Antes de una votación de juicio político por parte del Congreso, Pedro Castillo intentó disolver el gobierno y tomar el poder. Esa decisión provocó su derrocamiento y detención policial.

Fue un día en el que gran parte de Perú estuvo concentrado en el Congreso, donde se planeaba una votación de vacancia contra el presidente por cargos de corrupción.

Pero poco antes del mediodía, el mandatario peruano se dirigió al país en un sorpresivo discurso televisado. Durante su alocución anunció la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, lo que causó el asombro de los líderes de todo el espectro político, incluidos sus propios aliados, al intentar ejecutar lo que fue ampliamente condenado como un intento de golpe de Estado con el fin de aferrarse al poder.

Los funcionarios del gobierno renunciaron en masa. El máximo tribunal declaró inconstitucional la medida. Y las fuerzas armadas del país y la policía nacional emitieron un comunicado conjunto en el que sugirieron que no lo apoyarían.

Al final del día, Pedro Castillo, de 53 años, fue destituido del poder y estaba bajo arresto. Su vicepresidenta fue juramentada como presidenta y se convirtió en la primera mujer en liderar al Perú.

Fue una conclusión cinematográfica para la presidencia de Castillo, el primer líder político de izquierda en ser elegido presidente de Perú en más de una generación. Se trata de un dirigente que fue campesino, maestro y activista sindical y que hizo campaña el año pasado con el compromiso de transformar la economía en crisis y revertir las altas tasas de pobreza entre los peruanos de los sectores rurales, que habían empeorado durante la pandemia.

Pero su intento de tomar el poder recordó a una estrategia similar que fue implementada por el expresidente Alberto Fujimori hace 30 años. Al igual que Castillo, Fujimori fue un líder independiente y populista que fue elegido democráticamente en 1990. Dos años más tarde, con el apoyo de los militares, dio un golpe de Estado para disolver el Congreso y gobernó como dictador hasta el año 2000. Ahora está en prisión por cargos de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

Pero, durante años, Perú ha seguido convulsionado por los escándalos de corrupción de alto nivel que resultaron en seis presidentes desde 2016. Durante los 16 meses de Castillo en el poder, el Congreso trató de derrocarlo en dos oportunidades, pero no logró obtener suficientes votos para iniciar un juicio político.

Castillo fue uno de los varios líderes izquierdistas de América Latina que llegaron al poder por los votos de un electorado desilusionado con la élite política, harto de décadas de desigualdad, alto desempleo y una clase dirigente contaminada por años de corrupción y luchas internas.

Pero no parecía que el líder de izquierda estuviese interesado en cumplir sus promesas de campaña y rápidamente se enfrentó a una serie de obstáculos que paralizaron su gobierno, incluidos escándalos de corrupción de alto nivel, investigaciones criminales y cambios de gabinete.

Castillo nombró a más de 80 ministros y ocupó muchos cargos con aliados políticos que carecían de experiencia relevante, y algunos han enfrentado investigaciones por corrupción, violencia doméstica y asesinato.

Los fiscales lo acusaban de liderar una organización criminal con legisladores y familiares para sacar provecho de los contratos del gobierno y de obstruir repetidamente la justicia, a veces a plena vista, como cuando su hija desapareció del palacio presidencial cuando se enfrentaba a un arresto y su oficina luego afirmó que las imágenes que habrían captado el momento desaparecieron.

El índice de aprobación del presidente se desplomó al 19 por ciento en Lima, aunque en las zonas rurales se mantuvo en el 45 por ciento, solo cuatro puntos porcentuales menos que hace un año, según encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos el mes pasado.

El Congreso programó una tercera votación de juicio político la semana pasada después de que Castillo amenazara con disolver el Congreso el mes pasado.

Fue solo unas horas antes de esa votación cuando Castillo anunció la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia para gobernar por decreto, al tiempo que imponía un toque de queda nacional inmediato.

“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, de restablecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución”, dijo Castillo.

La declaración de Castillo sumió a la frágil democracia peruana en su mayor crisis política en años. En dos ocasiones, el Congreso había tratado de expulsar a Castillo del poder, pero no logró obtener los votos necesarios para iniciar un juicio político.

Muy pronto, sin embargo, se hizo evidente que su anuncio tenía poco apoyo, lo que provocó la renuncia en masa de gran parte de su gobierno y una declaración conjunta de las fuerzas armadas y la policía de Perú en la que daban a entender que Castillo no tenía la autoridad legal para ejecutar sus medidas y no lo apoyarían.

“Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado”, dijo más tarde la policía en otro comunicado.

La Embajada de Estados Unidos en la capital peruana también condenó a Castillo. “Estados Unidos insta enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución”, dijo la embajada en un tuit. “Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto”.

La declaración del presidente pareció conmocionar incluso a los aliados más cercanos de Castillo.

“Yo soy un defensor del orden democrático, de la constitución y soy un profundo convencido de que. la política no puede estar por encima del derecho”, dijo a RPP, una emisora de radio local, Benji Espinoza, quien fue el abogado personal del presidente hasta su renuncia del miércoles.

Pareciera que Castillo estuvo analizando esa decisión durante algún tiempo. El mes pasado, amenazó públicamente con disolver el Congreso y, de manera discreta, trató de sondear a los líderes militares sobre su apoyo, según los medios de comunicación locales.

Después de que su ministro de Defensa renunció el sábado, aduciendo motivos personales, los rumores de un golpe militar —a favor y en contra de Castillo— se volvieron virales en las redes sociales, lo que hizo que algunos legisladores de la oposición se quedaran durante la noche del domingo en el Congreso por temor a un intento violento de las fuerzas armadas para cerrar el órgano legislativo. Sin embargo, eso no sucedió. Para el martes, el jefe del ejército de Perú también había renunciado alegando motivos personales.

El miércoles, solo dos horas después del anuncio de Castillo, el Congreso se reunió y votó para destituirlo. Los legisladores votaron 101-6 con 10 abstenciones para sacarlo del poder.

Luego se vio cómo Castillo salía del palacio presidencial en un automóvil que luego ingresó a una estación de policía y, el miércoles por la noche, la fiscalía dijo que había ordenado su arresto por cargos de “rebelión”.

Poco después de la votación del Congreso, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió como nueva mandataria de Perú.

“Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo”, dijo luego de jurar su cargo ante legisladores que la aplaudieron y vitorearon. “Solicito un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”.

Boluarte, de 60 años, pidió una tregua entre los partidos políticos de Perú para restablecer la unidad nacional y devolver al país a la senda del crecimiento económico.

Boluarte, quien ha sido abogada y miembro de un partido político marxista hasta que fue expulsada el año pasado por criticar al líder de ese movimiento, se postuló en la candidatura de Castillo el año pasado. Se desempeñó como su vicepresidenta y su ministra de desarrollo e inclusión social, pero renunció al ministerio después de que el mandatario conformara su último gabinete el mes pasado.

Boluarte no es muy conocida y, en una encuesta reciente, los peruanos prefirieron convocar a nuevas elecciones generales a que ella remplazara a Castillo en el cargo, en caso de que fuese destituido.

El expresidente Martín Vizcarra, el único dirigente peruano destituido con éxito antes que Castillo, dejó el cargo tras la votación de 2020, pero presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se negó a pronunciarse sobre su legalidad.

El siguiente presidente duró menos de una semana en el cargo y su sucesor gobernó al Perú durante los siguientes ocho meses, hasta que Castillo asumió el cargo.