerlo rápido”, dijo Terán.
“Soy un miembro honrado de la comunidad”, dijo, “pero con la green card te pueden deportar. Me siento mucho más seguro sabiendo que mi ciudadanía está en proceso”.
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Además de Miller, el presidente electo ha designado a otras personas de línea dura en inmigración para puestos clave, como Thomas Homan, un veterano del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para ser el “zar fronterizo”.
Homan ha dicho que la administración dará prioridad a la expulsión de delincuentes y personas con órdenes de deportación pendientes. Pero también ha dicho que se llevarán a cabo redadas en los centros de trabajo y se utilizarán otros medios para detener a los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales llevan décadas viviendo en el país.
Incluso en California, cuyos líderes restringieron la cooperación con las autoridades de inmigración durante el primer mandato de Trump y se han comprometido a hacerlo de nuevo, los inmigrantes están preocupados por la aplicación de la ley a toda marcha.
“Esta vez tenemos más miedo, por todo lo que dice Trump que hará cuando recupere el poder”, dijo Silvia Campos, una trabajadora agrícola mexicana indocumentada que vive con su marido y sus tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses, en el condado de Riverside.
En todas partes a su alrededor, en la radio, la televisión y las redes sociales en español, dijo que recibe un aluvión de información sobre sus intenciones.
“Es de lo único que habla todo el mundo”, dijo Campos, de 42 años, quien cruzó la frontera con su marido hace 18 años. “Tenemos que prepararnos para lo peor”.
Por eso le pidió a su gerente un día libre de la cosecha de verduras para asistir el martes pasado a una sesión de “conozca sus derechos” en una organización sin fines de lucro.
Entre los consejos: tienes derecho a permanecer en silencio. Solo abre la puerta a los agentes de inmigración que presenten una orden de registro de un juez. No firmes nada sin un abogado. Haz un plan familiar, en caso de que te detengan y te separen de tus hijos.
Tras la sesión, Campos rellenó una declaración jurada autorizando a sus hijos a recibir atención médica, en caso necesario, y a ser cuidados por su hermana, ciudadana estadounidense, en su ausencia. Hizo autenticar tres copias ante un notario y, al volver a casa, habló con sus hijos, de 11, 14 y 17 años.
“No queremos crear más miedo, pero queremos que estén preparados para cualquier cosa”, dijo Luz Gallegos, directora ejecutiva del Centro Legal TODEC, que comenzó a celebrar las sesiones, muchas de ellas solo con espacio para estar de pie, después de que su línea de atención telefónica se atascara de llamadas tras las elecciones.
La organización ha estado enviando equipos para informar a los trabajadores de las granjas en el corredor rico en agricultura del sur de California que depende de la mano de obra inmigrante, en gran parte indocumentada. El jueves por la mañana, los 30 trabajadores de una granja de Lakeview hicieron una pausa en la cosecha y empaquetado de verduras de hoja verde para asistir a una presentación, la cuarta que se celebraba ese día.
En Dallas, Vinchenzo Marinero, de 30 años y beneficiario de DACA, ha estado explorando frenéticamente vías para permanecer legalmente en el país.
Sin DACA, perdería su trabajo, su permiso de conducir y, tal vez, su casa de tres dormitorios. Ha formado una familia con otra beneficiaria de DACA, y tienen una bebé de 7 meses.
“Sin DACA, no podría mantener a mi familia”, dijo Marinero, quien trabaja como ingeniero de sistemas para una emisora religiosa.
Espera que la compañía lo patrocine para obtener una visa de trabajador calificado, pero eso no podría ocurrir hasta el próximo año. Mientras tanto, su abogado le aconsejó renovar su DACA por otros dos años, a pesar de que expira en junio de 2025.
“Para cuando Trump tome posesión, espero que el mío se renueve para tener dos años más”, dijo Marinero. “Eso me da más tiempo para planear”.
Aunque pocos líderes universitarios se han pronunciado sobre la estrategia de inmigración del gobierno de Trump, muchos campus han estado sopesando en silencio medidas para proteger a sus estudiantes internacionales e indocumentados.
Más de 1700 administradores y personal universitario asistieron a un seminario en línea el 15 de noviembre sobre cómo apoyarlos.
“Nuestro mensaje es que el momento de actuar es ahora”, dijo Miriam Feldblum, directora ejecutiva de la Alianza de Presidentes para la Educación Superior y la Inmigración, un grupo no partidista de colegios y universidades públicas y privadas que organizó el evento.
Muchas instituciones están considerando patrocinar a los beneficiarios de DACA para visados de trabajo, dijo, lo que les daría una solución temporal que eventualmente podría ponerlos en el camino hacia un estatus legal permanente. Quieren aprovechar las nuevas directrices del gobierno de Biden, que han agilizado la tramitación para quienes cumplen los requisitos.
Un motivo de especial preocupación son las próximas vacaciones de invierno, en las que muchos estudiantes internacionales podrían visitar sus países de origen. En su primer día en la Casa Blanca en 2017, Trump prohibió la entrada a Estados Unidos de personas procedentes de países predominantemente musulmanes, lo que creó caos en los aeropuertos. Fue impugnada en los tribunales, pero una versión posterior sobrevivió.
La Universidad de Massachusetts Amherst ha emitido un anuncio sobre viajes a todos los estudiantes, profesores y personal internacionales, instándolos a “considerar seriamente” regresar a los Estados Unidos antes del Día de la Inauguración, y dijo que los estudiantes podrían mudarse a sus dormitorios antes.
La Universidad Wesleyan, una universidad privada de Middletown, Connecticut, envió un correo electrónico a sus estudiantes internacionales el 18 de noviembre con consejos similares. Decía que estar en EE. UU. hacia el 19 de enero era “la forma más segura de evitar dificultades para volver a entrar en el país”.
