En momentos en que se acerca el fin de la medida, el gobierno decidió anunciar que apelaría la orden de un juez federal de Washington DC, que a mediados de noviembre estableció el 21 de diciembre como la fecha para la eliminación de la política sanitaria Título 42 en la frontera con México.

El gobierno de Joe Biden notificó este miércoles su intención de apelar la decisión de una corte federal de Washington DC para eliminar la polémica política sanitaria Título 42, que permitió devolver a México a cientos de migrantes como consecuencia de la pandemia. Anticipan que esperan redactar nuevos reglamentos para reemplazar esa medida y contener la migración en la frontera sur.

Justo a mediados de noviembre, el juez Emmet Sullivan, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, había ordenado a Biden poner fin a la medida por considerarla “caprichosa”, “arbitraria” y al asegurar que viola la Ley de Procedimientos Administrativos (APA).

Un día después, la misma corte aceptó una moción presentada por el gobierno para prorrogar por cinco semanas su eliminación. El Departamento de Justicia dijo entonces a Sullivan que eso le permitiría al gobierno «prepararse para una transición ordenada con nuevas políticas en la frontera».

El nuevo plazo para el retiro de la controversial norma quedó establecido para el 21 de diciembre.

El dictamen fue emitido en respuesta a una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que alega que Título 42 impidió que las víctimas de la violencia y la persecución busquen asilo en Estados Unidos. Denunciaron además que la política había facilitado ataques violentos, violaciones, torturas y secuestros de migrantes en México.

Este miércoles, el gobierno de Biden aseguró en su notificación que está en desacuerdo con la decisión de la corte de DC y que apelarán el fin de la medida sanitaria al considerarla «legal». Lo hace en momentos en que continúa la presión republicana sobre la idea de que el presidente demócrata mantiene una política de «fronteras abiertas». Critican que eso impone «cargas financieras» a los estados del sur que reciben «involuntariamente» a estos migrantes.

En su notificación, explican que tanto el Departamento de Salud como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han decidido «trabajar en una nueva normativa para reconsiderar el marco bajo el que los CDC pueden ejercer su autoridad» y así tomar decisiones sobre más restricciones en la frontera.

Solo en octubre de este año fiscal, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó 230,678 arrestos de migrantes en la frontera con México. Se trata de la mayor cifras de detenciones realizadas en un solo mes desde mayo de 2022, cuando se reportaron más de 241,000.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimó el 1 de diciembre que el número de inmigrantes en la frontera se duplicaría después del 21 de diciembre. Proyectaron entonces que a diario se presentarían en la frontera con México unos 14,000 migrantes, según un reporte de la cadena CNN.

El promedio actual de llegadas se estima en unos 9,000. Y si bien el Título 42 no es la principal causa de expulsiones en la frontera, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), tanto el gobierno anterior como el actual lo han usado para contener la crisis migratoria.

Desde que fue implementado en 2020, la cuestionada política ha negado más de 2.5 millones de ingresos de migrantes en busca de asilo. De ellos, entre 15% y 20% son extranjeros que han tenido más de un encuentro con las autoridades federales de inmigración y han sido rechazados.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la organización de derechos civiles que interpuso una demanda para el fin de Título 42, dijo al medio The Hill : «No nos sorprende la decisión de apelar dada la fuerte defensa legal de Título 42 que ha hecho por dos años el gobierno de Biden».