El máximo tribunal de justicia tiene en sus manos dos fallos clave. En uno, decidirán si los extranjeros que ya fueron deportados pueden pedir asilo si las circunstancias de sus casos cambiaron significativamente. En el otro, si los tribunales federales tienen jurisdiccion para revisar sentencias de la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA).

El máximo tribunal de justicia de Estados Unidos tiene en sus manos dos casos que involucran a inmigrantes que batallan para no ser deportados y permanecer legalmente en Estados Unidos.

En uno, decidirán si los extranjeros que ya fueron deportados pueden pedir asilo nuevamente si alegan miedo creíble y las circunstancias de sus casos cambiaron significativamente.

En el otro, decidirá si las cortes federales tienen jurisdicción para revisar sentencias emitidas por la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA).

La decisión en ambos casos impactará en el futuro inmediato de cientos, quizás miles de no ciudadanos, principalmente aquellos que han perdido casos de asilo o fueron expulsados de la frontera de manera acelerada cuando llegaron en busca de la protección del gobierno federal.

El caso Guzmán Chávez

En la primera decisión, que podría darse esta semana, los magistrados fallarán en el caso de la inmigrante María Angélica Guzmán Chávez, quien perdió su caso de asilo, fue deportada, regresó al país y volvió a pedir asilo, pero fue detenida por las autoridades federales de inmigración bajo cargos de reingreso ilegal (re-entry), una falta grave que la convierte en inadmisible bajo la ley de inmigración.

“Hasta ahora los extranjeros que son deportados tras perder sus casos de asilo y vuelven a solicitar la protección, son detenidos y enviados a un proceso acelerado de deportación conocido como ‘streamline’, “donde son procesados criminalmente”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona).
“Una vez finaliza el proceso criminal la persona enfrenta el proceso migratorio. Pero como ya pidió asilo y perdió el caso, no tiene opciones, a menos que ahora la Corte Suprema permita”, agregó.

Política vigente

Los extranjeros que vuelven al país después de haber sido deportados “por lo general no pueden solicitar asilo, pero sí pueden buscar ciertas protecciones si temen ser perseguidos en sus países de origen”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas).

Uno de esos beneficios disponibles es acogerse a la Convención Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas (ONU).

Cuando la Corte Suprema anunció en junio del año pasado que revisaría en caso Guzmán Chávez, indicó que revisará si los ciudadanos extranjeros con órdenes de deportación ejecutadas pueden regresar y pedir nuevamente asilo, “pero si aportan nuevas evidencias”, señaló Barrón.

Si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determina que un extranjero ha entrado ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportado, “se restablece el orden anterior de eliminación desde su fecha original” y, en esos casos, “el extranjero no es elegible y no puede solicitar cualquier alivio», dice la ley. El gobierno entonces puede deportarlo “bajo la orden ya emitida en cualquier momento después del reingreso”, añade.

Los abogados indican que el fallo de la Corte Suprema puede cambiar esta norma y abrir una puerta para que los deportados, si las circunstancias del primer caso cambian sustancialmente y la vida de la persona está en riesgo.

Caso Patel

En el segundo caso, Patel v. Garland, a Corte Suprema aceptó escuchar este jueves los argumentos y emitir una decisión probablemente en otoño.

Se trata de la decisión emitida por los jueces del 11º Circuito de Apelaciones, quienes determinaron que las cortes federales no tienen jurisdicción para revisar sentencias emitidas por la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA).

La disputa se generó tras el juicio de un no ciudadano que al momento de tramitar una licencia de manejar en el estado de Georgia, “marcó una casilla que indicaba falsamente que se trata de un estadounidense, a pesar de que era elegible para una licencia independientemente de su ciudadanía”, se lee en un informe del tribunal.

Cuando Patel más tarde buscó ajustar su estatus a residente legal permanente (Green Card), un panel dividido de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) le negó el alivio, sosteniendo que él era inadmisible porque se “representó falsamente” a sí mismo como ciudadano estadounidense por un beneficio bajo la ley estatal.

Cuando Patel apeló la decisión, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito en pleno se separó de las decisiones de otros tribunales y rechazó la lectura del propio gobierno del estatuto rector para sostener que el tribunal carecía de jurisdicción para revisar los hallazgos de elegibilidad para una exención discrecional de deportación, incluso si el inmigrante es inadmisible por representarse incorrectamente a sí mismo como ciudadano estadounidense”.

Las justificaciones

Durante la audiencia de deportación, Patel argumentó que no tuvo “la intención” de haber respondido de una manera diferente a la pregunta señalada en el formulario de la licencia de manejar de Georgia, y que simplemente había “cometido un error”.

Indicó además que había proporcionó su número de registro de extranjero y su permiso de trabajo al Departamento de Vehículos y Motores (DMV), lo que sugiere que no tendría sentido documentar su condición de no ciudadano si su objetivo era hacerse pasar por ciudadano estadounidense, indican los documentos judiciales.

A pesar de los alegatos, el juez de inmigración rechazó los argumentos del inmigrante y determinó que Patel no era creíble y que había sido “evasivo”, y tampoco explicó exactamente cuál fue el error que cometió.

Cuando el caso escaló a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, los jueces de esta instancia determinaron que no tenían jurisdicción sobre el caso.

Futuro inmediato

Ambos fallos son “extremadamente importantes”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). En el primer caso, “abre las puertas a muchos cuyas circunstancias del asilo han cambiado y tendrán la oportunidad de presentar una moción de reapertura de sus casos”.

En la revisión del caso Patel, el tribunal clarificará si el hecho “que una persona cometa una mentira material, esto puede influenciar en la decisión del oficial o funcionario que otorga un beneficio, entonces esta persona se convierte en inadmisible”.

“Si la corte dice que revisará la decisión, tendrá que decidir si las cortes federales tienen jurisdicción o no para revisar las decisiones de la BIA”, indicó Guerrero.

“Si la corte falla a favor de 11º Circuito de Apelaciones, quien dijo que no tenía jurisdicción sobre el caso Patel, la corte federal no podrá revisar la sentencia de la BIA y sentará un precedente nefasto para miles de otros expedientes que han recibido una sentencia por parte de la BIA. Se convertirán en sentencias finales”.

Fuente: JORGE CANCINO