En noviembre pasado, la policía de Grand Rapids, en Michigan, arrestó a Jilmar Ramos-Gómez, un veterano estadounidense que sirvió en Afganistán, y lo entregó a ICE. El concejo de la ciudad acordó este miércoles pagarle una compensación y notificó que el oficial de policía que cometió el error fue suspendido de sueldo temporalmente.

Hace casi un año Jilmar Ramos-Gómez, ciudadano estadounidense de origen hispano, fue detenido en un hospital de Michigan, acusado de causar daños menores en esa propiedad. Tras ser arrestado lo llevaron erróneamente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con fines de deportación. Luego de 27 días, fue liberado debido a la decisión de un juez.

Ahora, además, la ciudad de Grand Rapids, Michigan, acordó el pago de una compensación de 190,000 dólares a Ramos con el fin de resolver una denuncia interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan y el Centro de Derechos Migratorios de ese estado.

La denuncia sostiene que el capitán de policía Curtis VanderKooi, que ordenó entregarlo a las autoridades migratorias, discriminó a Ramos-Gómez basándose en su raza, lo que viola la Ley Estatal de Derechos Civiles Elliott-Larsen.

Ramos nació en Michigan. Después de terminar la escuela secundaria se alistó en la Infantería de Marina, sirviendo entre 2011 y 2014 en Afganistán como cabo y tripulante de un tanque de guerra.

En su hoja de servicios exhibe una Medalla del Servicio de Defensa Nacional, otra por Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo, otra por la Campaña de Afganistán, entre otras condecoraciones por sus acciones en el combate.

Tenía 27 años cuando fue arrestado por la policía de Grand Rapids el 21 de noviembre pasado por causar un pequeño incendio que activó la alarma de un hospital. Le formularon cargos de incendio provocado y destrucción maliciosa de propiedad, y fue confinado en el Correccional del Condado de Kent.

Según documentos de la ACLU, el veterano llegó del campo de batalla con trastornos mentales. «Tiene episodios en los que desaparece y, cuando se le encuentra de nuevo, a menudo no recuerda dónde ha estado», le contaron sus familiares a los abogados de la organización.

Ramos-Gómez se declaró culpable de un delito menor de invasión de propiedad ajena por el incidente. Un juez ordenó su liberación el 14 de diciembre en espera de su sentencia.

Pero su libertad no iba a ser ni tan inmediata ni tan fácil. Cuando su madre, guatemalteca de nacimiento, llegó para recogerlo, le dijeron que su hijo había sido transferido a un centro de detención de inmigrantes en el condado de Calhoun.

«Casi me da un infarto. Ellos no tenían nada que hacer con mi hijo. ¿Por qué inmigración?», declaró en aquel momento la madre del veterano.

Su padre, Richard Kessler, quien además es abogado de inmigración en Grand Rapids, se sorprendió cuando lo llamaron para notificarle que su hijo estaba detenido en un centro de ICE, y podía ser objeto de una deportación.

Tras un enérgico reclamo de Kessler a los funcionarios de ICE, el veterano fue puesto en libertad inmediatamente, aunque las autoridades migratorias nunca admitieron su error, limitándose a decir: «Venga a buscarlo».

El oficial VanderKooi que ordenó hace un año entregar a Ramos a ICE cumplió con una suspensión sin sueldo por 20 horas por violar la política del departamento.